DECLARACIÓN DE LA RED DE DEFENSA DE LA NATURALEZA, LA DIGNIDAD Y LA VIDA Imprimir
Viernes 01 de Septiembre de 2006 18:17

Las organizaciones y comunidades abajo firmantes, miembros de la Asamblea Nacional de la Red por la Defensa de la Naturaleza , la Dignidad y la Vida , reunidas en Quito el 28 agosto del 2006, considerando que:

Las políticas que promueven el control de los recursos naturales por parte de empresas transnacionales han agravado la problemática ambiental nacional y aumentado las amenazas que ya pesan sobre nuestras vidas y comunidades.

El sistema capitalista y el modelo industrial imperante a nivel mundial está llevando al planeta a una catástrofe ecológica. La ambición e irresponsabilidad en la sobreproducción nos conduce al saqueo de los recursos naturales para dar respuesta a las exigencias de la acumulación capitalista

Dentro de esta lógica de competencia de las grandes trasnacionales se impone la urgencia del control de los recursos naturales y para ello son indispensables procesos de recolonización tendientes a aplicar las políticas neoliberales de mercantilización de la naturaleza, como la compra-venta de servicios ambientales. Todo ello implica la desaparición de todo rasgo de soberanía nacional y, el desconocimiento de los derechos de los pueblos.

La biodiversidad debe ser entendida como parte fundamental que sustenta la vida de los pueblos, nacionalidades y comunidades, no como un instrumento más del modelo de desarrollo vigente que propone venderla como una mercancía, sin considerar sus verdaderos efectos futuros para la vida de los pueblos.

La privatización del agua está siendo impulsada a través de la construcción de proyectos multipropósito (para hidroelectricidad, riego, agua potable) y de la delegación de los servicios de agua potable al sector privado nacional y transnacional, anteponiendo el interés económico al interés social. Esta privatización es impuesta por instituciones como el FMI, el BM, el BID y tratados como el TLC, ALCA, OMC, que buscan reducir al agua a la categoría de una mera mercancía, y la implementan en el Ecuador a través de instancias como el MIDUVI, corporaciones de desarrollo regional como CEDEGE, CRM, y gobiernos seccionales.

Es imperativo defender la soberanía alimentaria como un instrumento de resistencia a las políticas antes mencionadas, para lo cual demandamos control y acceso de los recursos naturales como son tierra, agua, y semillas. Y además el uso de tecnologías de producción alternativas que respeten el equilibrio natural, las formas de vida tradicionales, que no creen dependencia y sean equitativas.

El manglar es uno de los ecosistemas más productivos del mundo, y numerosas comunidades ancestrales han dependido directamente de él desde tiempos inmemoriales.

En las últimas tres décadas la industria camaronera destruyó el 70% del manglar, ocasionando la disminución severa de los recursos marino costeros.

Actividades como la industria pesquera y la explotación del gas natural en el Golfo de Jambelí son también responsables de la disminución de los recursos marino costeros.

La imposición de leyes y reglamentos que pretenden debilitar los contenidos constitucionales y de derecho internacional referentes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, medio ambiente y derechos humanos.

El modelo económico del país, basado en la extracción de recursos naturales primarios, no renovables, atenta gravemente contra el patrimonio natural del pueblo ecuatoriano y ha puesto en alta vulnerabilidad la naturaleza y las culturas que las han habitado.

A través de la figura de la concesión se otorgan, ocupan, transforman y se extraen recursos, atentando contra las formas de posesión ancestral, uso y transformación por parte de las poblaciones indígenas y campesinos de sus territorios.

La frontera petrolera y minera está incrementándose, sin consulta a las poblaciones locales, y sin haber tomado en cuenta los graves impactos socio ambientales que estas actividades provocan, limitando las posibilidades de formas de vida que perduren.

En los próximos meses se pretendería iniciar en el país algunos proyectos de minería a gran escala de cielo abierto, que generará una estela de destrucción y muerte alrededor de inmensas franjas territoriales de importantísimo valor ecológico, social y cultural.

El modelo capitalista orientado a las exportaciones ha provocado que se fomenten monocultivos a gran escala, tales como: palma africana, eucaliptos, flores, camarón, banano, cacao, café, teca, pino, entre otros, generando graves impactos a las poblaciones locales con pérdida de territorios, desplazamiento a las poblaciones, contaminación de aguas por uso de agroquímicos, etc.

Por la presente declaración hacemos público que:

Vemos con especial preocupación la militarización y violencia a nivel internacional y nacional

A nivel nacional rechazamos la militarización de las poblaciones de las Provincias de Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza y Los Ríos y la persecución a líderes y comunidades que están defendiendo sus territorios y derechos.

Exigimos al Gobierno Nacional que inmediatamente levante el Estado de Emergencia en Orellana, Sucumbíos y Napo.

Demandamos se deje insubsistente los juicios en contra de nuestros compañeros Wilman Jiménez, Diocles Zambrano, Fidilberto Rodríguez, José Moreira, Cruz Moreira, Alexandra Almeida, Germán Jácome, Segundo Carcelén, el párroco de Patricia Pilar Julio César Ramírez, el párroco de Puerto Murialdo Salomón Torres, , el Secretario Ejecutivo de la Comisión Diocesana de Derechos Humanos de los Ríos Robinson Jesús Narváez Arcos Vargas, Ramón Jaramillo Gutirrez y Jorge Salazar Vacas.

A nivel internacional rechazamos la agresión del Estado de Israel sobre los pueblos Palestino y Libanés, así como las políticas de Estados Unidos de hostigamiento y amenazas sobre los pueblos de Cuba, Venezuela, Irán.

SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, PETRÓLEO Y MINERÍA

Exigimos:

La derogatoria del Decreto 616 que contradice el Reglamento Ambiental 1215 y viola el art. 23 literal 12 de la Constitución Política del Ecuador, pues el Gobierno Ecuatoriano debe garantizar los derechos y la vida de los pueblos y no proteger a las empresas petroleras transnacionales y nacionales.

Superar el modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, y en la extracción privada de recursos no renovables y renovables, que no considera la relación armónica de la cultura con la naturaleza.

Avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la equidad y en la reapropiación social, cultural y económica, de los territorios por parte de la población campesina, afroecuatoriana e indígena.

La salida inmediata de las petroleras y mineras que saquean los recursos naturales de los territorios indígenas, afroecuatorianos y comunidades campesinas así como de los parques nacionales, áreas protegidas y reservas naturales de nuestro país.

La remediación de la deuda ecológica y social generada por el actual modelo de desarrollo, y sus actividades destructivas de la naturaleza y la cultura.

El respeto de los Derechos Colectivos y Ambientales amparados por la Constitución Política del Ecuador y los instrumentos internacionales relativos; rechazamos por ello, las contradicciones jurídicas que el modelo neoliberal esta impulsando, con el fin de saquear nuestros recursos y violar nuestros derechos.

Nos declaramos:

En legítima resistencia frente a las actividades extractivas y exigimos el respeto irrestricto al derecho a la autodeterminación de los pueblos y a los derechos propios de los Pueblos Indígenas, afroecuatorianos, comunidades campesinas y montubias

Casos puntuales:

Rechazamos la actividad petrolera de la compañía PERENCO en los Bloques 7 y 21 en las Provincias de Napo y Orellana en Puerto Murialdo, Chonta Punta y el campo Coca-Payamino. Exigimos la inmediata salida de la Empresa Petrolera PERENCO por su responsabilidad en los daños ambientales y sociales y por violar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

Denunciamos las destrucciones ocasionadas por Petrocomercial en el territorio de los Pueblos Manta, Wankavilka, durante la ejecución de las obras de ampliación de la vía a lo largo del poliducto La Libertad-Pascuales -Manta. Pedimos la derogatoria de los decretos que facultan a Petrocomercial la ampliación de 15 mts. a cada lado de dicho poliducto.

Denunciamos que la Refinería Estatal de Esmeraldas, CODESA y Termoesmeraldas han contaminado los ríos Teaone y Esmeraldas destruyendo con ello especies bioacuáticas y poniendo en peligro a las poblaciones que viven a orillas de los ríos y a la ciudadanía en general. Nos oponemos a la construcción de la ampliación de la Refinería Estatal de Esmeraldas que pondría en mayor peligro a la ciudad de Esmeraldas.

Exigimos que se cancele el convenio de liberación de responsabilidades a la empresa Texaco, por incumplimiento, abusos de influencias, e indicios de corrupción.

Respaldamos la denuncia de las comunidades ancestrales del pueblo Wancavilka sobre la afectación a sus territorios comunitarios que han sido expropiadas a través de un proceso inconstitucional desde los gobiernos de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, a través del Ministerio de Energía y de Petroecuador, licitando y concesionando más de 500.000 has., bajo la figura de los Bloques 4 y 5 a favor de la transnacional petrolera Sundow Clipper Energy, violando los artículos 83 y 84 de la Constitución Política del Ecuador, y de esta forma perjudicando a más de 25.000 familias. Exigimos que el ministro de Energía se pronuncie por la inmediata nulidad del proceso de licitación y concesión de los bloques 4 y 5, por no haberse consultado a nuestro pueblo.

Rechazamos la construcción del Complejo Petroquímico de Jaramijó.

Rechazamos y exigimos la inmediata suspensión de los proyectos de minería a cielo abierto:

Proyecto Quimsacocha en Tarquí, Azuay, con la empresa canadiense I AM Gold.

Proyecto Chaucha en Molleturo, Azuay, con la empresa Ascendant

Proyecto Río Blanco en Molleturo, Azuay, con la empresa Ecuadorian Mineral Canadian

Proyecto Junín en Intag, Imbabura, con la empresa Ascendant

Proyecto Mirador, en Pangui, Zamora Chinchipe, con la empresa Corriente Resources Inc.

Proyecto Panantza-San Carlos, en San Juan Bosco y Limón Indanza, provincia Morona Santiago, con la empresa Corriente Resources Inc.

Proyecto Warintza, en Limón Indanza, provincia Morona Santiago, con la empresa Lowell Mineral Exploration,

El proceso de especulación de títulos mineros, que lleva adelante, la empresa Aurelian Resources, en la parte media de la Cordillera del Cóndor, en el cantón de Paquisha y Yantzaza, provincia Zamora Chinchipe.

Rechazamos a las empresas mineras de no metálicos como Graiman y Grupo Eljuri asentadas principalmente en el Cantón Limón Indanza, de las provincia de Morona Santiago y las que, como EDESA y la Cemento Nacional pretenden comenzar la explotación.

Que se suspenda definitivamente la explotación minera en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que es una zona de patrimonio natural y cultural, rica en biodiversidad, con abundantes vestigios arqueológicos.

Denunciamos y condenamos el GENOCIDIO del Pueblo Indígena Tagaerí/Taromenae, y las amenazas que se ciernen sobre estos pueblos, por parte de actividades madereras y petroleras. Rechazamos las pretensiones de fraccionar el territorio Huaorani y el Parque Nacional Yasuní.

Exigimos que se respete la decisión del pueblo de Loreto de haberse declarado Cantón Ecológico, considerando que se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco y que es el único Cantón de la Provincia de Orellana que se mantiene libre de las actividades petroleras.

Exigimos que se respete la decisión de la comunidad de Sarayacu de los pueblos shuar y achuar, y de otras comunidades, de no aceptar actividades petroleras en sus territorios.

SOBRE LOS RECURSOS MARINO COSTEROS

Exigimos que el gobierno nacional a través del M° del Ambiente entregue a las comunidades de usuarios ancestrales las áreas de manglar existentes de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1102 por tiempo indefinido para su uso, manejo y conservación.

Exigimos que se reforme la ley de pesca y se prohíba a la flota pesquera industrial operar dentro de las ocho millas a partir de la costa.

Rechazamos la entrega de más permisos o concesiones para construcción o ampliación de camaroneras, en tierras altas, manglares, humedales y áreas protegidas.

Exigimos que se reformen, apliquen y respeten todas las normas constitucionales, orientadas a la conservación del ecosistema manglar y a garantizar el derecho de los usuarios ancestrales al control, uso y manejo de este ecosistema.

Exigimos que sean revertidas a los pueblos, nacionalidades y comunidades las áreas de manglar ocupadas ilegalmente por la industria camaronera, así como las legales que se hallan improductivas.

SOBRE BOSQUES Y PLANTACIONES FORESTALES

Exigimos la suspensión definitiva de la explotación industrial de los bosques, en las áreas protegidas y territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y campesinos y la realización de Auditorías Ambientales con participación de las organizaciones sociales.

Rechazamos la entrega del patrimonio forestal del estado a las empresas madereras y exigimos su salida inmediata.

Rechazamos las plantaciones tóxicas de eucaliptos y pinos, principalmente en los páramos en donde nace el agua y en las tierras cultivables. Un ejemplo de lo anterior se da en la Provincia de Imbabura, en la zona de San Pablo del Lago; con la existencia de plantaciones promovidas de acuerdo a los intereses del terrateniente Sr. Galo Plaza Pallares, Ex Ministro de Agricultura y Ganadería, que ha declarado las mismas como propiedad privada intocable.

Denunciamos que en la provincia de Bolívar las plantaciones de pino, eucalipto y ciprés en los páramos y zonas cultivables han sido promovidas por el Programa de Desarrollo Forestal Campesino DFC entre los años 84 y 90, y a partir del 90 hasta la actualidad por la Iglesia y el FEPP.

Denunciamos que la siembra de eucalipto en los Cantones de la Provincia de Esmeraldas: Río Verde, Eloy Alfaro, Muisne y Quinindé ha provocado la destrucción de los bosques primarios, la expropiación de tierras comunitarias y la contaminación y secamiento de los ríos.

Denunciamos que en la Provincia de Esmeraldas, la empresa camaronera, ACUACULTURA PURO CONGO S.A. está causando graves daños al ecosistema manglar de Majagual y al humedal Laguna de la Ciudad , está exterminando todos los recursos bioacuáticos de la zona y despojando a las comunidades de sus territorios ancestrales. Además denunciamos que pretende extender sus piscinas en 300 has.

Exigimos la prohibición de plantaciones de caña y palma africana para la producción de biocombustibles, por cuanto causan un gran impacto en los ecosistemas y ningún beneficio para las comunidades.

Exigimos la prohibición de las plantaciones forestales de gran escala en el territorio nacional.

Demandamos promover la reforestación con plantas nativas de cada zona, evitando la introducción de plantas exóticas.

Rechazamos el Plan Nacional de Forestación y Reforestación, el Diálogo Nacional por el Control Forestal, la Estrategia Nacional Forestal Sustentable y el anteproyecto de Ley de Forestación y Reforestación, por cuanto responden a políticas nacionales e internacionales que potencian la implantación de monocultivos forestales. Con ello se favorece a las grandes empresas nacionales y transnacionales en perjuicio de los pueblos, además de promover la destrucción de los bosques nativos.

Rechazamos la certificación FSC de las compañías madereras ENDESA BOTROSA, ya que en su accionar durante más de 25 años han violado los derechos humanos y derechos colectivos y ambientales de pueblos indígenas, afroecuatorianas y comunidades campesinas.

Rechazamos la certificación al proyecto de monocultivos de FACE PROFAFOR por los impactos sociales y ambientales provocados en las comunidades.

SOBRE AREAS PROTEGIDAS

Demandamos la suspensión de actividades extractivas de gran escala (minería, petróleo, madereo, etc) en las áreas protegidas, en sus zonas de amortiguamiento, en los cantones declarados ecológicos, así como en todos los ecosistemas frágiles.

Rechazamos las políticas de estado que pretenden expulsar a las comunidades ancestrales, pueblos indígenas y otros, de las tierras y territorios de su propiedad a cuenta de crear áreas protegidas y espacios de conservación, cuyo manejo se entrega a extranjeros, ONGs ambientalistas, empresas o transnacionales.

Exigimos el reconocimiento de que la conservación de las selvas, páramos, ríos, se ha fundamentado en los pueblos que los han habitado ancestralmente, que han sido y son los únicos garantes de que estos ecosistemas tan frágiles y ricos se sigan conservando y que en base a este reconocimiento se garantice el control de los mismos a los citados pueblos.

Rechazamos los planes de manejo promovidos desde el estado y desde sectores conservacionistas, pues son la causa de expulsión de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales, de las tierras y territorios que han ocupado ancestralmente.

Demandamos que cualquier normativa sobre páramos o sobre el manejo de nuestros recursos naturales respondan a iniciativas y necesidades propias, sin la interferencia de actores externos como ONGs, gobiernos locales, etc.

SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA Y TIERRAS COMUNITARIAS

Rechazamos la construcción de más de 230 hidroeléctricas, contempladas en el Plan 2005 del CONELEC, pues conllevan el desplazamiento de miles de familias campesinas, indígenas y afro-descendientes, pérdida de ríos, destrucción de suelos agrícolas y biodiversidad. Dicho Plan prevé la construcción, por ejemplo, de 36 represas en Pichincha, 10 en Bolívar, 19 tanto en Carchi como Napo y Morona Santiago, 16 en Cotopaxi, 15 en Azuay. Además, incluye proyectos como el Calope, Baba-Vinces, que han sido rotundamente rechazados por la población.

Denunciamos que la Presa Daule Peripa, prueba clara de la gravedad de estos impactos, es además una obra reconocida como fracaso técnico, social, económico, financiero y ambiental, la misma que CEDEGE busca "componer" con un nuevo error: la construcción de la Presa Baba , La Libertad , Abras de Mantequilla, Pueblo Viejo, que llevarían a la privatización del río Vinces, entre otros, y al despojo de tierras comunitarias a comunidades afroecuatorianas y campesinas.

Exigimos la nulidad de los contratos firmados entre la CRM , Manageneración y La Fabril , pues con ellos se busca privatizar el agua y la energía eléctrica en la provincia de Manabí

Rechazamos la privatización del río Abanico, en el cantón Morona de la provincia de Morona Santiago para la construcción de la hidroeléctrica Hidro-abanico, que proveerá 28.5 MW para el proyecto minero de Corriente Resources, en el punto denominado Mirador

Rechazamos la utilización de los MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) para legitimar y financiar todos los proyectos previamente descritos, alegando ser instrumentos para resolver el problema del cambio climático.

Apoyamos la lucha organizada de 70 comunidades, impulsada por la comunidad de San Pablo de Amalí, que se mantienen en resistencia contra el proyecto Hidrotambo de las empresas Plasticaucho Industrial SA, Energética, Electrogén SA e Ingehidro SL.

Rechazamos las concesiones de páramos, ríos y otras fuentes generadoras de agua tanto superficiales como subterráneas, con la finalidad de entregar el control del agua a empresas embotelladoras de agua, en varias provincias del país

Rechazamos las políticas y acciones del Estado que han permitido la privatización de tierras, recursos naturales, playas, ríos, esteros, acuíferos, en comunidades como la de Salango, cantón Puerto López, por parte del expresidente de la Cemento Nacional , el suizo Patrick Bredthauer Backoff

Rechazamos las acciones del estado a través de bases navales como Jaramijó, San Antonio de Playas, Engabao, Engunga entre otras, que están despojando de tierras y manantiales a los comuneros.

Rechazamos la privatización del servicio municipal de agua en ciudades como Guayaquil, mediante la concesión hecha a Interagua, además de Quito, Machala, Vinces, y muchas más, a través de financiamientos y apoyo técnico facilitado por la banca multilateral.

Rechazamos al nuevo proyecto del CEDEGE por pretender seguir privando de agua a las comunidades locales, Junta del Pacífico, Sube y Baja, Sacachún, Ciénega y otras del cantón Santa Elena, y porque va a conllevar la pérdida de tierras comunitarias.

Exigimos la suspensión definitiva de las concesiones de los diez ríos orientales en la provincia de Napo por la Empresa Metropolitana de Quito.

SOBRE LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LA BIODIVERSIDAD

Demandamos que se desarrolle una política sobre biodiversidad que reconozca el control de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales sobre sus recursos y su territorio, inclusive cuando éste se ubique en áreas protegidas.

Demandamos que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales a rechazar proyectos de desarrollo que pongan en riesgo la biodiversidad y afecten a sus formas de vida tradicional.

Demandamos que se declare al Ecuador libre de transgénicos y que se legisle la prohibición de los mismos. Rechazamos toda legislación que pretenda permitir el ingreso de transgénicos al país, como por ejemplo la propuesta de Reglamento de Bioseguridad impulsada por el Ministerio de Ambiente.

Demandamos que se establezca una política nacional para proteger la agrobiodiversidad del país en la cual se garantice el ejercicio de los derechos de los agricultores indígenas, afroecuatorianos y campesinos. Especialmente en lo relacionado al uso, conservación e intercambio de semillas, reconociendo el papel fundamental de los agricultores y su conocimiento ancestral como actores centrales de la conservación.

Rechazamos el uso de agrotóxicos como parte del modelo de explotación agrícola, utilizados en los monocultivos como flores, banano, palma, eucalipto, etc que han causado graves impactos en la salud y ambiente. Nos oponemos a la aplicación de la Decisión 436 y la resolución 630 de la norma andina, por cuanto favorece al monopolio de las transnacionales.

Demandamos que se prohíba toda actividad de bioprospección y acceso a recursos genéticos.

Demandamos que se excluya el tema de propiedad intelectual sobre la vida y los conocimientos tradicionales de todas las negociaciones sobre propiedad intelectual y libre comercio en las que el Ecuador esté trabajando.

Demandamos que se suspendan definitivamente las negociaciones del TLC con Estados Unidos, porque exacerbarán la tendencia de mercantilización de la biodiversidad.

SOBRE SERVICIOS AMBIENTALES

Rechazamos todas las iniciativas que contemplen la comercialización de servicios ambientales en los pueblos y comunidades a nivel de todo el país, ya que conlleva el apoderamiento de grandes extensiones comunales para la absorción de oxígeno, para obtener plantas medicinales y alimenticias, patentes, para privatizar el agua, los conocimientos ancestrales etc. implicando el despojo a las comunidades de nuestros derechos de manejo, uso y control del patrimonio cultural y natural.

Rechazamos rotundamente la presencia en los territorios de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades campesinas de instituciones tales como GTZ, Conservación Internacional, TNC, Ecolex, Ecociencia, Fundación Natura, Arco Iris, Antisana, PROBENEFIT, Maquipuccuna y otras que están al servicio de las transnacionales y de industrias extractivas.

Finalmente ante todas estas situaciones ratificamos la Declaración de Majagual, que recoge los principios, objetivos y estrategias que nos unen en la Red por la Defensa de la Naturaleza , la Dignidad y la Vida y expresamos:

Rechazo al amedrentamiento, persecución y enjuiciamientos de líderes comunitarios, activistas y ecologistas que defienden la naturaleza, la dignidad y la vida. De igual manera, condenamos la criminalización de nuestras luchas bajo las figuras de "terrorismo" y "sabotaje", "atentados contra el estado y la seguridad nacional", así como las pretensiones de atentar contra el estado de derecho a través del uso de lo que se ha venido llamando tribunales militares.

Rechazamos las políticas y prácticas tanto estatales como empresariales tendentes a ingerir negativamente en las comunidades y organizaciones que defendemos nuestros derechos. A través de las figuras de los relacionadores comunitarios, fraudulenta información sobre proyectos y ayudas clientelares se busca dividir y generar conflictos de graves consecuencias.

Nos oponemos a las pretensiones de descentralización y autonomía a favor de los Gobiernos locales para el manejo ambiental porque atenta al derecho colectivo de los pueblos, nacionalidades y comunidades ancestrales, al convertirse en una estrategia más de las políticas neoliberales para el despojo.

Rechazamos la militarización de nuestros pueblos. Rechazamos el Plan Colombia, las Fumigaciones y exigimos la nulidad del Convenio de la Base de Manta con los Estados Unidos.

Ratificamos el rechazo al TLC y el pretendido reinicio de las negociaciones

Exigimos que se respeten los derechos colectivos que facultan a los pueblos, nacionalidades y comunidades ancestrales, negros y campesinos a mantener, desarrollar y administrar su territorio, recursos naturales, patrimonio natural e histórico; conservar sus formas tradicionales de convivencia y organización social; y el ejercicio de autoridad.

Dado en Quito, Ecuador, el 28 de Agosto, de 2006

Organizaciones participantes:

ASECOPES

COMUNA SALANGO

COFAMAPE

ORGANIZACIÓN DE JÓVENES DE LORETO

APACOPBIMN

FOCUR-M

COORDINADORA CAMPESINA POPULAR – MORONA SANTIAGO

FUNDACION VIENTOS DE VIDA

PUEBLO MANTA

UNCISPAL

ACCION ECOLOGICA

MIPMAWPU

FUNDACION WIPALA

RED ANGEL SHINGRE

ASAMBLEA DE LA FLORESTA

CORRIENTE GRANDE DE QUEVEDO

AFRO-SEGURA

COMITÉ DE DEFENSA DEL RIO Y SUS VERTIENTES

COMITÉ DE DEFENSA ECOLÓGICA DE LORETO

COMUNA BAJADA DE CHANDUY

COMISION DIOCESANA DE DERECHOS HUMANOS DE LOS RIOS

JUNTA DE AGUAS COMUNIDAD SAN RAFAEL