BOSQUES: LA PRÁCTICA DEFORESTACIÓN Imprimir
Viernes 31 de Diciembre de 1999 19:00

LA PRACTICA DE DEFORESTACION DE LOS BOSQUES ECUATORIANOS



Mapa de Vegetación


Mapa de Bosques Remanentes

 

El proceso de deforestación actual en el país es un fenómeno asociado a varios factores, entre los que se pueden resaltar: una política de ocupación de las tierras denominadas “baldías”, el desarrollo de proyectos agro-industriales y la implementación de políticas de concesión de áreas de bosques para la explotación de madera y de otros recursos naturales no renovables (petróleo y minería).

A pesar de la dificultad de definir cuál es la cifra que expresa con mayor precisión el ritmo de deforestación, de acuerdo a los datos existentes se puede calcular que en el país desaparecen entre 140.000 y 300.000 hectáreas de bosques por año. Se estima que este volumen coloca a Ecuador como el que más deforesta entre los países de la cuenca amazónica.

 LA OCUPACION DE ESPACIOS "VACIOS"

Esta política ha promovido la deforestación como un mecanismo de incorporación de tierras a la producción agrícola y agro-industrial (fincas y monocultivos pequeños, medianos e industriales). Desde una concepción de los bosques y áreas naturales como tierras baldías (vacías e improductivas), el Estado ha promovido la destrucción y ocupación de estas importantes áreas.

La ocupación de grandes extensiones de zonas boscosas tropicales que habían permanecido intocadas experimentó un auge importante a partir de movilizaciones poblacionales espontáneas, entre las décadas 40 y 60 del siglo XX. Los primeros flujos se dirigieron a la zona noroccidental (región costera y zonas bajas de la Sierra), para extenderse en los años 60 hacia la zona nororiental (actuales provincias amazónicas de Napo, Sucumbíos y Orellana).

Desde 1950, el Estado estableció una política de colonización, estableciendo el tamaño de las fincas (y de los latifundios que se fueron configurando), la titularización de las mismas y exigiendo como evidencia de la ocupación efectiva la tala de entre el 50 y el 80% del bosque existente en sus unidades. El cumplimiento de estos requisitos calificaba al colono para hacerse acreedor a servicios y crédito a favor de la producción agrícola y ganadera.


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 LAS PLANTACIONES

El aparecimiento de las grandes plantaciones está ligado al fomento de las actividades agroindustriales y ha implicado el desmantelamiento de importantes porciones de bosques.

La existencia de plantaciones se remonta a la época de la independencia, cuando surgieron los cultivos de cacao en la Costa ecuatoriana. Las plantaciones de banano iniciaron en 1948, promovidas por el Estado, quien implementó un programa de crédito para pequeños y medianos productores.

El auge bananero implicó la incorporación de nuevas zonas de bosques y nuevos flujos de colonización, especialmente en las provincias del sur de la región costera.

En la década del 60, surgieron los cultivos de palma africana. Y, en los años 70 y 80, aparecen los monocultivos de camarón, que han ido desplazando a los bosques de manglar. Se calcula que en la zona norte de Esmeraldas se han talado, en la última época, unas 3 mil hectáreas de mangle por año.

Los cultivos de cacao se expandieron en las zonas bajas de la Costa, precisamente en las denominadas “tierras baldías” alrededor de los años 30. A partir de 1974, se incentivó el cultivo entre medianos y pequeños productores, quienes ocuparon zonas circundantes a las primeras grandes plantaciones. En este proceso se incorporaron de 15.000 hectáreas entre 1930 y 1934, a 284.000 hectáreas en 1968.


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 LAS PLANTACIONES DE PALMA AFRICANA

Al igual que los monocultivos de cacao y banano, el de palma exige el desmantelamiento total de la capa vegetal. A diferencia del cacao y del banano, las implantaciones de palma no han implicado flujos de colonización importantes.

Los cultivos de palma africana aparecieron en los años 60 como parte de los programas industriales que tenían relación con la explotación agrícola forestal. Las primeras se desarrollaron en Santo Domingo de los Colorados, provincia de Pichincha, en Quinindé (provincia de Esmeraldas) y en Quevedo (provincia de los Ríos).

En la Amazonía ecuatoriana, las primeras empresas agroindustriales (Palmoriente y Palmeras del Ecuador) surgieron a fines de los años 70. En la actualidad, existen grandes extensiones de palma en las provincias de Napo y Sucumbios (Loreto, Shushufindi, Coca), y en menor escala en la provincia de Pastaza. En los últimos años, las palmicultoras han cambiado su escenario de acción a la Provincia de Esmeraldas, en la costa norte del país.

Existen grandes unidades palmícolas y las que pertenecen a medianos y pequeños productores (campesinos e indígenas). Gran parte de estas plantaciones se han asentado en áreas de bosques nativos, destruyéndolos completamente y ocasionando la pérdida de la riqueza biológica endémica. En algunas zonas, especialmente de la Amazonía y recientemente de Esmeraldas, estos cultivos, a más de destruir bosques primarios, han reemplazado tierras agrícolas campesinas, huertos y chacras.

El cultivo de la palma y la extracción de aceite son procesos que incorporan la utilización de sustancias químicas tóxicas y la producción de gran cantidad de desechos y residuos, los cuales han sido liberados al ambiente, destruyendo el suelo y contaminando el aire y el agua. La actividad de esta agroindustria se ha caracterizado por la impunidad en materia de control ambiental. El Estado se ha limitado a incorporar esta actividad dentro de su esquema de “desarrollo” y a otorgar concesiones de tierra a los grandes inversionistas.


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 LA EXTRACCION DE MADERA

La explotación de los recursos maderables se torna alarmante durante las dos últimas décadas, a partir de la creciente presión que han ido ejerciendo los mercados, sobre todo externos.

En el Estado ecuatoriano se puede constatar no solo la ausencia de una política oficial de conservación de bosques y de control efectivo de su manejo, sino que se ha propiciado la exportación de madera y de productos elaborados. En 1995, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Protegidas, INEFAN, incentivó la exportación de madera rolliza, a tal punto que de 0.6 millones de dólares de exportación en 1993 se pasó a 31.0 en 1995.

Por otro lado, debido a los ineficientes sistemas de control y a la red de complicidades que se ha tejido entre autoridades forestales y negociantes de madera, ésta sale del país de contrabando. Se calcula que en 1995, salían desde Coca (en la Amazonía) de 3 a 4 camiones por día, durante los meses de julio y agosto, con destino a Quito y Colombia.

A pesar de que algunas autoridades ambientalistas han trabajado en función de un cambio hacia una política forestal de conservación, las coyunturas políticas no han sido favorables para dicha transformación y los intereses del sector maderero han prevalecido. Los controles forestales no funcionan y continúa la tala irracional.

Desde el Estado, se sostiene el discurso de ”compensar” la deforestación con plantaciones de especies exóticas, en la Sierra (pinos y eucaliptos) y en la Costa (eucaliptos y teca), bajo la modalidad de monocultivos industriales o de sistemas agroforestales, mecanismo que resulta incompatible con las características ecológicas del país, en las que radica precisamente su invalorable biodiversidad.


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POLITICA DE ESTADO PARA DESMEMBRAR EL PATRIMONIO NATURAL

Mediante adjudicaciones y reformas de leyes queda claro que no existe una política de estado para proteger los bosques en el país. Decretos, acuerdos ministeriales, reformas a leyes y reglamentos para desmembrar el patrimonio natural del país no son nuevos, en nuestra historia ecológica son recurrentes.

Políticas impulsadas por el Banco Mundial y avaladas por las diferentes carteras de estado para la adecuación legal e institucional de diversas leyes facilitan la actividad minera, petrolera y maderera en patrimonio forestal, bosques protectores y áreas protegidas. Así mediante el subterfugio de modificaciones del marco legal, la llamada Ley de Participación e Inversión Ciudadana Trole 2 aprobada a finales del 2000, pretende facilitar de diferentes formas la afectación al patrimonio natural, al dar garantías para la inversión del capital privado, transnacional y nacional para extracción de recursos naturales no renovables y renovables y otras actividades destinadas a la exportación.

De esta manera se está destruyendo y poniendo en peligro de desaparición a bienes naturales cuyo valor es inconmensurable, se pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones a cambio de abrir las puertas a operaciones efímeras y de dudoso beneficio para el país tomando en cuenta el destino de los ingresos que percibe el país por esas operaciones y los mínimos impuestos que estas actividades generan.


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LA ADJUDICACION DE TIERRAS DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

El predio El Pambilar, adjudicado a la empresa maderera Botrosa forma parte del Bloque 10 del Patrimonio Forestal del Estado (PFE).

La adjudicación indebidamente otorgada por el INDA fue realizada cuando todavía no se expedía la Ley de Gestión Ambiental y el cuestionable fundamento legal, consignado en el artículo 6 de dicho cuerpo normativo, según el cual se permitiría a empresas con finalidad de lucro la explotación de tierras del PFE, todavía no se encontraba vigente.

Solo las comunidades ancestrales y campesinos colonos, y no empresas de negocios madereros podían ser adjudicatarias, por excepción, de tierras del PFE, siempre que cumplan los requisitos de protección de las áreas boscosas.

Empresas palmicultoras han sido adjudicadas o han ocupado arbitrariamente tierras del Bloque 15 del PFE en la provincia de Esmeraldas.

El Ministerio del Ambiente intenta transferir al INDA, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario la potestad de adjudicar el Patrimonio Forestal del Estado.


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FAVORITISMO A LAS EMPRESAS MADERERAS

Resulta asimismo condenable la expedición del Decreto N° 346, de 27 de abril del 2000, que permite expresamente la adjudicación o concesión de tierras del PFE a favor de empresas industriales madereras nacionales. Además de condenable, dicho acto administrativo es inconstitucional tanto por el contenido, porque otorga “patente de corso” para acabar con el bosque primario, la diversidad biológica y el hábitat de comunidades indígenas y negras y de campesinos de bajos ingresos, y por la forma, en la medida que, mediante reforma reglamentaria, interpreta con el carácter generalmente obligatorio dos normas legales: el artículo 2 de la Ley Forestal y 6 de la Ley de Gestión Ambiental; interpretación que significa una clara arrogación de atribuciones y reforma efectiva de dos leyes mediante reglamento, con la intención de favorecer a las empresas madereras.


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VIOLACION DE DERECHOS

Los derechos violados o amenazados de violación con esta sistemática política de desmembración del patrimonio natural, son los derechos ambientales consagrados en nuestra Constitución Política:

1. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación (artículo 23.6)
2. La protección del derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice el desarrollo sustentable, para lo cual el Estado velará para que este derecho no sea violado y garantizará la preservación de la naturaleza y considerará de interés público: la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; el manejo sustentable de los recursos naturales; el establecimiento de un sistema de áreas protegidas que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales (artículo 86).

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