AUMENTAN LAS AGRESIONES CONTRA DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA NATURALEZA Y LOS TERRITORIOS Imprimir
Jueves 30 de Mayo de 2019 16:30

ACCIÓN ECOLÓGICA DENUNCIA

Durante el feriado del 24 de mayo la sede de Acción Ecológica fue robada por personas desconocidas que se llevaron dos computadoras, sin sustraer ningún otro objeto. En las computadoras robadas había información relevante sobre campañas relacionadas con la defensa territorial frente a la actividad petrolera y el trabajo con las Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva. 

Este ataque a  la casa de Acción Ecológica se produce en el marco de las denuncias de nuestra organización a los Decretos Ejecutivos 751 y 752, suscritos por el Presidente Lenín Moreno. Uno de ellos, el 752, establece la reglamentación del Código Orgánico del Ambiente, permitiendo operaciones extractivas en zonas constitucionalmente prohibidas y vulnerando los derechos colectivos, individuales y de la naturaleza. El otro decreto permite operaciones petroleras en la zona de amortiguamiento, alrededor de la Zona Intangible, en el corazón del Parque Nacional Yasuní, lugar de mayor biodiversidad del planeta y donde viven los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario. Acción Ecológica está impulsando procesos y campañas que promueven los derechos de participación y determinación de las nacionalidades y pueblos, como en el caso del Yasuní, el seguimiento a la contaminación por los mecheros en la Amazonía, la denuncia en torno a las semillas transgénicas, casos de concentración del agua a causa de las represas, o las acciones contra la minería. Estas campañas podrían estar significando afectaciones para los intereses corporativos; y configuran también el escenario en el que se produce la transgresión de nuestras oficinas. 

Es importante, además, destacar el rol protagónico de las mujeres organizadas en el Ecuador, especialmente de las Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva frente al Extractivismo, en la visibilización, vocería y denuncia del extractivismo petrolero, que las ha expuesto a similares agresiones en sus territorios, donde también están siendo vulneradas sus casas.

Este es el caso de la presidenta de la nacionalidad Sapara, Nema Grefa, cuya vivienda fue saqueada el 9 de abril de 2019, incluyendo el robo de dos computadoras con información sensible sobre la Nacionalidad Sapara. Nema Grefa enfrenta varias amenazas de muerte y por ello se encuentra en el sistema de protección de testigos. Ella, a más de su familia y todo el Consejo de Gobierno Sapara cuentan con medidas cautelares por orden judicial. 

De igual forma, la vivienda de la defensora de derechos Margoth Escobar, el 29 de septiembre de 2018 fue incendiada de manera intencional. Este lugar ejercía también de espacio de reunión de las Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva frente al Extractivismo. 

Las agresiones a las oficinas y viviendas de las defensoras de la naturaleza, que son sus lugares íntimos y de trabajo, y que pretende hacerse ver como delincuencia común, se está constituyendo en un patrón de ataque dirigido contra las mujeres. 

En los últimos meses, integrantes de Acción Ecológica han sido objeto de diversas acciones intimidatorias: robos en sus domicilios, sustracción de sus objetos personales, robo de sus computadoras, vigilancias, ingresos a sus correos personales, e incluso la manipulación de las llantas del vehículo de una de las integrantes de nuestra organización poniendo en riesgo su integridad física y hasta su vida. 

Frente a estos ataques, quienes integramos Acción Ecológica y las defensoras en los territorios hemos interpuesto denuncias ante las autoridades competentes, sin que desde el Estado se hayan dado ni las respuestas ni las investigaciones oportunas para proteger a quienes defienden la naturaleza y los territorios, y evitar que estos crímenes queden impunes. 

Acción Ecológica denuncia públicamente estos hechos y exige una respuesta pronta y efectiva por parte de las autoridades. No pueden ser obviados ni tratados como delincuencia común. Solicitamos que la Fiscalía General del Estado promueva de manera inmediata la creación de una instancia especializada para tratar casos de ataque a defensoras y defensores de derechos, y adopte protocolos para su promoción y protección, como se establece en instrumentos internacionales, incluyendo el Acuerdo de Escazú, recientemente firmado por el Gobierno del Ecuador.