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Boletín de prensa. Proyecto minero chino genera convulsión en territorio Shuar en la Parroquia Panantza San Carlos, Morona Santiago PDF Imprimir Correo electrónico
Lunes 21 de Noviembre de 2016 22:29

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Las comunidades indígenas shuar expulsadas a la fuerza de la zona en donde se pretende ejecutar el proyecto minero Panantza-San Carlos, en Morona Santiago, a cargo de la empresa minera china Explocobres SA, EXSA, decidieron este martes volver a su territorio ancestral.

En agosto de este mismo año, las comunidades shuar asentadas en la Parroquia Panantza-San Carlos, fueron desalojadas de manera violenta de su territorio, mediante operativos policiales y militares desproporcionados. El desalojo forzoso de la comunidad de Nankintz fue fruto del abuso de autoridad por parte del Intendente Provincial de Morona Santiago quien autorizó el desalojo sobre una área de 94 hectáreas. Esta expulsión se realiza sin razón legal, debido a que solamente 2 hectáreas eran las que habían sido otorgadas mediante sentencia a la empresa EXSA.

Este territorio entra en conflicto, en los años 90 a raíz de la adjudicación de tierras que se produce de manera irregular y sin inspección alguna por parte del extinto IERAC  al señor Alvarado, que posteriormente procedería a vender a la empresa minera EXCA, en esos años, de capitales canadienses.

Desde entonces la población local ha estado sometida a continuas presiones, hostigamientos, amenazas, operativos militares y vulneración de derechos para que salgan de la zona en la cual mantenían el derecho de posesión para que pueda ser entregada a capitales chinos.

El retorno y las acciones emprendidas por las comunidades este día martes, se encuentran insertas en un contexto de continua violación de derechos humanos y colectivos, de omisiones de garantía de derechos por parte del Estado ecuatoriano, tales como:

- El derecho a la consulta y convenios internacionales como el de la OIT y La Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas,

- El incumplimiento del mandato minero constatado por la propia Contraloría General del Estado,

- La falta de regulación de autoridades como el Ministerio del Medio Ambiente que otorgó licencias ambientales al proyecto minero Panantza-San Carlos. Estas licencias estaban basadas en un Estudio de Impacto Ambiental presentado 10 años atrás cuando estaba vigente otra normativa constitucional, otra legislación minera y una legislación ambiental distinta a la actual.

La comunidad de Nankintz, ha acudido durante mucho tiempo a las instancias oficiales y legales  como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minería o la Embajada China en Ecuador para intentar obtener una interlocución sobre este grave conflicto. Frente al silencio, maltrato y la ausencia de respuesta de estas instancias así como del Estado ecuatoriano, que debiera ser el encargado de garantizar el cumplimiento de derechos, la comunidad de Nankintz no ha tenido más opciones que acogerse al camino de la resistencia constitucionalmente reconocida para poder ejercer el derecho a vivir en sus territorios y defender sus fuentes de vida.

Exhortamos a instancias como la Defensoría del Pueblo, que ha mantenido silencio permanente frente a los desalojos forzosos ocurridos en Morona Santiago y Zamora Chinchipe, a pronunciarse en este grave acontecimiento originado por esta misma empresa china.

Hacemos un llamado a la sociedad civil y a la comunidad internacional para que estén vigilantes a las posibles consecuencias que puedan derivarse de una nueva agresión en la zona por parte de la fuerza pública ecuatoriana. Esta situación podría generar como resultado una confrontación violenta para los actores implicados en el conflicto y especialmente para el pueblo shuar, que ya ha vivido la impunidad de tres asesinatos por el conflicto minero en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

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