En la memoria de muchos pueblos la energía se expresa en las dinámicas de la naturaleza, en las relaciones que ocurren en los territorios, en las manifestaciones de saberes y prácticas culturales, en el paso del tiempo. Así, un ambiente saludable tiene energía bienhechora; las relaciones de apoyo, cuidado y complementariedad entre las personas y con la naturaleza dan lugar a una energía positiva; la alimentación sana es sinónimo de buena energía; la energía de la selva, el mar o la montaña son sinónimos de fuerza vital. Al mismo tiempo, hay una conciencia clara de que en los territorios estas energías están siendo destruidas y “extraídas” y que se están introduciendo otras energías que son nocivas para la gente porque se altera el territorio y la relacionalidad entre los elementos que lo integran.
Por el contrario, el capitalismo ha impuesto una concepción de la energía circunscrita principalmente a las funciones de producir, transportar y consumir mercancías. En consonancia, la energía misma ha sido convertida en mercancía, y las infraestructuras que se construyen y expanden para generarla no pasan de ser además nuevas oportunidades de negocio para las empresas que están detrás de estos proyectos.
Así, la tecnociencia ansía máquinas con movimiento perpetuo, basadas en un absurdo uso de energía. Un ejemplo insigne es lo ocurrido hace poco con el lanzamiento del cohete Halcón 9 (sostenido en una alianza público/privada entre el dueño de Tesla y la NASA) que fue impulsado por 440 toneladas de combustible, equivalentes a unos 12.000 barriles de petróleo que se consumieron en un santiamén. Este tipo de cohetes privados son útiles a la industria aeroespacial y de comunicaciones, o tan solo para que multimillonarios visiten el espacio. Este hecho extremo nos lleva inevitablemente a plantearnos ¿para qué se necesita tanta energía y para beneficio de quiénes?
¿Energías alternativas? Depende de lo que estemos hablando…
Las respuestas energéticas que predominan provienen de un enfoque de “seguridad energética”, que asegureel flujo constante de petróleo, gas y carbón, o uranio si se trata de energía nuclear, a pesar de los daños y violaciones de derechos que, en su nombre, se provocan sobre la naturaleza, los pueblos y comunidades. Es recurrente en este contexto que se hable de eficiencia energética, por ejemplo, en el suministro de electricidad.
Además, suele plantearse la transición energéticao el cambio de la matriz energética sin una reflexión sobre la cantidad de energía que se quiere generar y para qué sector; apenas se busca sustituir una fuente de energía por otra en la matriz energética, pero sin cuestionarse la cantidad de energía misma. También se propone el desarrollo de energías alternativas, pero sin analizar la dependencia tecnológica que conllevan o los impactos locales donde se instalan grandes obras de infraestructura para la generación eléctrica solar a gran escala, la eólica extensiva o la megahidroenergía.
En cuanto a las energías alternativas, tampoco se consideran los impactos de extraer los minerales (aluminio, cobre, hierro, litio, cadmio, molibdeno, sílice, cobalto, plomo, estaño, plata, grafito, níquel y otros) necesarios para construir esa infraestructura. Ni se toma en cuenta la ocupación de territorios indígenas o campesinos, la deforestación provocada e incluso el uso ingente de combustibles fósiles. El sol y el viento son renovables, no así la energía que se genera con ellos. Es indignante ver cómo en pocos años una buena parte de la infraestructura de estas energías alternativas son desechadas pues tienen una vida útil entre 10 y 20 años en promedio. Miles de aspas de las torres de energía eólica son enterradas en Europa, o decenas de miles de paneles solares dejan de ser utilizados por su deterioro en Estados Unidos. Es decir, de qué energía renovable estamos hablando.
Lo mismo ocurre con la megahidroenergía que causa deforestación, desplazamientos forzados y gran cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. Las energías alternativas muchas veces se sustentan en un discurso demagógico, en expresiones difusas sobre lo que realmente implican, cuando en realidad pueden resultar siendo parte del mismo modelo petrolero. Ninguna energía alternativa será tal si no es resultado de procesos participativos en los que se decida para qué, para quién, cuánta y qué tipo de energía, de dónde la obtenemos y para qué la queremos.
La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair es el mejor ejemplo de una fallida energía alternativa, como se cataloga a la hidroenergía. Más allá de los escándalos de corrupción, los daños ambientales y sociales producidos por esta obra son de una dimensión escandalosa. También está el caso de los carros eléctricos, que son parte de lo que se conoce como “electromovilidad”, que tienen enormes problemas por el uso de litio para las baterías, cuya extracción está destruyendo los salares en Sudamérica. Inclusive muchos de estos carros se cargan con fuentes de energía termoeléctrica, es decir que se alimenta de combustibles fósiles.
También cabe señalar que hay acuerdos internacionales sobre energía que son peligrosos para los países que los suscriben. Uno de ellos es el Tratado de la Carta de Energía, que tiene un carácter multilateral de inversiones sobre energía. Este tratado no solo estaría bloqueando un camino hacia la soberanía energética, sino que somete a los países que lo suscriben a demandas ante tribunales en caso de que una empresa de energía vea sus intereses económicos afectados por políticas de promoción de derechos humanos o de sustitución de energías fósiles por energías ecológicas. Sería un gravísimo error que Ecuador lo suscriba.
También está la iniciativa internacional “ENERGÍA SUSTENTABLE PARA TODOS”, otra alianza público-privada (entre Naciones Unidas, Banco Mundial, varios gobiernos del Norte y Shell). Esta iniciativa sostiene que la mitad de personas en el mundo basa su energía en la madera, carbón vegetal o bosta animal para cocinar y otros usos, y que necesitan acceder a fuentes modernas, eficientes, alternativas de energía,que no son necesariamente ecológicas, como ya hemos visto; al mismo tiempo, no se dice que la otra mitad depende de combustibles fósiles y de biomasa a gran escala lo que que traen consecuencias locales y globales como la deforestación o el cambio climático. Todos estos planes o programas de energías alternativaso de energía para todosapuntan hacia la seguridad energética, es decir acceso a energía, sin importar necesariamente de donde venga, más no a la soberanía energética de los pueblos.
La energía en el Ecuador
Siempre en términos de una concepción occidental de la energía revisemos algunas cifras en nuestro país. De acuerdo al Balance Energético Nacional 2017 elaborado por el Ministerio Energía y Recursos Naturales no Renovables, la producción de energía primaria (es decir toda forma de energía disponible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada) viene del petróleo y gas en un 90% del gas, y el resto de otras fuentes como el agua, la leña, productos de caña, el viento o el sol. En cuanto al consumo general de energía, el mayor rubro es el transporte, con el 51%; luego está la industria con el 15%; y el sector residencial con el 14%. Con respecto a la energía eléctrica, exclusivamente, el Balance Nacional de Energía Eléctrica de la Corporación Nacional de Electricidad, el 74% de la misma viene de centrales hidroeléctricas, siendo el sector residencial el principal consumidor con el 32%, luego el sector público con 28% y el industrial con 25, y el comercial con 15%.
Los objetivos de los planes de desarrollo de la década pasada ha sido el cambio de matriz energéticahacia energías renovables, mediante la construcción de más centrales hidroeléctricas. Basta ver lo que está ocurriendo con la Coca Codo Sinclair o con el proyecto Baba para concluir que este no es el camino para construir soberanía energética, pues ésta supone por un lado democratizar la toma de decisiones y por otro garantizar el acceso, control y cuidado de las fuentes y procesos de la energía. Todo esto en el marco de la plurinacionalidad y el respeto a los territorios.
Con estas consideraciones, Acción Ecológica propone estos pasos para alcanzar la soberanía energética:
– Recuperar y promover en los territorios las tecnologías propias que aseguren la conservación de la biodiversidad, la producción local de alimentos, el acceso y cuidado del agua, la tierra y las semillas, el transporte basado en energías limpias, y también el acceso a la electricidad. Porque no se puede separar la soberanía energética de la soberanía alimentaria.
– Construir una agenda trabajada desde la diversidad, junto a los pueblos y nacionalidades, y desde la perspectiva de mujeres, tomando en cuenta la economía del cuidado. Son dos dimensiones que involucran formas autónomas de comprensión, manejo y cuidado de la energía.
– Las fuentes de energía deben alejarse de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), además de ser diversificadas, descentralizadas, de bajo impacto y responder a las necesidades locales; con estas consideraciones, son una alternativa la energía solar, la micro-hidroenergía y aquella basada en materia orgánica a pequeña escala.
– En lugar de ampliar la infraestructura petrolera, las inversiones deben destinarse a desarrollar tecnologías propias para obtener energías renovables con las características mencionadas arriba.
– Se debe retomar la propuesta de Dejar el petróleo en el subsuelo, con el primer paso en el Yasuní.
– La producción y el consumo dentro de los territorios deben apuntar a la propuesta “basura cero”, propendiendo a que los desechos se reincorporen a la naturaleza y a los ciclos productivos, y no incluyan plásticos ni generen contaminación a la atmósfera.
– La construcción de la soberanía energética no debe basarse en más endeudamiento.
– Las megaobras para hidroenergía no deben considerarse como energía alternativa ni renovable
– Conceptos como “energía para todos”, “pobreza energética”, “derecho a la energía”, “transición energética”, no deben ser usados como pretexto para la promoción de energías fósiles o justificar la expansión de proyectos de energía que causen daños ambientales y vulneración de derechos de los pueblos y comunidades donde se implementan.
– Una transición energética en el sector del transporte, debe incluir la progresiva reducción del vehículo particular. Se debe promover el uso masivo de ciclovehículos. Cualquier sustitución de motores de combustión interna (MCI) a motores eléctricos, debe ser en función del transporte público de pasajeros.
– Debe haber una concepción del territorio y la geografía en función de reducir el transporte de larga distancia de mercancías.
– Debe haber un proceso de reparación y justicia para los pueblos y la naturaleza en los casos en que proyectos de energía fósil o de infraestructura hidroeléctrica causaron vulneración de derechos. Dichas vulneraciones no deben quedar en la impunidad.
– Se deben reconocer las deudas sociales y ecológicas generadas a partir de estos proyectos.
Acción Ecológica
7 de junio de 2020
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