Dependiendo del ojo que lo mire, la Asamblea Nacional puede significar muchas cosas distintas. Para el movimiento indígena fue la concreció de una demanda sostenida desde 1990; para amplios sectores sociales,significó un llamado y una reacción al cansancio, al miedo e inseguridad por la pérdia del control sobre el futuro económico,social y ecológico de nuestro país,que tuvo como máxima expesión las jornadas del 5 de febrero. Para los ecologistas,demás,fue una buena oportunidad para incluir los temas ambientales demandados, a fin de que tengan un tratamiento y un enfoque integral en una nueva carta constitucional.
Las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional en el campo ambiental tratan este tema transversalmente , lo que en sí constituye un importante avance, es este sentido, la nueva constitución reafirma el derecho individual (dimensión subjetiva), y el derecho colectivo a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Incluye además, disposiciones ambientales dentro de los derechos civiles, económicos,sociales y culturales en las garantías constitucionales, en los deberes y responsabilidades, en la organización, en los regímenes especiales y en el sistema económico. Los derechos ambientales reconocidos en la nueva constitución pueden constituir una vía para construir sociedades sustentables que rompan con la dependencia , la sobreexplotación de recursos humanos y naturales, la contaminación ambiental, siempre que como ciudadanos sepamos asumirlos y ejercerlos, individual o colectivamente, de manera cotidiana y permanente.
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