La Defensoría del Pueblo del Ecuador, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, encargada de la protección y promoción de los derechos de las personas que habitan en el país, ante lo sucedido a partir del 8 de mayo de 2018, en la comunidad de Río Blanco, ubicada en la parroquia Molleturo[i], cantón Cuenca, provincia del Azuay, manifiesta lo siguiente:

En la mencionada parroquia, se llevan adelante proyectos de explotación minera, y desde hace algunos años, personas que forman parte de las comunidades han denunciado diversas afectaciones a sus derechos, principalmente relacionadas a la inadecuada implementación de procesos de consulta previa libre e informada, consulta ambiental, y afectaciones a derechos laborales.

Las organizaciones que adherimos esta comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por lo que está sucediendo en las comunidades de Río Blanco y Cochapamba ubicadas en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Desde la tarde del 8 de mayo una serie de hechos violentos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua.

El proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Ecuagoldmining S.A., filial de la china Junefield Resources S.A., afecta aproximadamente 5000 ha. en la zona del páramo del Macizo del Cajas que fue declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO; además parte de la concesión minera está dentro del Parque Nacional Cajas, lo cual es una violación de la voluntad popular expresada en la última consulta popular, que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas.

Las organizaciones y personas abajo firmantes saludamos la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de designar a la Doctora Gina Benavides Llerena como Defensora del Pueblo del Ecuador. Con esta decisión aspiramos a que se reabran las puertas de la Defensoría para las organizaciones defensoras de derechos humanos y la naturaleza y otras organizaciones sociales.

Durante los últimos años vimos una Defensoría que no mantuvo su independencia frente a políticas gubernamentales, dando lugar al cometimiento de graves vulneraciones de derechos sin que esta institución cumpla, como debía, con sus competencias de protección y tutela de los derechos de la población. Esto ocurrió principalmente en relación con la minería, el petróleo, las represas; con la situación de migrantes o víctimas de casos de tortura y detenciones arbitrarias o de líderes sociales criminalizados. No pocos casos en estos ámbitos tuvieron como respuesta de la Defensoría el silencio, el cierre unilateral de los procesos de acompañamiento, la escasa o nula investigación sobre los conflictos. Pueblos, comunidades y naturaleza quedaron muchas veces en la indefensión.