Floresmilo Villalta es un campesino de 63 años de la Provincia de Esmeraldas en Ecuador, que desde 1997 junto a muchos otros campesinos enfrenta persecución, amenazas y agresiones de la empresa maderera BOTROSA.
Los campesinos hace años ya que reclaman al gobierno que los proteja de las agresiones de BOTROSA y que les garantice su seguridad por el derecho que los asiste, legalmente reconocido por el Congreso Nacional, el Ministro Fiscal y el Tribunal Constitucional que entre otros se han expedido en su favor. Reclaman también que les sean devueltas sus tierras, dadas en concesión en forma ilegal a la compañía maderera.
Los campesinos hace años ya que reclaman al gobierno que los proteja de las agresiones de BOTROSA y que les garantice su seguridad por el derecho que los asiste, legalmente reconocido por el Congreso Nacional, el Ministro Fiscal y el Tribunal Constitucional que entre otros se han expedido en su favor. Reclaman también que les sean devueltas sus tierras, dadas en concesión en forma ilegal a la compañía maderera.
La campaña
Desde 1998 Acción Ecológica inicia una campaña en la defensa del bosque en el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) en la Provincia de Esmeraldas, y en la Cuenca del Río Mira en la provincia del Carchi, gravemente amenazadas por las actividades de explotación intensiva de madera por parte de las empresas del grupo empresarial Peña Durini.
Las comunidades locales cuyos derechos fundamentales, colectivos, ambientales y económicos fueron violentados por parte de dichas empresas y Acción Ecológica, iniciaron acciones de denuncia ante los organismos comptentes de control y conservación involucrados, tales como el Ministerio del Ambiente, el INDA, la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, la Fiscalía del Estado, la Contraloría General del Estado, a fin de que el INDA deje sin efecto las adjudicaciones ilegales realizadas a las empresas del grupo en el (PFE) y las tierras sean revertidas a favor del Estado.
Contrario a todo sentido de conservación y al Articulo 71 de la Ley FORESTAL, así como también el Articulo 86 de la Constitución Política de la República, Gustavo Noboa, Presidente de la República, el 9 de Mayo del 2000 emite el Decreto Ejecutivo N. 346, publicado en el R.0. #73 que contiene las Reformas al Reglamento General de Aplicación de la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre. El Art. 65 del Reglamento, indica que "previa delimitación del área hecha por el Ministerio del Ambiente, este podrá adjudicar o concesionar tierras del Patrimonio Forestal del Estado a favor de empresas madereras nacionales".
La adjudicación se efectuará mediante subasta pública y la concesión se otorgará de conformidad con la normativa que para el efecto dicte el Ministerio del Ambiente.
Se exceptúan de esta clase de adjudicación, las áreas del patrimonio forestal del Estado ocupadas ancestralmente por asentamientos poblacionales, cooperativas u otras organizaciones de agricultores directos legalmente constituidos".
Por medio de este articulo del reglamento, se faculta nuevamente la adjudicación de tierras del Patrimonio del Estado a las empresas madereras. Con ésta medida se presionará mucho más sobre los bosques primarios, la cobertura vegetal nativa y los recursos del patrimonio forestal del país.
Se demanda además las sanciones correspondientes a las autoridades que por acción u omisión hayan cometido delitos ambientales en el caso. Producto de este esfuerzo, en Mayo del 2001 la Ministra Fiscal del Estado, emite la exitativa fiscal y el correspondiente autcabeza de proceso en contra del Ing. Jorge Cevallos, ex director del INDA, y demás autores complices y encubridores disponiendo la correspondiente orden de prisión. El sindicado está prófugo.
En febrero del 2001 la Comisión de Fiscalización del Congreso interpeló a los Ministros de Agricultura y Ambiente así como al director ejecutivo del INDA para que rindan cuentas de sus acciones, evento en el que se evidenciaron los elevados niveles de corrupción y negligencia de estas instituciones.
Por otra parte la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) llevó a cabo una investigación cuyos resultados fueron publicados en Diciembre de 2001 (documento adjunto). Cabe señalar que, a pesar de que estos órganos de control demandan la inmediata accion por parte del Ministerio del Ambiente y del INDA, hasta agosto del 2002 no se ha tomado ninguna acción.
Además la Comisión recomienda para el caso de la provincia de Esmeraldas: "es obligación del Gobierno Nacional expedir el Decreto Ejecutivo mediante el cual establezca una moratoria forstal que limite la adjudición, explotación y comercialización de madera en la Provincia de Esmeraldas hasta la conclusión de la auditoria ambiental que realice la Contraloría General del Estado."
Por el contrario el Presidente de la República Gustavo Noboa el 8 de agosto el 2002 emite un decreto ejecutivo mediante el cual declara 54.000 has. como zona agrícolas para monocultivo de Palma africana en San Lorenzo-Esmeraldas, gran parte de las cuales contienen bosques primarios en PFE , y otras son tierras de comunidades ancestrales negras y zonas en conflicto. De esta forma entrega territorios en la Bioregión del Chocó (una de las 10 regiones de mayor biodiversidad y más amenazadas del planeta) a empresas palmicultoras .
Ocho meses después de que la CCCC demadara a la Contraloría General del Estado su intervención, ésta empezó la investigación al INDA y al Ministerio del Ambiente.
Al momento la campaña continúa, esperamos que la Contraloría General del Estado sancione a los responsables de los delitos ambientales y se investigue todas las ilegales adjudicaciones del INDA a las empresas madereras en PFE, que se estima solamente en el bloque 10 en más de 20.000 has. de los últimos bosques primarios de la Bioregión del Chocó.
Por otra parte conjuntamente con las organizaciones sociales indígenas y campesinas se presentan acciones legales correspondientes para demandar la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos.
Simultáneamente, a nivel comunitario se lleva adelante iniciativas de recuperación de territorios con una propuesta de conservación y equilibrio ambiental.
Informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (diciembre 2001)
La investigación es respaldada por la cartografía oficial, elaborada para el caso en el Ministerio de Ambiente en el 2000 y consta de:
Mapas de área y mapas de la reserva forestal de la provincia de Esmeraldas.
Colorimetría de los Mapas
En cuanto al mapa Forestal actual del Ecuador, fue elaborado por los organismos referentes en el año 1999, pero con la información histórica hasta el año1996, por lo que sin duda en la actualidad el nivel de deforestación sea mayor al que se observa.
El mapa Multitemporal del Ecuador o lo que fue la cubierta vegetal, se elaboró en el año de 1999, en referencia a la información histórica recopilada, año base 1960.
