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ANTES DE IRSE, CORREA ABRE LA PUERTA A LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS

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Luego de varios años de debate y desacuerdos, la Asamblea Nacional aprobó a inicios de mayo una “Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable”. Con fecha 19 de mayo, cuando su permanencia en el poder está a punto de acabar, el presidente Correa envía a la Asamblea Nacional un veto a dicha ley que dice:

Se permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al territorio nacional, únicamente para ser utilizados con fines de investigación.

 Esta pretendida legalización de las semillas y cultivos transgénicos se inserta en una ley que tiene como objetivos “proteger, revitalizar, multiplicar y dinamizar la agrobiodiversidad”. Nada más alejado de estos propósitos que permitir las semillas transgénicas en el país, aun cuando se lo presente exclusivamente con fines de investigación.

 En países como México, los “campos piloto” de cultivos transgénicos pueden ocupar vastas áreas, y su cosecha puede ser comercializada. La “experimentación” con cultivos transgénicos son, claramente, una puerta abierta para su legalización.

 La sociedad internacional saludó a la nueva Constitución del Ecuador cuando declaró al país “libre de cultivos y semillas transgénicas”. Este fue el primer país que acogió una aspiración del movimiento campesino, ambiental y de consumidores de todo el mundo. Diez años después, el Ejecutivo interpreta el texto constitucional argumentando que se puede abrir el ingreso de semillas transgénicas exclusivamente para la investigación. Esta es sin duda una mala interpretación del Art. 401 cuando dice que

 El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización.

 El texto no habla de semillas y cultivos transgénicos, porque sería una contradicción que, por un lado prohíba las semillas y cultivos transgénicos, y por otro permita, vía regulación, su “experimentación, uso y comercialización”.

 El texto se refiere de manera genérica a la “biotecnología moderna”, que cubre una amplia gama de procesos (como el uso de anticuerpos monoclonales, marcadores moleculares, cultivos de células y de tejidos, elaboración de vacunas, etc.). Toda una serie de nuevas biotecnologías deben estar reguladas por el Estado.

Además, es preocupante que se quiera permitir el establecimiento de cultivos transgénicos con fines investigativos, pues independientemente del uso final que tengan, la presencia de plantas transgénicas en el agro constituye un peligro para la biodiversidad y los sistemas productivos campesinos. No se puede impedir que una abeja se acerque a tomar polen de una planta transgénica, ni al viento que esparza el polen transgénico y contamine cultivos aledaños.

Está muy bien documentado que la contaminación genética a través del viento y de otros polinizadores es muy frecuente. La contaminación genética ha permitido a la empresa Monsanto (que tiene el monopolio de las semillas transgénicas) interponer casos legales a productores convencionales, cuyos cultivos contenían “sus rasgos transgénicos”, con el argumento de que éstos habían “infringido las patentes de la empresa”.

¿Para qué se quiere hacer investigación científica con unos cultivos y unas semillas que están prohibidas constitucionalmente?. En el pequeño grupo de países que han adoptado de manera masiva los cultivos transgénicos, éstos favorecen exclusivamente al poderosísimo sector del agronegocio.

En un wikileak que se filtró poco después de adoptada la nueva Constitución del Ecuador, la embajadora de Estados Unidos explica al Departamento de Estado de su país que

La excepción presidencial contemplada en (el artículo 401 de) la Constitución fue añadida solo como resultado del cabildeo de los influyentes agronegocios del Ecuador.

Correa ha reconocido que tiene una deuda con el campo. La sola pretensión de abrir una línea experimental con semillas y cultivos transgénicos, hace que esta deuda aumente.

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