DE PACHA MAMA SAGRADA A MERCANCIA PRIVADA Imprimir

Septiembre 2010

con  los negocios REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques) SOCIO BOSQUE-SOCIO PARAMO Y PROFORESTAL

El agua, las montañas, los páramos, el aire, la tierra, las plantas, los árboles han estado siempre en nuestros  territorios de los pueblos y nacionalidades. Nuestros abuelos y nuestras abuelas han sabido cuidarlos desde hace miles de años, han sabido protegerlos y respetarlos. Y todo eso nos han enseñado: entender que la Pacha Mama está viva que nos otorga regalos que hay que cuidar.

Ahora nuestra Pacha Mama está en peligro, sus regalos son considerados por algunos sectores como  mercancías  que tienen un precio y se pueden vender, ahora la naturaleza brinda servicios por los cuales se debe pagar. Para que la naturaleza y la cultura de los pueblos puedan ser vendidas y compradas se necesita que alguien se apropie de ellas a través de diferentes mecanismos que les conceden derechos de uso, negociación y comercialización en el mercado nacional e internacional. Quitando a nuestros pueblos y nacionalidades los legítimos derechos de uso, manejo y control del territorio.

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¿Cómo lo hacen?

1.- Convirtiendo por ley o decreto el agua, la fotosíntesis de los árboles, la polinización, la fertilidad del suelo, el conocimiento ancestral sobre plantas, la cultura, la identidad espiritualidad de los pueblos en SERVICIO AMBIENTAL.

2.- Logrando que los pueblos indígenas cedan sus derechos de uso y manejo del territorio a un tercero (ONG, Estado, cualquier persona) a través de contratos, proyectos o programas que ofrecen generalmente una cantidad de dinero.

3.- Vendiendo esos servicios ambientales en el mercado nacional o internacional a otras personas, empresas, estados.

 ¿Cuál es el peligro?

La venta de servicios ambientales o del CARBONO permite que otros decidan sobre nuestros territorios, a través de planes de manejo que limitan las actividades tradicionales como por ejemplo: el pastoreo, el riego, la siembras, caza, pesca, el libre tránsito, la utilización de los árboles para cualquier fin doméstico o comercial, el mantenimiento de la cultura y la identidad.  Estos contratos además de despojar a los pueblos de sus derechos,  tienen castigos económicos, judiciales y penales en caso de incumplimiento de los mismos.

¿Qué está pasando ahora?

El ministerio del ambiente y el Programa Naciones Unidas quieren que en el Ecuador se  imponga un negocio de la naturaleza que se llama  la REDD (Reducción de Emisiones por deforestación y Degradación de Bosques).

Para aplicar este negocio se van hacer nuevas leyes como el “Código Ambiental”, y regular el Art. 74 de la constitución de manera que las comunidades pueblos y nacionalidades pierdan sus derechos sobre sus territorios y poder negociar con empresas, otros gobiernos , bancos, o el sistema financiero internacional el carbono, la biodiversiadad, el agua de esos territorios indígenas,

En estos negocios está involucrada la cooperación internacional, como  la FAO,USAIDD, GTZ, Bancos como el banco alemán KfW, el Banco Mundial a través de GEFF,  ONGs internacionales como CI,  TNC, FUNDAR, FAN, Private Forest Network

OPOSICIÓN AL SOCIOBOSQUE Y AL SOCIOPARAMO

En el Ecuador la CONAIE,  ECUARRUNARI , CONFENIAE nos hemos manifestado reiteradas ocasiones y expresado nuestra oposición  al proyecto SocioBosque  y Socio Páramo .

El Ministerio del Ambiente pretende tomar control sobre 4 millones de Has de bosques y 800.000 de páramos a través de convenios con comunidades locales. El objetivo del Ministerio del Ambiente es colocar esta propuesta en los planes de REDD -Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques. Esto permitiría al gobierno negociar los bosques de los pueblos indígenas en los mercados de carbono y de otros servicios ambientales


¿POR QUÉ LAS COMUNIDADES SE OPONEN AL SOCIOBOSQUE Y SOCIOPARAMO?

A fines del 2008 el Ministerio del Ambiente del Ecuador inició la ejecución del Proyecto SocioBosque, y en el 2009 el proyecto Socio Páramo, con el argumento de que eran soluciones para resolver el problema del cambio climático y al mismo tiempo entregar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas incentivos por la “conservación” de tierras. Sin embargo, como lo declara Max Lascano, Director del programa Socio Bosque el programa busca comercializar, con empresas públicas o privadas, servicios ambientales como agua , biodiversidad y carbono, gracias a contratos firmados entre el gobierno y las comunidades locales.

Tampoco se trata de “conservación” pues el SocioBosque no evitaría que se realicen actividades destructivas como minería o extracción de petróleo en las áreas sujetas al convenio.

Para poder entrar en el competitivo mercado de servicios ambientales, el Ministerio del Ambiente se está asegurando que la vigencia de los contratos sea de 20 años renovables automáticamente por 20 años más.

EL CONTRATO

Como primer requisito, para que las comunidades y los propietarios individuales accedan a estos proyectos deben presentar los títulos de propiedad de sus tierras y territorios. El convenio conlleva 15 obligaciones para las comunidades mientras que para el Ministerio solo 3.

Una de las obligaciones del ministerio es monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los “ejecutores” -los propietarios y comunidades- para lo cual, en la cláusula sexta, se reserva el derecho a realizar inspecciones in situ en cualquier momento, hacer uso de sensores remotos, fotografías aéreas o cualquier otra técnica disponible. A su vez, el firmante comunitario debe presentar cada año una declaración juramentada del estado del proyecto. Esto significa una constante vigilancia a los dueños de los bosques, bajo control de seguridad y posiblemente hasta policial como se ha visto en casos similares en Brasil.

El contrato contempla numerosas obligaciones lesivas para las comunidades. Una de ellas se refiere a la renuncia a realizar actividades como cacería, pesca, cambio de uso del suelo (agricultura) o tala, bases tradicionales para el sostenimiento de la soberanía alimentaria. Para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el “ejecutor” el estado se reserva el derecho de establecer sanciones de orden civil, penal y administrativas como la devolución total o parcial de los “incentivos” entregados por el ministerio según lo estipula la cláusula novena sobre daños y perjuicios. Esta cláusula es una clara renuncia a los derechos colectivos de los pueblos.

Dado que las comunidades no podrán reunir el dinero necesario para dicha devolución, esta cláusula es un candado que impediría la salida anticipada del proyecto por parte de los propietarios y comunidades. Con este contrato estarían encadenados al programa socio bosque por muchos años


MARCO LEGAL

De acuerdo a la Constitución del 2008, en el Art. 74, se establece que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Añade que los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. A su vez, en el Art. 313 se estipula que “el estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los recursos estratégicos y se incluye a la biodiversidad, el agua y el patrimonio genético como recursos estratégicos”. Por su parte, el Art. 316 dice que el estado podrá delegar la participación de los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga la mayoría accionaria”. “El estado podrá de forma excepcional, delegara a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria , el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”.

También en el proyecto de código ambiental, el estado se reserva el derecho de ser el titular de los recursos estratégicos pero puede negociarlos con terceros, sean estos estados, empresas o las ONG. Esto confirma la posibilidad de que los servicios ambientales creados en las áreas referidas al SocioBosques podrían ser negociadas por entidades públicas o privadas.

Art. .- De la Biodiversidad como recurso estratégico.- La biodiversidad y el patrimonio genético son considerados por el Estado como sectores y recursos estratégicos en todas sus formas. Por tal motivo, el Estado se reserva para sí la titularidad para ellos y el ejercicio de su rectoría, administración, regulación, control y gestión, de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y este código.

Por su parte, la Ley de Seguridad Pública determina que se debe someter a una regulación especial los recursos estratégicos establecidos en la constitución (Art. 42). Esto incluye biodiversidad, patrimonio genético y agua, los espacios geográficos que los contienen, los servicios y las actividades y a las empresas públicas y privadas. Sobre la protección de instalaciones e infraestructura (Art.43) el ministro de defensa, ante circunstancias de inseguridad crítica que pongan en peligro la gestión de empresas públicas o privadas responsables de la gestión de los recursos estratégicos, dispondrá a las fuerzas armadas la protección de las instalaciones e infraestructura. Los gobiernos autónomos descentralizados acatarán las disposiciones de esta normativa independientemente de su autonomía administrativa. Esto significa que las áreas sometidas al SocioBosque, al ser estratégicas podrían ser inclusive militarizadas.

La cláusula décimo primera del contrato sostiene que el marco regulatorio son las leyes actuales pero también aquellas que a futuro el Ministerio emita para el efecto como lo establece la cláusula. De esta forma las comunidades se estarían comprometiendo a obligaciones contractuales desconocidas.

El estado, con los contratos por 4 millones de hectáreas, podría estar negociando con los bosques y territorios de los pueblos indígenas al ponerlos como garantías para la obtención de bonos, préstamos o fondos tipo REDD. El SocioBosque no es sino otra cara del capitalismo verde.

La situación de vulnerabilidad para las comunidades se acrecentaría con el Plan nacional de forestación y reforestación que se ejecuta a través de PROFORESTAL pues promueve 1 millón de hectáreas de plantaciones de monocultivos forestales para la venta de certificados de reducción de emisiones (CER) en el mercado de carbono global.

Mientras los países del norte continúan perpetuando el consumo desmesurado y voraz de recursos energéticos, en lugar de detener sus emisiones a los pueblos indígenas del Sur se les está empujando a la perdida definitiva de sus derechos colectivos sobre sus territorios