Las comunidades indígenas shuar expulsadas a la fuerza de la zona en donde se pretende ejecutar el proyecto minero Panantza-San Carlos, en Morona Santiago, a cargo de la empresa minera china Explocobres SA, EXSA, decidieron este martes volver a su territorio ancestral.

En agosto de este mismo año, las comunidades shuar asentadas en la Parroquia Panantza-San Carlos, fueron desalojadas de manera violenta de su territorio, mediante operativos policiales y militares desproporcionados. El desalojo forzoso de la comunidad de Nankintz fue fruto del abuso de autoridad por parte del Intendente Provincial de Morona Santiago quien autorizó el desalojo sobre una área de 94 hectáreas. Esta expulsión se realiza sin razón legal, debido a que solamente 2 hectáreas eran las que habían sido otorgadas mediante sentencia a la empresa EXSA.

Este territorio entra en conflicto, en los años 90 a raíz de la adjudicación de tierras que se produce de manera irregular y sin inspección alguna por parte del extinto IERAC  al señor Alvarado, que posteriormente procedería a vender a la empresa minera EXCA, en esos años, de capitales canadienses.

En las últimas décadas se ha dado en todo el mundo un proceso de descampesinización promovido por políticas promovidas por los grandes capitales vinculados al agronegocio, cuyo control de la producción, procesamiento, transporte y comercialización de alimentos en todo el mundo es cada vez mayor. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos hechos por las corporaciones y los Estados, la economía campesina aún ocupa un papel predominante en la construcción de la soberanía alimentaria de los pueblos.

Hasta el 80% del alimento en los países del Sur son producidos por pequeños agricultores, a pesar de que sus espacios agrícolas son muy reducidos1.

En el Ecuador, el 56% de la agricultura corresponde a fincas pequeñas que ocupan menos del 3% de la tierra. En ellas se produce más de la mitad de las hortalizas; 46% del maíz; más de un tercio de las legumbres y cereales; 30% de las papas y 8% del arroz2.

El sistema agroalimentario corporativo, que pretende desplazar completamente la producción campesina para ocupar este “nicho de mercado”, impulsa, entre otras, la estrategia de desarrollar legislaciones anti-campesinas, e imponer normas que sean imposible de cumplir por parte de campesinos y campesinas.

En el Ecuador se está trabajando al momento en un paquete normativo que incluye: la aplicación de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales (Código Ingenios); la imposición de sistemas de certificación sobre las semillas (Ley de Agrobiodiversidad y Semillas); imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias, de inocuidad de los alimentos y de buenas prácticas de manufactura.

Estas normas son analizadas a continuación.

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