Cada año, el 3 de diciembre se recuerda en todo el mundo, la muerte de 16.000 personas fallecidas y más de 500.000 intoxicadas en Bophal, India 1984, porque se produjo el escape de las fábricas de la empresa Union Carbide 27 toneladas de un gas tóxico usado en la fabricación de pesticidas

Estamos en elecciones y no faltaba más, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, anunció que en Diciembre de 2018 se firmará la adjudicación del contrato para iniciar la obra vial que conecta al valle de los Chillos con el centro de Quito, la misma que tendrá un costo de USD 150 millones. 

La obra, un puente que cruza el Río Monjas, el túnel que cruce  Itchimbía y  desaloje a El Arbolito con un distribuidor[1]se presenta “para poder garantizar la recuperación de la dignidad y garantía de derechos”. Nada más demagógico y alejado de cualquier plan de ordenamiento y movilidad en el Distrito. 

En estos días el municipio de Quito informaba sobre la realización de una feria de vivienda en el Centro de Exposiciones Quito, justo un par semanas después de haber inaugurado el Centro de Convenciones en el Parque Bicentenario, el más “moderno y funcional de Latinoamérica” como avisa la propaganda municipal.

Se acaba de fusionar el Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua. Tenemos un nuevo ministro que proviene de las organizaciones sociales y que conoce la realidad que se vive en el mundo rural, esta debería ser una razón de fuerza para establecer cambios sustanciales en las políticas ambientales, que con tan poco respeto a los derechos de la naturaleza, a derechos colectivos y los derechos ambientales se han llevado a cabo en las últimas décadas.

Estados Unidos ha ratificado pocos tratados internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente. De los 18 instrumentos de Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, sólo ha ratificado 5. Estados Unidos, junto con Somalia, no han ratificado, por ejemplo, la Convención sobre Derechos de los Niños

Estados Unidos ha ratificado pocos tratados internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente. De los 18 instrumentos de Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, sólo ha ratificado 5. Estados Unidos, junto con Somalia, no han ratificado, por ejemplo, la Convención sobre Derechos de los Niños; o, junto con Irán, Nauru, Palau, Somalia, Sudán y Tonga, tampoco han ratificado la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Entre los temas que se trataron en la visita de Pence al Ecuador consta la posible negociación de un Tratado de Libre Comercio. Para hacerlo posible, el Ecuador deberá resolver algunos temas que Estados Unidos considera “irritantes”.

Uno de ellos es la propiedad intelectual, incluyendo la propiedad intelectual sobre las semillas.

En los años 50 del siglo pasado, el Secretario de Estado de EEUU durante el gobierno de Eisenhower, John Foster Dulles, afirmó que “Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses”. Más recientemente, Colin Powell afirmaba que la política norteamericana ha pretendido históricamente “garantizar para las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo Ártico hasta la Antártida, y libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”.

3. SE IMPONEN OTRA VEZ LOS ARBITRAJES INTERNACIONALES, A PESAR DE QUE LA CONSTITUCIÓN LO PROHÍBE

Hace pocos días se conocieron algunos acuerdos entre organizaciones indígenas y empresas mineras que ocupan el territorio ancestral Shuar en las cordilleras de El Cóndor y Kutukú (1).

Molleturo es una parroquia rural del cantón Cuenca, provincia del Azuay. Sus moradores son principalmente indígenas y campesinos. En la parte alta de Molleturo, se encuentra una zona de páramo, donde nacen varias fuentes de agua, con una biodiversidad única, que da sustento a las comunidades locales.

24 países acaban de aprobar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, “un instrumento jurídicamente vinculante para garantizar los derechos humanos”.

Décadas de organización comunitaria, indígena y campesina, de emblemáticos procesos de resistencia reprimidos con desproporcionada violencia política y criminalización, han sido el denominador común frente a los conflictos por la  megaminería, conflictos que se exacerbaron durante el gobierno del presidente Correa, quien consolidó una institucionalidad, un marco normativo y un sistema represivo que hicieron posible y apadrinaron una suerte de festín minero.

La Naturaleza en la Consulta Popular

La consulta no es una simple “socialización” de los proyectos extractivos, como ha sido la práctica de los últimos años, la consulta es un proceso firmemente establecido en el derecho internacional y constitucional del Ecuador.

La Naturaleza en la Consulta.

En la Constitución ecuatoriana de 2008 se plasmó un modelo de participación ciudadana con diversos ámbitos que incluyen el electoral, la consulta normativa, la revocatoria del mandato, la consulta popular por iniciativa ciudadana, la consulta por temas ambientales, la consulta a pueblos y nacionalidades, además de  la defensa de la Constitución a través del uso de acciones jurídicas.

Una de las cuestiones que quedó en evidencia el 4 de febrero 2018 es que a la mayoría de la población ecuatoriana le importa la naturaleza pues hubo un pronunciamiento mayoritario para que no haya explotación petrolera y minera en zonas ambientalmente sensibles. También se mostró respaldo a los pueblos en aislamiento voluntario.

"La Refinería del Pacífico y la explotación del bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní, pondrán en riesgo una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y a los pueblos indígenas en aislamiento. ¿Querán los inversionistas asumir este delito contra la naturaleza y los pueblos indígenas?"