Una vez más las lógicas de explotación y concentración de la riqueza vigentes en nuestro país, recaen sobre la población, los territorios y la naturaleza.
En respuesta a presiones del FMI y utilizando una justificación aparentemente ambiental, el gobierno elimina los subsidios a los combustibles mientras las políticas oficiales promueven la expansión de la frontera petrolera, minera y de los agronegocios, que son actividades empresariales con graves responsabilidades frente al cambio climático, a más de ser beneficiarias de subsidios perversos disfrazados de apoyos a la industria que garantizan la impunidad de las empresas.
Qué otra cosa puede ser sino subsidios a estas empresas la flexibilización de los controles ambientales a sus operaciones, como son los permisos para deforestar, para utilizar agroquímicos de manera recurrente incluso mediante fumigaciones aéreas, utilizar ingentes cantidades de agua dulce para el procesamiento industrial y convertir los esteros y ríos en vertederos de desechos tóxicos. Sólo la quema del gas a través de mecheros en las zonas petroleras durante 25 años equivale a 5 millones de millones de dólares.
¿No constituyen subsidios la construcción de carreteras con dinero público o el despliegue de fuerzas policiales o militares para otorgar seguridad y protección sobre todo frente a conflictos con las poblaciones afectadas?
A pesar de que el paquete de medidas tomadas es presentado como necesario para enfrentar el déficit de los fondos fiscales, las empresas mineras mantienen enormes privilegios, como son, entre otras, la exoneración del impuesto a la renta por 10 a 15 años a partir de que generen ganancias, la devolución del IVA, la exoneración del impuesto a la salida de divisas, la exoneración del impuesto por ganancias extraordinarias, la libertad de operar desde paraísos fiscales.
Por su parte, la industria de la palma se beneficia de créditos preferenciales, de un impuesto al valor agregado tarifa cero para maquinarias y repuestos, tiene exoneración de pago del impuesto a la renta para nuevas inversiones en zonas fronterizas, y los exportadores de aceite de palma cuentan con la exoneración de pagos para la salida de divisas.
Las represas e hidroeléctricas gozan del subsidio entregado en agua, lo que provoca conflictos con las comunidades que por esta razón sufren vulneración de su derecho de acceso al agua para consumo y su soberana alimentaria. Con base en esta condición de privilegio, se planifica la construcción de alrededor de 200 hidroeléctricas.
Una de las medidas dispone bajar y simplificar el impuesto único al banano con el argumento de dinamizar al sector y generar empleo. Se pasa por alto que esta actividad se basa en el trabajo precarizado y que su modelo de producción es dependiente de insumos tóxicos y de la importación de maquinaria agrícola. En general, se expande la agricultura empresarial mientras se margina a los sistemas agroalimentarios sostenibles que alimentan a un 60% de la población ecuatoriana, poniendo en grave riesgo a la soberanía alimentaria del país.
Todo este modelo se asienta en mayor endeudamiento, venta anticipada de petróleo y regalías mineras. Por ejemplo, la deuda adquirida con China para adelantar los proyectos petroleros en el Yasuní, o aquella con las instituciones financieras internacionales que incluye fondos para garantizar el pago de la deuda externa y de laudos arbitrales. Estas deudas se pagan con la ampliación de la explotación petrolera y minera, y con medidas de ajuste como las tomadas en estos días.
Son éstos los subsidios que deben eliminarse porque profundizan el extractivismo y el agronegocio que implican más daños a los territorios de pueblos indígenas y campesinos y violación de derechos humanos y de la naturaleza.
En ningún país donde se han eliminado los subsidios a los combustibles fósiles, se ha reducido el consumo de combustibles y la tasa de emisiones. Ninguna cifra demuestra significativamente que con medidas económicas, fiscales o similares se haya detenido el calentamiento global. Por el contrario, se ha garantizado la impunidad para las empresas petroleras y otras altamente consumidoras de energía como la agroindustria y la minera.
¿Por qué no subir los impuestos a las empresas petroleras y mineras? ¿Por qué no exigir a Chevron Texaco que pague su deuda social y ecológica, calculada en más de 9 mil millones de dólares?
Con el alza del precio de los combustibles -y de los pasajes- el gobierno perdona los crímenes ambientales de los verdaderos contaminantes y pone la responsabilidad del cambio climático sobre los sectores populares.
La violencia que se expresa en estos días para aplacar la legítima reacción de la población frente a las medidas que se pretenden imponer a la fuerza es un reflejo de la que se vive en los territorios para imponer los proyectos extractivos y el agronegocio.
Exigimos el cese de la represión y la violencia de la fuerza pública a las expresiones legítimas de protesta y demandamos la derogatoria del decreto de excepción.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de protección de derechos humanos de NNUU para que designen una comisión de alto nivel que verifique lo que está pasando en nuestro país, y que permita detener la violencia que se está impulsando desde el gobierno con el fin de imponer el paquete neoliberal.
Exigimos que se pare la expansión de la frontera minera, petrolera y del agronegocio que está detrás de estas medidas.
Saludamos y agradecemos al movimiento indígena por su presencia en las calles. Sus luchas son y han sido la defensa del agua, los bosques, las semillas, la naturaleza. Nos enorgullecen esas raíces que cimentan nuestra cultura y nuestro país.
7 de octubre de 2019
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