Las medidas neoliberales de ajuste impuestas por el FMI para otorgar créditos al Ecuador, fue la gota que derramó el vaso, y generó la explosión social liderada por el movimiento indígena. En efecto estas medidas traen más pobreza a la población por la subida de los combustibles que inciden en el aumento del costo de vida; también implican impulsar la explotación minera y ampliar la petrolera, incrementando la deuda social y ecológica.

La principal causa detrás la movilización social intensa de estos días está la eliminación del subsidio a los combustibles decidida por el gobierno de Lenín Moreno (Decreto 883), que significará el encarecimiento de la canasta básica y un efecto muy fuerte en las economías populares. Según la versión oficial la medida (a gusto del FMI) dará más fondos para equilibrar el presupuesto fiscal.

Dentro del paquete de medidas económicas dictadas por el actual régimen, los Ministros de la Producción y Agricultura del Ecuador anunciaron con orgullo una reducción arancelaria de entre el 50 y 100% para 200 productos. Estos productos incluyen, entre otras líneas, materias primas y bienes de capital para el sector de agricultura y acuacultura.

Aunque uno de los pretextos para dictar las medidas económicas que mantienen convulsionado al país sea eliminar el subsidio a los combustibles fósiles, la verdadera razón es que el país pueda cumplir con sus obligaciones adquiridas internacionalmente. Sin embargo, estas medidas ponen en mayor riesgo, tanto el bienestar de los ecuatorianos, como al ambiente, e inclusive incrementará nuestras emisiones de CO2, en lugar de reducirlas.

Se dice públicamente que se eliminaron los subsidios al petróleo y que esta medida está a tono con las demandas ambientales. La verdad es que el ritmo actual de extracción de combustibles fósiles está rebasando los límites biogeológicos del planeta, y también del país, pues las fronteras de extracción son zonas muy frágiles: por ejemplo, el Yasuní.

El gobierno ha decidido eliminar los subsidios a los combustibles, y lo hace con el discurso de que éstos son insostenibles para la economía nacional, sin embargo, no menciona los subsidios (facilidades, privilegios, políticas de favor, etc.) que el gobierno viene concediendo a la industria petrolera año tras año.

Los múltiples incendios que azotan a la Amazonia y otros biomas como el Chaco y el Pantanal en Brasil, Bolivia y Paraguay, son un síntoma de los graves problemas generados por el sistema agrícola-industrial que se ha impuesto en esta región de América del Sur, y que forma parte del entramado en el que se sustenta el capitalismo agroalimentario mundial.

Hace poco menos de un año el ministro de energía y recursos no renovables, Carlos Pérez, protagonizó una escena vergonzosa en lo que a extracción de recursos petroleros se refiere. El 23 de octubre de 2018, en declaraciones públicas durante el Encuentro Anual de Minería, Energía y Petróleo, afirmó que para evitar conflictos y dado que el impacto será mínimo para las comunidades, esperaba licitar hasta finales de ese año solamente los bloques petroleros 86 y 87 en la Ronda Suroriente.

En las últimas semanas hemos visto en el Ecuador cómo se han prendido las alarmas por una posible afectación de las plantaciones de banano en caso de que ingresara el hongo fusarium raza 4, un hongo que según información internacional habría migrado a nuestra región desde Asia.

El nuevo reglamento del COA, que salió a decreto seguido del que supuestamente amplia la zona intangible (751), establece los procedimientos  para permitir operaciones petroleras, en zonas constitucionalmente prohibidas.

El artículo 424 sobre el Informe de viabilidad ambiental, regulan las operaciones ilegales que propone el decreto 751.  En un solo artículo hay 5 inconstitucionalidades:

1. Se  dice que se “ requerirá el informe  de viabilidad ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional cuando los proyectos, obras o actividades  intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y  zonas intangibles”.  
2. Se dice que el informe “contendrá los parámetros mínimos que deberán cumplirse para  el otorgamiento de la autorización ambiental”.
3. Se dice que los  casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con zonas intangibles, se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente, cuyo pronunciamiento  deberá ser remitido  en el término de treinta (30) días.
4. Se dice que “Una vez que el operador ha ingresado la información para el proceso de regularización ambiental a través del Sistema Único de Información Ambiental, y en el caso de que el proyecto, obra o actividad intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la unidad  de la administración del área protegida emitirá, en el término de (10) días, el informe viabilidad ambiental que determine la factibilidad de la realización de la obra, proyecto  o actividad.
5. Que “La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la norma técnica en la que se definirán los criterios y lineamientos  para emitir el pronunciamiento de viabilidad ambiental de un proyecto, obra  u actividad dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangible

A través de la reglamentación del Código Ambiental (RCOA), emitido el día 22 de mayo, el gobierno del Ecuador viola la prohibición constitucional al ingreso de transgénicos al país (consagrada en el artículo 401 de la Constitución).

En lugar de prohibir, y establecer sanciones para quienes produzcan, desarrollen o comercialicen transgénicos en el país, se norma su ingreso, usando como única herramienta a la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgo ha sido utilizada en la aprobación de semillas transgénicas en todos los países donde existen millones de hectáreas, cubiertas con este tipo de cultivos, donde se han generando impactos muy graves en la salud y la naturaleza.

El 24 de abril pasado, el Presidente Lenín Moreno hizo público el Decreto Ejecutivo No. 722, en el que ordena al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables la "actualización, definición y emisión de la nueva política minera" así como los lineamientos para su "ejecución y aplicación".

El 24 de marzo de 2019 quedará registrado como el día en que se hizo justicia con el pueblo de Girón, que ha sufrido por muchos años los embates de la megaminería.

De todos los anuncios que hizo el Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables Carlos Pérez en su rendición de cuentas (efectuada el 26 de febrero pasado), dos fueron sorpresivos: el primero fue que se va a iniciar este año un proceso de remediación ambiental en las zonas operadas por la empresa Texaco, hoy Chevron. Según el ministro, fue un pedido del Presidente de la República.

El Acuerdo anunciado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirma la orientación del gobierno de Moreno hacia la profundización en el Ecuador del modelo neoliberal. Un modelo impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) para favorecer los intereses corporativos transnacionales en detrimento de los pueblos y la naturaleza, generando una inmensa deuda social y ecológica.

Los recientes crímenes ambientales ocurridos desde las represas de relaves de las minas Mariana y Brumadinho, en Brasil, así como los tres sismos ocurridos el 22 de febrero pasado en Macas, capital de Morona Santiago, en el Ecuador, nos ponen en alerta máxima para denunciar y evitar que ocurran estos desastres.

El 2 de febrero se celebró el Día de los Humedales. Los humedales pueden ser lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas. En el Ecuador existen diversos tipos de humedales, algunos se encuentra en la región amazónica, como los bosques inundados del en el Yasuní.

Este martes 15 de enero de 2019 se dieron dos hechos claves en el seno del sistema judicial ecuatoriano.

Por un lado, se realizó en Quito la tercera audiencia del caso presentado por la organización CASCOMI contra del Estado y la empresa china ECSA que opera el proyecto minero Mirador; y por otro, en Quevedo, se ventiló el caso por la presencia de soya transgénica en la provincia de Los Ríos.