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Cuenca, Ecuador Junio 22 y 23 de 2011
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El Tribunal de los Pueblos contra la Criminalización responde al llamado de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales y no gubernamentales del Ecuador que debido a su lucha por sus derechos colectivos y los de la naturaleza han sido víctimas de una práctica cada vez más extendida de criminalización y judicialización alentada por empresas nacionales y transnacionales -particularmente del sector extractivo-, y ejecutada por diferentes autoridades judiciales, policiales, militares y administrativas.
Hemos respondido a esta convocatoria como ciudadanas y ciudadanos comprometidos en la promoción y defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, convencidos de que el abuso del uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la instrumentalización de la justicia que se realiza en los tribunales penales y administrativos para contener la movilización social generada en torno a la reclamación de los derechos, menoscaba gravemente las capacidades de las personas, comunidades, organizaciones sociales y no gubernamentales para construir el sumak kawsay.
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Veredicto del Tribunal Ético ante la Criminalización de las y los Defensores del Agua y la Pachamama
Este Tribunal responde al llamado de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales y no gubernamentales del Ecuador, que debido a la lucha por sus derechos colectivos y los de la naturaleza han sido víctimas de una práctica cada vez más extendida de criminalización y judicialización, alentada por empresas nacionales y transnacionales -particularmente del sector extractivo-, y ejecutada por diferentes autoridades judiciales, policiales, militares y administrativas, así como fuerzas de seguridad privada.
Somos hereditarios de las experiencias de los Tribunales de Opinión, de los Tribunales de los Pueblos, de las Comisiones Éticas y de la Verdad y de todas aquellas iniciativas que apelan a la conciencia de la humanidad para juzgar las acciones y omisiones que los Estados, las Empresas y otros agentes privados realizan deliberadamente para quebrantar y contener la legítima reclamación de los derechos humanos y de la naturaleza y que dadas las limitaciones de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, permanecen en la impunidad.
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