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Editorial
ACCIÓN ECOLÓGICA ANTE LA MASACRE EN LA AMAZONÍA PERUANA

El gobierno de Alan García en Perú ha impulsado más de 100 decretos legislativos bajo el argumento de facilitar la aplicación del TLC con Estados Unidos. Muchas de estas normas vulneran la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las leyes nacionales.

Desde el año pasado numerosas protestas, principalmente en la región amazónica se han levantado pidiendo la derogatoria de estos decretos lesivos para la naturaleza y para los derechos de los pueblos indígenas. La última movilización iniciada en la región Amazonas, al cabo de 56 días de protestas y reclamos, terminó con la muerte de decenas de indígenas así como de efectivos de la policía.

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MUJERES, COMUNIDADES Y PLANTACIONES EN ECUADOR

Testimonios sobre un modelo forestal social y ambientalmente destructivo

Por Ivonne Ramos y Nathalia Bonilla. Octubre 2008. 

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ALERTA VERDE # 155 LAS TRAMPOSAS CADENAS DE LA INCLUSION

La defensa y el fortalecimiento de la SOBERANIA ALIMENTARIA es desde hace mucho tiempo una demanda fundamental de las organizaciones del ...

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Yasuní depende de ti

El procedimiento consiste en que el Estado emita bonos por el crudo que permanecerá “in situ”, con el doble compromiso de no extraer nunca ese crudo y ...

Vista de delegado de Oilwatch Sudamérica a la zona de las arenas bituminosas en Alberta, Canadá

tarsandsien.jpgKairos (iglesias ecuménicas del Canadá por la justicia social), dentro de sus actividades a favor de una equidad social y justicia ambiental, organizó una visita a la zona de las arenas bituminosas (“Tar sands”) en la región de Alberta al noroeste del Canadá. El recorrido se realiz entre 21 al 28 de mayo del 2009 se realizó este recorrido por la zona de Alberta.  Fabricio Guamán del colectivo FASUPAI viajó como parte de la delegación. También participaron varios lideres espirituales de iglesias del Canadá y Keania Karikpo de Nigeria, Coordinador Internacional de Oilwatch.

 
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JUICIO A LA LEY DE MINERIA DEL ECUADOR
Aún durante el proceso de proposición y discusión de la Ley de Minería, su texto causó malestar en diversos sectores sociales del país, en particular en los campesinos usuarios de aguas, en el de los pequeños mineros, en el ambientalista y, en los pueblos indígenas.  Estos sectores han realizado observaciones tanto a los proyectos como a la ley, una vez ésta expedida.  Estas observaciones versan sobre los siguientes aspectos: la territorialidad indígena, la consulta previa, la calidad de las aguas, los ecosistemas críticos, los riesgos de desastres, entre otros, con los que según esos sectores, la Ley de Minería estaría infringiendo la Constitución Política del Estado Ecuatoriano debido a los impactos socioambientales que ésta promovería en su aplicación.  De esta manera, según los opositores a la Ley en cuestión, se estaría afectando al derecho de los ecuatorianos al Sumak Kawsay o Derecho al Buen Vivir.
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ALERTA VERDE # 160 MUJERES Y DEFORESTACION

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El proceso de deforestación actual en el país es un fenómeno asociado a varios factores, entre los que se pueden resaltar: una política de ocupación de las tierras denominadas “baldías”, el desarrollo de proyectos agro-industriales y la implementación de políticas de concesión de áreas de bosques para la explotación de madera y de otros recursos naturales no renovables (petróleo y minería).

Cuando el medio ambiente ha sido degradado a causa de la explotación de los recursos naturales, la población local se ve impactada en diferente magnitud, por esto es muy difícil saber a primera vista si estos impactos son diferentes en hombres y en mujeres. Para el caso de los habitantes de los bosques, las ocupaciones diarias los ponen en contacto con distintos ámbitos de la naturaleza e incluso de la sociedad

 
Convocatoria
Acción Ecológica se ha sumado a las actividades solidarias, como el Plantón efectuado el día de ayer martes 9 frente a la Embajada del Perú.
También nos sumamos a la Convocatoria a Marcha por la Vida en el Perú. acogiendo el llamado hecho desde Perú a una movilización nacional, a realizarse el día jueves 11 de junio a las 10 de la mañana.
La Marcha por la Vida en Perú, saldrá desde las intersecciones de la Avenidas Amazonas y República, hará un alto en la sede de las Naciones Unidas (Av. Amazonas frente al CC El Jardín), continuará hacia la sede de la Unión Europea (Av. República y Almagro) y terminará frente a la Embajada de Perú (Avenida República del Salvador e Irlanda) donde se rendirá un homenaje a los hermanos indígenas caídos en la represión por la defensa de la Pacha Mama.
 
Ante la masacre en la amazonía peruana
Quito, 10 de junio del 2009
BOLETÍN DE PRENSA

  ACCIÓN ECOLÓGICA
ANTE LA MASACRE EN LA AMAZONÍA PERUANA



El gobierno de Alan García en Perú ha impulsado más de 100 decretos legislativos bajo el argumento de facilitar la aplicación del TLC con Estados Unidos. Muchas de estas normas vulneran la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las leyes nacionales.

Desde el año pasado numerosas protestas, principalmente en la región amazónica se han levantado pidiendo la derogatoria de estos decretos lesivos para la naturaleza y para los derechos de los pueblos indígenas. La última movilización iniciada en la región Amazonas, al cabo de 56 días de protestas y reclamos, terminó con la muerte de decenas de indígenas así como de efectivos de la policía.

La actitud autoritaria de Alan Garcia, claramente muestra un desprecio por la vida de los hermanos indígenas peruanos así como una posición absolutamente subyugada a los intereses de los inversionistas privados. Es claro que los decretos buscaban el despojo de los territorios a las comunidades indígenas, para entregárselas a capitales que promueven los agrocombustibles, la industria maderera, favorecer el mercado de tierras, la privatización de los bosques, carreteras y las actividades extractivas como la minería y el petróleo. Este afán se consolidaba sobre todo con la Ley Forestal, norma que piden las organizaciones se derogue prioritariamente.


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