Estudiantes de la PACID frente al cierre de Acción Ecológica en Ecuador Imprimir
Martes 03 de Enero de 2017 21:20

La relación de Valladolid con Ecuador, su naturaleza y su pueblo, es cada vez mayor entre otras razones por el creciente número de becados con el programa de Prácticas Académicas en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (PACID) que gestiona el Área de Cooperación de la Universidad de Valladolid. Su implicación se vio de forma clara y tangible cuando en el mes de mayo del pasado 2016 un terremoto azotó causando enormes daños humanos y materiales. En ese momento, voluntarios tanto de PACID como de otras organizaciones que desde Valladolid habían viajado al país latinoamericano se unieron para coordinar la acción de sensibilización frente al desastre y recogida de fondos para paliar sus consecuencias.

Esta vez la alarma ha saltado en la comunidad de Nankims, en la provincia de Morona Santiago, al sur de la Amazonia ecuatoriana cuando el jueves 11 de agosto de 2016, un operativo militar desalojó a los habitantes de dicha comunidad al haberse concedido la explotación minera de esos terrenos a la empresa Resources Corriente (EXSA), de capital chino registrada en Canadá, para la extracción de cobre, oro y molibdeno, mediante el proyecto minero Panantza-San Carlos. En respuesta, el grupo de voluntarias del Programa en el Ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo (PACID) del área de Cooperación de la Universidad de Valladolid, ha publicado un comunicado en el que hacen un repaso de los antecedentes y de la situación actual del conflicto entre dichas comunidades y el colectivo Acción Ecológica frente al Gobierno Ecuatoriano y las empresas interesadas en las explotación de los recursos mineros.

Acción Ecológica es una organización ecuatoriana que trabaja “en la denuncia y la reacción pública a los proyectos gubernamentales que acarrean daños socioambientales dentro del territorio ecuatoriano”, según argumentan en su documentado comunicado. Además del daño medioambiental, señalan el atropello a las realidades indígenas de esta explotación, ya que dicha zona es territorio ancestral del pueblo Shuar, conocido como “el pueblo de las cascadas sagradas”, que ni siquiera ha sido consultado acerca del proyecto minero tal y como dicta la constitución ecuatoriana: “resulta inaudito que en el país pionero en elevar a nivel Constitucional los Derechos de la Naturaleza, el Derecho a la Resistencia o el Derecho Humano al agua, entre otros, se utilice a las Fuerzas Armadas para desplazar a comunidades campesinas e indígenas, para imponer mega-proyectos mineros que generan contaminación, violación de los Derechos Humanos y de la Naturaleza”.

Nuevos enfrentamientos entre los habitantes de Nankintz y las fuerzas armadas del estado ecuatoriano se saldan con varios heridos y un policía fallecido, por lo que el día 14 de diciembre de 2016 se declara el estado de excepción en la provincia de Morona Santiago y se dispone una “intervención integral” del ejército y la Policía Nacional en la zona. Con estos antecedentes, el 20 de diciembre de 2016 Acción Ecológica denunció “la solicitud de procedimiento administrativo de cierre (extinción y disolución) de nuestra organización solicitada por Diego Torres Saldaña, Vice-Ministro de Seguridad Interna, al Ministro del Ambiente -a instancias de la empresa minera EXSA- , por desviarnos de los fines y objetivos para los cuales fuimos constituidas” con un comunicado en su página web. Acusación a la que responden negando la mayor, ya que entre sus objetivos fundacionales está “promover la defensa de los derechos de la naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medio ambiente sano y alcanzar los derechos del buen vivir, promoviendo el respeto integral”. Los estudiantes firmantes del comunicado reivindican el papel de Acción Ecológica frente a la amenaza firme de cierre de una organización con más de 30 años de experiencia siendo parte integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Denuncian a su vez que ya en 2009 se llevó a cabo el mismo procedimiento, resolviéndose finalmente en favor del colectivo ecologista.

La respuesta a estos hechos ha sido inmediata con actos como la concentración convocada en Barcelona por Ecologistes en Acció, Entrepobles y Alerta Amazònica; a nivel internacional, la respuesta desde movimientos sociales y ecologistas está siendo también unánime. Por todo ello, el grupo de voluntarias del Programa en el Ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo del área de Cooperación de la Universidad de Valladolid pide tanto al Gobierno de Ecuador, su presidente Rafael Correa, como a la comunidad internacional:

  1. Proteger al pueblo Shuar frente los ataques a su comunidad, no imponer estados de emergencia, ni detener a los líderes indígenas.
  2. Poner fin al proyecto minero Panantza-San Carlos.
  3. Restaurar los derechos del territorio del pueblo Shuar e indemnizarlos por la violación de los derechos humanos que han sufrido a lo largo de todo este proceso.
  4. Poner en marcha los mecanismos necesarios para que las comunidades puedan expresar su voluntad a través de las consultas previas previstas en la Constitución.
  5. Retirar el proceso administrativo de cierre de Acción Ecológica.

PDF - Apoyo y retrospectiva del grupo de voluntarias del Programa en el Ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo (PACID) del área de Cooperación de la Universidad de Valladolid a Acción Ecológica