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La criminalización de la protesta social en torno a la industria extractiva en América Latina PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 23 de Agosto de 2011 09:46

cidseLa expansión de la industria extractiva es un elemento clave de la estrategia macroeconómica de los Estados en América Latina. Varios de ellos consideran a las industrias extractivas como instrumentos de inversión social y de reducción de la pobreza. Sin embargo, no existe un consenso general sobre los beneficios del modelo extractivo y a la resistencia se ha opuesto una retórica severa, una represión violenta y la criminalización de los oponentes. Asimismo, a mediados del 2008, fallecieron 33 personas a raíz de la violenta represión policial de una marcha contra una serie de decretos para desbloquear proyectos mineros inactivos, aprobados bajo el tratado de libre comercio entre Perú y EE.UU.

Existen varias razones por las cuales las comunidades pueden oponerse a la extracción: en general, las empresas de la industria extractiva no tienen buena fama en términos de respeto de los derechos de las comunidades afectadas por sus operaciones. Las quejas más comunes son los graves daños al medio ambiente y a las fuentes de agua, debido a la emisión de sustancias tóxicas en el proceso minero o a derrames accidentales; el impacto negativo en la salud de las comunidades vecinas, especialmente los problemas respiratorios y dermatológicos; el desplazamiento forzado de comunidades y la destrucción de tierras ancestrales de los indígenas, cargadas de valor espiritual y patrimonial para ellos. También se denuncia la falta de consulta previa a las comunidades, y la violación de derechos adquiridos a nivel constitucional o legal en relación con el agua, derechos colectivos, territoriales y del medio ambiente.

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Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 23 de Agosto de 2011 09:36

amnistia-internacionalLa falsa y peligrosa dicotomía entre desarrollo y derechos de los pueblos indígenas es habitual en el continente. Se trata de una creencia basada en la falaz premisa de que los proyectos de la industria extractiva o de otro tipo, que multiplican la riqueza y son, por tanto, favorables a los intereses nacionales, no deben verse "obstruidos" por los pueblos indígenas, que son "sólo" una pequeña parte de la población. En consecuencia, cuando las comunidades indígenas se organizan para pedir que se respeten sus derechos, el Estado y otros agentes las acusan de bloquear el crecimiento de todo el país.

Este tipo de respuesta tiene consecuencias demoledoras sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas de la región. Como ponen de manifiesto los casos documentados por Amnistía Internacional en la región, frecuentemente al aprobar leyes y poner en marcha proyectos no se respeta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado. Estos casos son sólo la punta del iceberg de lo que constituye una tendencia regional. Habría sido posible evitar violaciones de derechos humanos, conflictos sociales y, en ocasiones, incluso enfrentamientos violentos entre los pueblos indígenas y las fuerzas de seguridad si los Estados se hubieran ceñido a su obligación de celebrar consultas antes de llevar a cabo proyectos de desarrollo. Además, los líderes indígenas y las personas pertenecientes a esas comunidades se enfrentan a procesos penales por cargos que se diría desproporcionados y que parecen responder a motivos políticos.

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