COMUNIDAD SIGSIG Y EMPRESA IAMGOLD PDF Imprimir Correo electrónico
Domingo 31 de Diciembre de 2000 19:00

La Comunidad de Sígsig y la Empresa IAMGOLD

Duración del conflicto 1998 hasta 1999
Ubicación: Cantón Sígsig, provincia del Azuay
Población afectada: Habitantes del cantón
Ejecutora de proyecto: Empresa minera IAMGOLD
Iniciadores del Conflicto: Organizaciones sociales, municipio e Iglesia
Autoridades y/o entidades oficiales involucradas: Ministerio del Medio Ambiente,INEFAN, Dirección Nacional de Minas, DINAMI
Bienes comprometidos: Bosques, cuencas hídricas, tierras agrícolas, aire, bienes arqueológicos


El cantón Sígsig está situado en la provincia del Azuay, al sur-este de la ciudad de Cuenca. En el habitan unas 32 mil personas cuyas actividades principales están vinculadas a los recursos naturales de a zona; se dedican a la producción agrícola: maíz, fréjol, habas, huertos de hortalizas y frutales. Las mujeres se dedican a las artesanías y al procesamiento agro-industrial de productos que cultivan.Sígsig es considerado un lugar privilegiado por su gran riqueza natural y por valores culturales relaciones con sus ancestros cañari e inca. Sus vestigios arqueológicos constituyen parte del patrimonio nacional.Cuenta con algunos yacimientos mineros (Ayllón, Santo Domingo, Santa Bárbara, Piñazhún, Quebrada Oscura, Quebrada Rica), los mismos que han sido el atractivo para los mineros artesanales, y actualmente, para empresas transnacionales.
En mayo de 1997, la empresa minera IAMGOLD solicitó al Estado la concesión de tres zonas mineras: Epsilon I, Epsilon II y Epsilon III (la primera ubicada en el bosque protector Santa Bárbara), a fin de emprender la explotación de oro a gran escala. Estas tres zonas suman una extensión de 10 mil 343 hectáreas y están localizadas en los cantones Sígsig, Chordeleg y Gualaquiza, ubicadas políticamente en las provincias de Azuay y Morona Santiago (está última, en la región amazónica).
El estudio de impacto ambiental, que involucra a los cantones Chordeleg - Sigsig - Gualaquiza, no explica cómo se llevaría a cabo la actividad ni cuáles serían los impactos.
A partir de la presencia de la empresa, con el apoyo decidido de la Iglesia, se logró una posición común frente a la actividad minera, entre los distintos sectores del cantón, lo que les permitió emprender las siguientes acciones:
Organizaciones, comunidades e instituciones cantonales llevaron a cabo una serie de reuniones y talleres informativos sobre las implicaciones de la actividad minera y la necesidad de proteger los bienes ambientales.
La comunidad sigseña (mujeres niños, educadores, artesanos, agricultores, estudiantes y autoridades) realizó, en octubre de 1999, una gran marcha y una misa denominada "La vida y amor a la Naturaleza", afianzando así la posición del pueblo.
También se enviaron comunicaciones a las autoridades de los tres cantones, para que actúen frontalmente y de manera decidida en contra de la explotación minera en sus tierras. Otra comunicación fue enviada por el alcalde de Sigsig a la Dirección Nacional de Minería, pidiendo que no se otorgue concesiones en la zona y anticipando que la población no permitirá una intervención minera.
En uno de los eventos, que congregó a organizaciones sociales, líderes comunitarios, miembros de la pastoral y a las delegaciones municipales de los cantones que serían los afectados (Sigsig, Chordeleg, Gualaquiza, Comuna San Sebastián), se tomó la decisión de oponerse a la actividad minera debido a los riesgos de destrucción ambiental y de afectación social, que corren las poblaciones, especialmente las que habitan en las partes circundantes a los bosques. Además, se afectaría a la represa Amaluza, que alimenta al proyecto hidroeléctrico más grande del Ecuador.
Estos actores enviaron a las autoridades provinciales y nacionales y a los medios de comunicación, un pronunciamiento en los siguientes términos:
Rechazar la presencia arbitraria de mineros artesanales y compañías mineras en zonas forestales y áreas de protección de recursos hídricos.
§ Exigir a las autoridades mineras respetar el derecho de consulta que tienen las poblaciones locales, contemplado en la Constitución de la República.
§ Pedir que se cumpla el derecho que tienen los pobladores a vivir sin contaminación.
§ Pedir a los diputados su intervención para que se respeten los bienes ambientales de la zona y el bienestar de los pobladores.
§ Advertir a la sociedad sobre la falta de consulta y participación ciudadana en la reforma a la Ley de Minería, que establece la entrega de los subsuelos del país a las transnacionales sin respetar áreas frágiles, suelos agrícolas ni derechos colectivos de los pueblos.
Otra de las acciones fue solicitar al Instituto Regional de Patrimonio Cultural del Austro, un inventario de los santuarios de altura y de los sitios arqueológicos Cañari e Inca. A partir de ello, una misión de arqueólogos e historiadores americanos y europeos, programaron ingresar a la zona para realizar estudios en la "laguna encantada" del Ayllón, y sus alrededores.
También se pidió a la Dirección de Minería del Austro y al INEFAN un pronunciamiento respecto a las concesiones mencionadas. El director de esa entidad aclaró que las empresas que contaban con el visto bueno eran las empresas mineras Río Tinto y Newmount; sin referirse a la empresa IAMGOLD, Ecuador S.A., cuya consultora Orotierra, había realizado las actividades de exploración en las zonas mencionadas, e incluso había depositado la cantidad de 25 mil dólares en la entidad forestal.
La comunidades referidas han expresado que seguirán emprendiendo acciones hasta cuando las instituciones oficiales y, particularmente, las empresas mineras, abandonen sus proyectos.