24 países acaban de aprobar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, “un instrumento jurídicamente vinculante para garantizar los derechos humanos”.

Décadas de organización comunitaria, indígena y campesina, de emblemáticos procesos de resistencia reprimidos con desproporcionada violencia política y criminalización, han sido el denominador común frente a los conflictos por la  megaminería, conflictos que se exacerbaron durante el gobierno del presidente Correa, quien consolidó una institucionalidad, un marco normativo y un sistema represivo que hicieron posible y apadrinaron una suerte de festín minero.

La Naturaleza en la Consulta Popular

La consulta no es una simple “socialización” de los proyectos extractivos, como ha sido la práctica de los últimos años, la consulta es un proceso firmemente establecido en el derecho internacional y constitucional del Ecuador.

La Naturaleza en la Consulta.

En la Constitución ecuatoriana de 2008 se plasmó un modelo de participación ciudadana con diversos ámbitos que incluyen el electoral, la consulta normativa, la revocatoria del mandato, la consulta popular por iniciativa ciudadana, la consulta por temas ambientales, la consulta a pueblos y nacionalidades, además de  la defensa de la Constitución a través del uso de acciones jurídicas.

Una de las cuestiones que quedó en evidencia el 4 de febrero 2018 es que a la mayoría de la población ecuatoriana le importa la naturaleza pues hubo un pronunciamiento mayoritario para que no haya explotación petrolera y minera en zonas ambientalmente sensibles. También se mostró respaldo a los pueblos en aislamiento voluntario.

"La Refinería del Pacífico y la explotación del bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní, pondrán en riesgo una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y a los pueblos indígenas en aislamiento. ¿Querán los inversionistas asumir este delito contra la naturaleza y los pueblos indígenas?"

Uno de los grandes fracasos socioecológicos de la década ganada/perdida ha sido la gestión de residuos sólidos. Con un proyecto de gobierno que equiparó el “buen vivir” con el incremento de la capacidad de consumo, la crisis de la basura, lejos de resolverse durante los años del gobierno del presidente Correa, alcanzaría su boom.

Se está preparando un reglamento a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agroecología, que fue aprobada en medio de críticas de organizaciones sociales.

Este 2018 celebramos diez años de la nueva Constitución, aprobada en 2008, y por lo tanto diez años de reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
En esa constitución se dice: NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador, CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.

El año 2017 termina con buenas noticias en cuanto a iniciativas para enfrentar las consecuencias del cambio climático desde una perspectiva legal. Sabemos que una manera eficaz y directa de detener el calentamiento global es comenzar a dejar los hidrocarburos en el subsuelo, pero también se deben sumar propuestas por la justicia climática y evitar la impunidad de los responsables.

La primera pregunta de la consulta popular es sobre la corrupción.  Y no es para menos, los ecuatorianos y ecuatorianas vemos con estupor la serie de denuncias que se han ido destapando en relación a un gobierno que se declaraba, una y otra vez, de “manos limpias”.  

La posibilidad de que mediante la consulta popular la población se pronuncie sobre dos temas ambientales, el Yasuní-ITT y la minería metálica, puede entenderse como el reconocimiento de que los problemas que afectan a la naturaleza deben ser tratados mediante el ejercicio de la democracia y no desde la postura de unos cuantos funcionarios con pretensiones de decidir sobre ella.

Para aplicar esta prohibición propuesta en la pregunta 6 de la próxima consulta popular corresponde reflexionar qué son y porqué se crean las áreas protegidas.

Como ha ocurrido en las últimas décadas, el nuevo avance de la explotación petrolera y la apertura del país a la megaminería en la Amazonía se justificaron con la óptica de que las comunidades se beneficiarían con la extracción de los hidrocarburos y minerales que están en el subsuelo. Desde el gobierno fue denominada la “nueva Amazonía” para resaltar el supuesto carácter fundacional de su agenda para la región, basada en megaproyectos que cambiarían estructuralmente la relación de la Amazonía con el Ecuador y el mundo.

La Contraloría General del Estado ha anunciado la realización de una auditoría de la deuda pública para determinar su legalidad, fuentes y usos. Desde la sociedad se propone una auditoría integral que incluya la deuda ecológica que se generó por los proyectos impulsados con esos préstamos.

El 1 de junio de 2017 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, incluyendo en el artículo 56 la posibilidad de ingreso de semillas y cultivos transgénicos a nuestro país con fines de investigación científica.

No está demás repetir hasta el cansancio que Ecuador es uno de los países  megadiversos en el mundo; que su diversidad de ecosistemas va de la mano con los pueblos y las nacionalidades indígenas, los pueblos afro y montubio que han cuidado y defendido sus territorios; y que somos un país donde la sensibilidad por la naturaleza  crece cada vez más entre la población.

La Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentables ha sido debatida desde hace varios años por las organizaciones indígenas y campesinas del país, dada la importancia que tienen los tres ámbitos para la agricultura. Uno de los puntos más controversiales en los debates previos a la aprobación de la ley, fue la posibilidad de que la semilla nativa sea declarada patrimonio y recurso estratégico del Estado, lo que permitiría ser concesionada a la empresa privada, como sucede con el petróleo o los minerales.