Declaración sobre la propuesta de Ley de Agrobiodiversidad y Semillas PDF Imprimir Correo electrónico
Miércoles 26 de Octubre de 2016 08:25

Quito, 26 de octubre del 2016

Antecedentes

 

La semilla es patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, no patrimonio del estado.

Desde los orígenes de la agricultura, que en el caso del Ecuador se remonta a unos 7 mil años, los comunidades indígenas hemos domesticado, creado, recreado, conservado y usado semillas que a lo largo del tiempo ha sido la fuente de la alimentación y de sustento de nuestros pueblos. Esas semillas son el fruto del trabajo colectivo. Han pasado de generación en generación y deben pasarse también a las futuras generaciones.  

Estas semillas son también el producto del intercambio que hemos hecho con otros pueblos, y en ese flujo de semillas, ese caminar, se ha creado es una de las más importantes fuentes de diversidad; de esa manera la semilla se refresca y recrea. Por eso decimos que las semillas nativas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.

Para los pueblos indígenas, la semilla no es sólo un recurso que sirve para sembrar, cosechar y obtener ganancias económicas a partir de ellas. La semilla nativa no puede ser considerada como recurso genético con un potencial económico para el agronegocio. Para nosotros, en torno a las semillas se articula aspectos muy importantes de nuestra cultura y cosmovisión; es parte de nuestra vida.

Por eso vemos con mucha preocupación que es estos momentos esté en proceso de aprobación una nueva ley de semillas, que pretende que todos los pueblos indígenas dejemos de usar nuestras propias semillas, para someternos a las semillas producidas por las cinco empresas que controlan el mercado mundial de semillas: Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer y DuPont.

Por lo tanto,

DESCONOCEMOS ESTE PROYECTO DE LEY Y LOS PROCESO DE CONSULTA PRELEGISLATIVA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

La semilla es patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad

Se declara a la semilla patrimonio y recurso estratégico del Estado, cuya administración, regulación y gestión le corresponde. Es decir, la semilla pasa, de ser patrimonio de los Pueblos, a patrimonio del Estado; esto a pesar de que ningún gobierno a lo largo de la historia del país, ha apoyado a los pueblos indígenas y campesinos en su ardua tarea de cuidar, recrear y conservar las semillas de las que se produce el 80% de los cultivos del Ecuador.

Tratar a las semillas como un “recurso estratégico” es convertirla en una mercancía, con la que el Estado puede tranzar, como lo hace con los minerales o el petróleo. Es decir que el gobierno de turno puede establecer contratos con empresas para comercializar con las semillas nativas que son el producto del trabajo innovador y el conocimiento acumulado de nuestras comunidades.

Como “recurso estratégico” es susceptible de apropiación, lo que contradice el Art. 322 de la Constitución del Ecuador, que prohíbe la apropiación de la agrobiodversidad y viola también el Art. 57.12 de la Constitución, que prohíbe toda forma de apropiación de los conocimientos e innovaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, porque es imposible romper el indisoluble lazo que hay entre la semilla nativa y los procesos colectivos e intergeneracionales de innovación que las generaron.

Finalmente, la ley orgánica de soberanía alimentaria establece que la semilla es “patrimonio del pueblo ecuatoriano” (Art. 8).

Rechazamos estos intentos de apropiación de nuestras semillas, Estas deben continuar siendo patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.

Libre flujo de semillas

El Art. 281.6 de la Constitución y Art. 8n de la LORSA garantizan la libre circulación de las semillas, lo que se consiguió luego de un fuerte proceso de movilización y sensibilización a la Asamblea Nacional Constituyente, y la sociedad ecuatoriana en general; de tal manera que las semillas sigan circulando y generando biodiversidad.

En el proyecto de ley el intercambio y comercialización de las semillas nativas se restringe a ferias de semillas y otros espacios de intercambio, y aún en esos casos, el Estado “garantizará la protección fitosanitaria”, lo que constituye una traba para que las semillas puedan circular libremente. Aunque estamos conscientes que es necesario que las semillas no sean portadoras de plagas o enfermedades, los graves problemas agronómicos han surgido en monocultivos donde se utilizan semillas industriales, como la enfermedad viral que están enfrentando nuestros hermanos maiceros de la Provincia de Los Ríos.

Cualquier ley de semillas debe garantizar que nosotros, los pueblos indígenas podamos seguir intercambiando y comercializando nuestras semillas, sin que hay ningún impedimento legal por parte del Estado.

Semilla nativa de calidad

Adicionalmente entre los objetivos de la ley se establece que la semilla nativa cuyo el uso, conservación, y libre intercambio debe ser fortalecido, debe ser semilla nativa de calidad.

¿Quién determina la calidad de una semilla nativa? Nosotros, los semilleristas indígenas y campesinos. Nosotros tenemos nuestros sistemas internos de control de las semillas, pues no podemos arriesgarnos a perder la cosecha.

Rechazamos que nos apliquen los mismos estándares a nuestras semillas que los usados para las semillas industriales.

Todas nuestras semillas son de calidad.

Sobre la certificación y registro

La ley establece un sistema de certificación y registro por el que tienen que pasar todas las semillas que han de comercializarse.

Toda persona que se dedique a la producción y comercialización de semillas debe registrarse con la Autoridad Agraria Nacional, y se prohíbe la comercialización de toda semilla que no conste en ese registro. Previa la comercialización, la semilla debe deben cumplir con ciertos criterios y estándares de calidad, cuya comprobación será hecha en laboratorios especializados públicos o privados. Entre los requisitos que debe cumplir la semilla se incluyen: pureza física y varietal, un cierto porcentaje de agua, condiciones fitosanitarias y una identidad.

La pureza física y varietal significa que las semillas deben ser homogéneas; todas iguales, lo que está en contra de la diversidad que caracteriza a nuestras semillas. Gracias a esta variabilidad, podemos enfrentar los cambios de clima que son tan comunes en los últimos años, si cae una helada, no se pierde toda la producción, porque siempre hay algunas semillas que son resistentes. Todo eso se pierde con las semillas homogéneas.

Además, este tipo de semillas solo pueden ser producidas por las empresas. Obligar a que todo campesino use semillas empresariales acabará con nuestras semillas y nos hará dependientes de las grandes transnacionales de semillas; y perderemos soberanía alimentaria.

Hay una gran cantidad de semillas que no podrán cumplir con los requisitos de “calidad”, y no nos referimos solamente a las semillas nativas, sino a una gran gama de semillas que son utilizadas por pequeños y medianos agricultores cuya cosecha es la que garantiza la soberanía alimentaria del país. Este es el caso por ejemplo de las semillas de arroz. Dado que el país no está al momento en capacidad de producir este tipo de semillas, el resultado será que tengamos que depender de las semillas de las empresas transnacionales.

Rechazamos el intento de homogenizar las semillas porque esto condice a la erosión genética y pérdida de variabilidad.

Rechazamos la obligatoriedad de registrar y certificar nuestras semillas. Esto significará el fin de la semilla campesina.

No a la criminalización de las semillas nativas ni de los custodios semilleristas

Se establece un sistema de control de la producción de semillas, a través de la cual los inspectores designados podrán tener acceso libre a los predios agrícolas, y podrán contar con el apoyo de la policía nacional.

Estos articulados nos alertan de una posible criminalización a semilleristas que no cumplen con los requerimientos establecidos en la ley, que en muchos casos son posibles de alcanzar sólo por productores de semillas a escala industrial.

Los campesinos que guardamos, intercambiamos y vendemos semillas nativas y criollas no somos criminales. Somos los garantes de la soberanía alimentaria del país.

Nuestros territorios no pueden transformarse en centros de bioconocimiento.

Las intenciones de la ley es que todo el mundo rural utilice semillas certificadas, “mejoradas de alto rendimiento” o híbridas, producidas por las 5 grandes empresas semilleras que controlan el mercado mundial de semillas, creando una gran dependencia y perdiendo soberanía alimentaria.

Mientras tanto nuestras semillas nativas se convierten en materia prima para la industria de la biopiratería. El estado, como administrado de la semilla, ahora trasformada en un recurso estratégico, puede ofertar las semillas para la búsqueda de principios activos o propiedades interesantes para la industria.

Para ello se ha destinado que porciones de nuestro país, territorio de los pueblos indígenas, se transformen en centros de bioconocimiento, una especie de museos donde se conserva la agrobiodiversidad, donde las empresas pueden invertir para apropiarse de segmentos de nuestras semillas para sus intereses económicos.

La ley estimula la creación de alianzas público – privadas, en concordancia con la ley recientemente aprobada. Ya hay un ejemplo de este tipo de alianzas: Ecuasem (Asociación Ecuatoriana de Semillas), que es un consorcio en el que participan como socios las empresas transnacionales Syngenta y Monsanto, junto con INDIA (el brazo semillero de PRONACA), Agripac, Ecuaquímica, públicas Agrocalidad, INIAP y la Unidad de Almacenamiento EP, entre otras. Entre sus objetivos se encuentran el promover el cumplimiento y observancia de las normas y políticas de libre competencia para la comercialización de las semillas, aun cuando se elimina cualquier intento de comercializar semillas no empresariales.

También se estimula la creación de alianzas entre empresas privadas y comunidades, a través de las cuales, algunas comunidades campesinas podrían convertirse en multiplicadoras de las semillas empresariales, y para precautelar la pureza genética de las semillas, tendrían que abandonas sus semillas nativas. Otra función que podrían tener las comunidades es convertirse en proveedoras de materia prima de “recursos fitogenéticos” para las empresas, como se describió en el acápite anterior.

Nuestros territorios no son museos, son nuestros espacios de vida. Déjenlos en paz.

El Ecuador debe permanecer libre de transgénicos

La declaración de país libre de transgénicos fue el resultado de la lucha conjunta de varios sectores del campo y la ciudad, incluyendo el movimiento indígena. A través de la ley se pretende legalizar el ingreso de semillas transgénicas en nuestros campos, pues lo que se prohíbe sólo aquellas semillas transgénicas que “no cumplen con los procedimientos legales”.

Rechazamos cualquier intento de legalizar las semillas transgénicas; el Ecuador debe seguir siendo “libre de transgénicos”.

No se ha dado conocer el proyecto de ley

Oficialmente no se ha dado conocer el proyecto de ley que está siendo considerado por la Asamblea Nacional. La CONAIE tuvo acceso a un borrador con fecha 09-05-2016, que contiene el membrete de la Asamblea Nacional, pero este no ha circulado de manera oficial.

Por lo tanto es completamente ilegítimo que se haga un llamado a una consulta pre-legislativa, sin que los potencialmente consultados conozcan el texto que va a ser considerados.

Creemos que, como ha sucedido con otros procesos de consulta pre-legislativa, se trata tan solo de procedimientos para legitimar y avalar leyes que han sido elaboradas a espaldas del pueblo.

Por eso desconocemos esta ley y desconocemos el proceso de consulta pre-legislativa a través de la cual se pretende legitimarla

CONSEJO DE MUJERES ECUARUNARI