El TLC con Europa amenaza a las semillas nativas y criollas Imprimir
Martes 08 de Noviembre de 2016 14:18
Una serie de consultas pre-legislativas se están dando en diversas partes del país en torno a la Ley de Semillas. Aunque estas consultas se basan en una Ley preparada bajo un proceso participativo liderado en los años 2010 y 2011 por la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria –COPISA- se sospecha que el texto que podría aprobarse es diferente.
Esta desconfianza surge cuando, desde la Asamblea Nacional, se filtró un texto trabajado por la FAO, el INIAP, y AGROCALIDAD y cuyo proceso ha sido liderado por un asambleísta que ha nombrado a este proyecto de ley como “Ley Proaño”.

El texto de la “Ley Proaño” se alinea perfectamente con la normativa sobre semillas imperante en Europa, por lo que se cree que su aprobación podría ser parte de las reformas legales exigidas por la Unión Europea para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Ecuador.

En Colombia ya se han impuesto normas similares con consecuencias nefastas para los agricultores. Por ejemplo, bajo la Resolución 960 se decomisaron y destruyeron millones de kilos de semillas de arroz, pero también de papa, tomate, fréjol y otros cultivos. No queremos que esto pase en el Ecuador.

Los elementos principales de la “Ley Proaño”, y de otras leyes que se están imponiendo en los países del Sur Global y que ya rigen en la Unión Europea desde hace años son:

•    Todas las semillas que se comercialicen deben ser registradas en una instancia estatal (como la Secretaría Nacional de Semillas).
•    Las semillas deben pasar una prueba de calidad
•    Luego, las semillas deben ser certificadas

Pero, ¿qué determina la calidad de una semilla, según este sistema? La semilla debe demostrar que tiene “pureza genética y varietal”, debe pasar una prueba de germinación y de contenido de humedad y debe estar libre de patógenos.

Ninguna semilla nativa o criolla puede cumplir con estos requisitos, lo que obviamente no significa que las semillas campesinas no sean de calidad. Lo que ocurre es que los criterios que se manejan en los sistemas campesinos de producción son diferentes, y están adaptados a sus requerimientos económicos y culturales y a las realidades ambientales y climáticas locales.

La aplicación de estos requerimientos en los países europeos ha significado una masiva erosión genética y la desaparición de miles de variedades de cultivos locales. Los campesinos europeos tienen cada vez menos variedades de semillas que pueden usarse, porque cada año se da de baja variedades que pierden su “homogeneidad genética”, y al mismo tiempo, las empresas semilleras son cada vez más poderosas.

La aplicación de este tipo de normativa en un país como el Ecuador podría ser fatal. Como país megadiverso y plurinacional, una normativa sobre semillas que se “armonice” a la legislación europea, significaría no solamente que se pierda gran parte de la riqueza genética del país, sino que los campesinos tendrían que depender fuertemente de la importación de semillas, puesto que en el país no hay capacidad de producir “semillas de calidad”.

Al momento ya somos altamente dependientes de la importación de semillas hortícolas, y en lugar de promover políticas públicas para que podamos producir nuestras propias semillas, la tendencia es imponer criterios de calidad que socavan la diversidad nacional.

Aunque la ley reconoce el derecho de los campesinos de mantener e intercambiar sus semillas nativas, el ámbito de aplicación se restringe a espacios locales.

La Unión Europea no puede imponer su ineficiente sistema de control de semillas al Ecuador, ni tampoco podemos permitir que el Tratado de Libre Comercio acabe con las semillas nativas y criollas, ni con los sistemas de producción campesina.

ACCIÓN ECOLÓGICA

Quito, 5 de noviembre de 2016


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