Las organizaciones y personas abajo firmantes saludamos la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de designar a la Doctora Gina Benavides Llerena como Defensora del Pueblo del Ecuador. Con esta decisión aspiramos a que se reabran las puertas de la Defensoría para las organizaciones defensoras de derechos humanos y la naturaleza y otras organizaciones sociales.

Durante los últimos años vimos una Defensoría que no mantuvo su independencia frente a políticas gubernamentales, dando lugar al cometimiento de graves vulneraciones de derechos sin que esta institución cumpla, como debía, con sus competencias de protección y tutela de los derechos de la población. Esto ocurrió principalmente en relación con la minería, el petróleo, las represas; con la situación de migrantes o víctimas de casos de tortura y detenciones arbitrarias o de líderes sociales criminalizados. No pocos casos en estos ámbitos tuvieron como respuesta de la Defensoría el silencio, el cierre unilateral de los procesos de acompañamiento, la escasa o nula investigación sobre los conflictos. Pueblos, comunidades y naturaleza quedaron muchas veces en la indefensión.