FMI 2019 ¿otro paquetazo social y ambiental? PDF Imprimir Correo electrónico
Viernes 01 de Marzo de 2019 11:39

El Acuerdo anunciado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirma la orientación del gobierno de Moreno hacia la profundización en el Ecuador del modelo neoliberal. Un modelo impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) para favorecer los intereses corporativos transnacionales en detrimento de los pueblos y la naturaleza, generando una inmensa deuda social y ecológica.

La deuda social y ecológica[1] del FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y otras instituciones financieras, quedó evidenciada en la Auditoría Integral del Crédito Público[2] del período 1976-2006, debido a las condicionalidades impuestas al Ecuador al otorgar los créditos.

Las condicionalidades exigidas en los años ’80 a partir de la crisis de la deuda financiera, provocada principalmente por el alza unilateral de intereses por parte de los acreedores, prepararon el camino para que las corporaciones transnacionales accedan y controlen nuestro a patrimonio natural. Al mismo tiempo, dichas condicionalidades garantizaron el pago de la deuda externa. Este es el caso de préstamos dirigidos a los programas de modernización del Estado, desde donde se promovió la privatización de sectores estratégicos como el energético, el agrícola, el minero, y de servicios públicos como el abastecimiento de agua potable[3]

Es importante resaltar que el FMI jugó un papel determinante en el endeudamiento del país durante el período de 1976 al 2006. En ese lapso, de los USD 81 500 millones recibidos en créditos para proyectos de ¨desarrollo”, el 86% se destinó a refinanciar la deuda y sólo el 14% a los proyectos para los que fueron contratados.

El FMI junto con el Comité de Gestión, conformado por la banca comercial internacional, presionaron al Ecuador para la Sucretización (1982), lo que significó el traspaso de la deuda privada al Estado. Así mismo, el FMI junto con el BM, BID, FLAR y el gobierno de Japón, otorgaron USD 786 millones en créditos para proyectos, entre 1994 y 1995, de los cuales el 96% se destinaron al servicio de la deuda y a la negociación de los Bonos Brady[4] con los que se revivió la deuda comercial que ya había prescrito. El 4% de estos créditos se destinó a programas de Ajuste Estructural, reforma del Estado y de empresas públicas. Las distintas renegociaciones de la deuda comercial, los créditos contratados y sus condicionalidades perjudicaron gravemente al país.

A través del Programa para la Modernización del Estado (MOSTA) se expidió en 1993 la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, que constituyó el paraguas para las reformas en los distintos sectores. En este Programa se condicionaban las reformas a la Ley de Hidrocarburos, para supuestamente volver “más competitiva la exploración y explotación de hidrocarburos, al romper el monopolio de Petroecuador” y “atraer la inversión extranjera”. Se admitieron varias modalidades de contratos petroleros, a conveniencia de las compañías.

En el sector agrícola se estableció el mercado de tierras, se desmanteló la pequeña producción campesina y se promovió su inserción en la economía de mercado favoreciendo la agroexportación, y con ella el uso de agrotóxicos, que contaminan a las poblaciones y al ambiente.

Del mismo modo se dieron todas las facilidades para promover la minería a gran escala en el país. Se conculcaron derechos sociales y ambientales de las comunidades indígenas y campesinas al omitir la “consulta previa informada”. Se derogaron disposiciones legales que impedían la explotación minera en áreas protegidas; y se definió un débil marco institucional ambiental que contribuyó a proteger los intereses de las empresas mineras. Cabe anotar que el BM tiene participación accionaria en proyectos mineros en la región.

Los préstamos para infraestructura también generaron graves impactos sociales y ambientales en las comunidades donde se implantaron y sirvieron para beneficiar principalmente a prestamistas y constructores. Uno de los mayores proyectos realizados a comienzos de los años ‘80 fue el Proyecto Multipropósito “Jaime Roldós Aguilera”, financiado principalmente por el BID, la CAF y el Banco do Brasil[5]. Esta obra terminó costando 86% más de lo calculado inicialmente, sin cumplir sus objetivos, sin terminar algunas obras, y causando perjuicios a las comunidades y daños ambientales. Una de las beneficiarias fue la empresa brasileña Odebrecht que construyó el componente más caro del proyecto, el Trasvase a la Península de Santa Elena. Odebrecht construyó también, en el año 2000, la central hidroeléctrica San Francisco, financiada por el BNDES, que al poco tiempo de inaugurada se paralizó por fallas técnicas.[6]

En el caso del Ecuador, la garantía del endeudamiento fue y sigue siendo el petróleo, así como la principal fuente para el pago de la deuda financiera. La deuda social y ecológica generada por la explotación petrolera es dramática. Un ejemplo claro es la deuda de Texaco[7], empresa que destruyó las bases de subsistencia de las comunidades y condicionó la sustentabilidad de grandes zonas de la Amazonía ecuatoriana.

El gobierno de Correa, que en un comienzo de su gestión en el 2007 se distanció del FMI y del BM, sin embargo mantuvo relación con el BID y la CAF, y finalmente terminó solicitando créditos al BM en 2014 y al FMI en 2016. Durante su período continuó pagando las deudas, aun cuando muchas de ellas habían sido declaradas ilegítimas. Además, se endeudó con China principalmente para infraestructura, proyectos hidroeléctricos y mineros, que han provocado graves conflictos socio ambientales.

Hoy Moreno, conociendo el nefasto papel que han cumplido el FMI y otras IFIS, retoma la relación con ellas para pedir más créditos y ajustarse a sus condicionalidades en una coyuntura muy peligrosa, liderada por la ultraderecha de Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, países con el mayor poder de decisión dentro del FMI y del BM. Con estos y otros gobiernos, neoliberales y represivos, las transnacionales encontrarán mayor repunte en la región.

Vuelve el lenguaje neoliberal. Se habla de modernización, competitividad, reformas laborales, privatización de sectores estratégicos, más facilidades para la inversión extranjera, incremento tributario. Se debilitan las normas ambientales y se imponen proyectos en los territorios, afectando a los pueblos y a la naturaleza. Es decir, se profundiza la lógica de la explotación y el saqueo que empobrecerá más a la población, aumentando la deuda externa e incrementando la deuda social y ecológica que tienen las IFIS con nuestro país.

La opción del gobierno ha sido llegar a un acuerdo con el FMI; la de los pueblos es apostar por la construcción de formas de vida autónomas y el respeto de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Y desde el rechazo a las nuevas negociaciones con el FMI, exigir la reparación integral de los daños causados a cuenta de la deuda social y ecológica.




[1] "DEUDA ECOLÓGICA: impactos de la deuda externa en las comunidades y la naturaleza" Acción Ecológica (2009) http://www.accionecologica.org/deuda-ecologica/documentos/1177-nueva-publicacion-qdeuda-ecologica-impactos-de-la-deuda-externa-en-las-comunidades-y-la-naturalezaq

[2]  Informe Auditoría Deuda Multilateral. Informe Consolidado Auditoría Integral Créditos para Políticas y Proyectos Sectoriales (2008) www.auditoriadeuda.org.ec

[3]  Idem

[4]  Mancero, Piedad (2008) “Un caso de colusión: créditos para el Plan Brady” en "DEUDA ECOLÓGICA: impactos de la deuda externa en las comunidades y la naturaleza" Acción Ecológica (2009) http://www.accionecologica.org/deuda-ecologica/documentos/1177-nueva-publicacion-qdeuda-ecologica-impactos-de-la-deuda-externa-en-las-comunidades-y-la-naturalezaq

[5]  Créditos para la ejecución del proyecto Multipropósito Jaime Roldós Aguilera ejecutado por CEDEGE. Auditoría Integral del Crédito Público. www.auditoriadeuda.org.ec

[6]  Debido a la paralización de la Hidroeléctrica el gobierno de Correa expulsó a Odebrecht del país e impuso una demanda en la Cámara arbitral del París por las irregularidades del crédito de BNDES a la empresa. Sin embargo un tiempo después el gobierno negoció con Odebrecht la reparación de la hidroeléctrica, retiró la demanda y le otorgó nuevas licitaciones como las de la Refinería del Pacífico, las mismas que fueron denunciadas dentro de las coimas que Odebrecht pagaba por obtener los contratos.            

[7]   “¿Cuánto nos debe Texaco? Un caso de deuda ecológica. www.accionecologica.org