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Nuevas normas anti-campesinas

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En las últimas décadas se ha dado en todo el mundo un proceso de descampesinización promovido por políticas promovidas por los grandes capitales vinculados al agronegocio, cuyo control de la producción, procesamiento, transporte y comercialización de alimentos en todo el mundo es cada vez mayor. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos hechos por las corporaciones y los Estados, la economía campesina aún ocupa un papel predominante en la construcción de la soberanía alimentaria de los pueblos.

Hasta el 80% del alimento en los países del Sur son producidos por pequeños agricultores, a pesar de que sus espacios agrícolas son muy reducidos1.

En el Ecuador, el 56% de la agricultura corresponde a fincas pequeñas que ocupan menos del 3% de la tierra. En ellas se produce más de la mitad de las hortalizas; 46% del maíz; más de un tercio de las legumbres y cereales; 30% de las papas y 8% del arroz2.

El sistema agroalimentario corporativo, que pretende desplazar completamente la producción campesina para ocupar este “nicho de mercado”, impulsa, entre otras, la estrategia de desarrollar legislaciones anti-campesinas, e imponer normas que sean imposible de cumplir por parte de campesinos y campesinas.

En el Ecuador se está trabajando al momento en un paquete normativo que incluye: la aplicación de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales (Código Ingenios); la imposición de sistemas de certificación sobre las semillas (Ley de Agrobiodiversidad y Semillas); imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias, de inocuidad de los alimentos y de buenas prácticas de manufactura.

Estas normas son analizadas a continuación.

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