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El gobierno ha cometido una serie de arbitrariedades y faltas para dar paso a la industria minera.
Por ejemplo, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría del Crédito Público-CAIC-, la misma que calificó de ilegítima a la deuda contraída con el Banco Mundial para el Proyecto de Minería y Control Ambiental -PRODEMINCA- y sugirió anularla por haber injerido en la política estatal y por violar los derechos colectivos, entre otras razones. El gobierno también ha incumplido el Mandato Minero, aprobado por la Asamblea Constituyente, puesto que no ha revertido las concesiones mineras a las empresas extranjeras. Además, recientemente, para la aprobación de la Ley de Minería se ignoró la opinión y derechos de las organizaciones y poblaciones locales, campesinas e indígenas. Aún más, ha omitido la existencia de una demanda de inconstitucionalidad de la mencionada Ley de Minería ante la Corte Constitucional.
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Lecciones de la sentencia de constitucionalidad de la Ley Minera
Los oráculos constituyeron uno de los lugares más importantes para la antigüedad. En ellos se producían revelaciones generalmente ambiguas y enigmáticas y las personas tomaban decisiones para su vida cotidiana individual y comunitaria, política y económica con base en sus designios. Hoy en día no se recurre a los oráculos, pero no por ello nos está negado conocer el futuro, y en él, el buen y el mal devenir.
¿Por qué hablar de oráculos cuando el tema que motiva este escrito es el de la justicia constitucional en el Ecuador? Porque la reciente sentencia de la Corte sobre la constitucionalidad de la Ley Minera constituye el mejor oráculo para anticipar el destino de los derechos reconocidos en la Constitución de 2008. Empecemos explicitando el designio: ninguno de los derechos relacionados con las nacionalidades indígenas, los campesinos o cualquier comunidad inserta en conflictos socio - ambientales y los de la naturaleza serán justiciables bajo el modelo de justicia constitucional ecuatoriano vigente.
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En los últimos días, a través de
los medios de comunicación, hemos escuchado hablar de las
operaciones mineras de la empresa chilena CODELCO en el ecuador. La
Corporación Nacional del Cobre de Chile -CODELCO- es la primera
productora de cobre del mundo y posee cerca del 30% de las reservas
de este mineral. En junio del 2009 CODELCO firmó un convenio de
exploración minera con el estado ecuatoriano, siendo el tercer
acuerdo entre los dos países en materia de recursos no renovables.
En el 2003 se firmó un convenio minero y en el 2008 se creó una
empresa formada por la chilena Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y
Petroecuador.
CODELCO tiene opciones de exploración en más
de 10 puntos del territorio nacional. En el futuro próximo se espera
la constitución de una empresa mixta entre la empresa chilena y la
estatal ecuatoriana Enami-EP. De encontrar algún yacimiento
rentable, la empresa chilena tendrá una participación del 49% y
el Estado ecuatoriano 51%.
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Resumen
En las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en el sudeste de Ecuador, están avanzando en territorio amazónico de gran biodiversidad, algunos proyectos mineros de gran envergadura de cobre y oro de empresas canadienses. Lo mismo ocurre en el lado peruano de la frontera. Este es territorio Shuar. Los proyectos implican una gran producciónde residuos y el uso de mucha agua y energía, así como nuevas vías de transporte. Podemos comparar beneficios económicos y pasivos socio-ambientales. Los actores de esos conflictos, tienen distintos intereses y apelan a distintos valores que son inconmensurables entre sí, entre ellos la ganancia económica, el desarrollo del país, la sacralidad del territorio y los derechos indígenas. Entre los actores hay organizaciones conservacionistas internacionales y nacionales que, paradójicamente, no se oponen a la minería. Trazamos la historia de los últimos veinte años, explicando las resistencias de los Shuar y las divisiones entre ellos. En el 2006 la resistencia a la actividad minera logró parar la construcción de una central hidroeléctrica cuya producción iría destinada a la industria minera. El gobierno del Presidente Correa se inclina a la explotación de los recursos mineros habiendo dado una nueva Ley de Minas en 2009 que contradice la Constitución del 2008 y su objetivo del “buen vivir”. Hay represión contra los que se oponen a la minería a cielo abierto. Organizaciones ecologistas ecuatorianas y extranjeras apoyan las resistencias locales. Una nueva propuesta en el parlamento de Canadá (C-300) intenta regular la responsabilidad social y ambiental de las empresas mineras canadienses en el extranjero.
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ACALLAN LA VOZ DE LOS SHUAR
El 17 de diciembre del 2009, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones -CONATEL- canceló el contrato de concesión de frecuencia de la Radio la Voz de Arutam. Esta radiodifusora permite desde Sucúa, Morona-Santiago, la difusión del trabajo de la Federación Interprovincial de Centros Shuar -FICSH, siendo el principal medio de comunicación para las comunidades indígenas de la región suroriental del Ecuador.
La Constitución del Ecuador, en su Capítulo II de los Derechos del Buen Vivir, Art. 16, reconoce el derecho a “una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”; también el Art. 57, lit. 21 reza que los pueblos indígenas tienen el derecho a ver reflejada su cultura, tradición, historia y aspiraciones a través de los medios de comunicación, que pueden ser creados por ellos mismos y en su propio idioma. El cierre de la radio Arutam viola estos y otros derechos reconocidos internacionalmente.
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Aún durante el proceso de proposición y discusión de la Ley de Minería, su texto causó malestar en diversos sectores sociales del país, en particular en los campesinos usuarios de aguas, en el de los pequeños mineros, en el ambientalista y, en los pueblos indígenas. Estos sectores han realizado observaciones tanto a los proyectos como a la ley, una vez ésta expedida. Estas observaciones versan sobre los siguientes aspectos: la territorialidad indígena, la consulta previa, la calidad de las aguas, los ecosistemas críticos, los riesgos de desastres, entre otros, con los que según esos sectores, la Ley de Minería estaría infringiendo la Constitución Política del Estado Ecuatoriano debido a los impactos socioambientales que ésta promovería en su aplicación. De esta manera, según los opositores a la Ley en cuestión, se estaría afectando al derecho de los ecuatorianos al Sumak Kawsay o Derecho al Buen Vivir.
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Entre 1994 y el 2001 el Banco Mundial financió sólo en América Latina a 27 proyectos mineros de envergadura. Asimismo, por un monto de 790 millones de dólares. (El número de países, a nivel mundial, con actividad minera pasó de 105 en 1990, a 151 a mediados de la misma década.)
El Banco Mundial, a través de su brazo financiero, la Corporación Financiera Internacional, comenzó a tener participación accionaria en proyectos mineros en la región.
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ANTECEDENTES
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL ECUADOR, HISTÓRICAMENTE, SE HA SITUADO EN LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA Y EN LA AGROEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS
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LA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO HA CONDENADO AL PAÍS A LA EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO DE LA ECONOMÍA: CACAO, CAFÉ, BANANO, ARROZ, BALSA, PESCADO, ETC.
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ESTUDIOS SERIOS HAN DETERMINADO QUE POR CADA DÓLAR SITUADO EN EL PAÍS, LE HA RENDIDO CUATRO A LA INVERSIÓN FORÁNEA
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“Los pobladores comenzaron a defender sus tierras de la minería en un son pacífico. Ingresaban los mineros y con la colaboración de las diferentes comunidades de la parroquia de Pacto lograron que los mineros se retiraran, pero siempre volvían con más fuerza. Hace 4 meses ingresaron con personal armado, la gente comenzó a vivir atemorizada porque circulaban armados. La gente luego de eso siguió oponiéndose pacíficamente, pero comenzaron a recibir amenazas de muerte, también los hermanos Miranda habían sido amenazados anteriormente, y las agresiones demuestran que los sicarios cumplieron con sus amenazas”.
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POR EL REGRESO DE LA MATRIA
A través de este artículo se pretende explicar como la sobreposición de derechos de uso para la actividad minera constituye la principal amenaza para el derecho al uso sustentable de los recursos naturales renovables y para la integridad ecológica y cultural del país.
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Demanda por los derechos del mar bajo el principio de Jurisdicción Universal 
