Se acaba de fusionar el Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua. Tenemos un nuevo ministro que proviene de las organizaciones sociales y que conoce la realidad que se vive en el mundo rural, esta debería ser una razón de fuerza para establecer cambios sustanciales en las políticas ambientales, que con tan poco respeto a los derechos de la naturaleza, a derechos colectivos y los derechos ambientales se han llevado a cabo en las últimas décadas.

Estados Unidos ha ratificado pocos tratados internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente. De los 18 instrumentos de Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, sólo ha ratificado 5. Estados Unidos, junto con Somalia, no han ratificado, por ejemplo, la Convención sobre Derechos de los Niños

Estados Unidos ha ratificado pocos tratados internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente. De los 18 instrumentos de Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, sólo ha ratificado 5. Estados Unidos, junto con Somalia, no han ratificado, por ejemplo, la Convención sobre Derechos de los Niños; o, junto con Irán, Nauru, Palau, Somalia, Sudán y Tonga, tampoco han ratificado la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Entre los temas que se trataron en la visita de Pence al Ecuador consta la posible negociación de un Tratado de Libre Comercio. Para hacerlo posible, el Ecuador deberá resolver algunos temas que Estados Unidos considera “irritantes”.

Uno de ellos es la propiedad intelectual, incluyendo la propiedad intelectual sobre las semillas.

En los años 50 del siglo pasado, el Secretario de Estado de EEUU durante el gobierno de Eisenhower, John Foster Dulles, afirmó que “Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses”. Más recientemente, Colin Powell afirmaba que la política norteamericana ha pretendido históricamente “garantizar para las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo Ártico hasta la Antártida, y libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”.

3. SE IMPONEN OTRA VEZ LOS ARBITRAJES INTERNACIONALES, A PESAR DE QUE LA CONSTITUCIÓN LO PROHÍBE

Hace pocos días se conocieron algunos acuerdos entre organizaciones indígenas y empresas mineras que ocupan el territorio ancestral Shuar en las cordilleras de El Cóndor y Kutukú (1).

Molleturo es una parroquia rural del cantón Cuenca, provincia del Azuay. Sus moradores son principalmente indígenas y campesinos. En la parte alta de Molleturo, se encuentra una zona de páramo, donde nacen varias fuentes de agua, con una biodiversidad única, que da sustento a las comunidades locales.

24 países acaban de aprobar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, “un instrumento jurídicamente vinculante para garantizar los derechos humanos”.

Décadas de organización comunitaria, indígena y campesina, de emblemáticos procesos de resistencia reprimidos con desproporcionada violencia política y criminalización, han sido el denominador común frente a los conflictos por la  megaminería, conflictos que se exacerbaron durante el gobierno del presidente Correa, quien consolidó una institucionalidad, un marco normativo y un sistema represivo que hicieron posible y apadrinaron una suerte de festín minero.

La Naturaleza en la Consulta Popular

La consulta no es una simple “socialización” de los proyectos extractivos, como ha sido la práctica de los últimos años, la consulta es un proceso firmemente establecido en el derecho internacional y constitucional del Ecuador.

La Naturaleza en la Consulta.

En la Constitución ecuatoriana de 2008 se plasmó un modelo de participación ciudadana con diversos ámbitos que incluyen el electoral, la consulta normativa, la revocatoria del mandato, la consulta popular por iniciativa ciudadana, la consulta por temas ambientales, la consulta a pueblos y nacionalidades, además de  la defensa de la Constitución a través del uso de acciones jurídicas.

Una de las cuestiones que quedó en evidencia el 4 de febrero 2018 es que a la mayoría de la población ecuatoriana le importa la naturaleza pues hubo un pronunciamiento mayoritario para que no haya explotación petrolera y minera en zonas ambientalmente sensibles. También se mostró respaldo a los pueblos en aislamiento voluntario.

"La Refinería del Pacífico y la explotación del bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní, pondrán en riesgo una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y a los pueblos indígenas en aislamiento. ¿Querán los inversionistas asumir este delito contra la naturaleza y los pueblos indígenas?"

Uno de los grandes fracasos socioecológicos de la década ganada/perdida ha sido la gestión de residuos sólidos. Con un proyecto de gobierno que equiparó el “buen vivir” con el incremento de la capacidad de consumo, la crisis de la basura, lejos de resolverse durante los años del gobierno del presidente Correa, alcanzaría su boom.

Se está preparando un reglamento a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agroecología, que fue aprobada en medio de críticas de organizaciones sociales.

Este 2018 celebramos diez años de la nueva Constitución, aprobada en 2008, y por lo tanto diez años de reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
En esa constitución se dice: NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador, CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.

El año 2017 termina con buenas noticias en cuanto a iniciativas para enfrentar las consecuencias del cambio climático desde una perspectiva legal. Sabemos que una manera eficaz y directa de detener el calentamiento global es comenzar a dejar los hidrocarburos en el subsuelo, pero también se deben sumar propuestas por la justicia climática y evitar la impunidad de los responsables.