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Artículo 96

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El Comercio. Por Milton Luna Tamayo No fue un error sino el consciente primer paso de un proceso de ordenamiento y control de la sociedad civil por el Estado. ‘Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de Gobierno…” (art. 96 Constitución).    

Pensé que era un error político, de aquellos que suceden impulsados por algún comedido que quiere quedar bien con el jefe. El hecho parecía ir por allí.

El Presidente había criticado con dureza desde hace tiempo al denominado “infantilismo ecológico”, por lo que algún funcionario con ganas de “hacer buena letra” amparado de inconsistentes argumentos burocráticos,  clausuró Acción Ecológica, la organización verde más radical del país.

Me pareció que tal decisión no midió varios aspectos claves y elementales de la política: que podía ser vista como un acto represivo y de amedrentamiento de parte de un Gobierno que se proclama democrático hacia una organización que lo critica en los asuntos mineros; que iba a levantar polvareda en el medio de donde provienen muchos de los altos cuadros del Régimen; que por el gran prestigio de la entidad a nivel nacional e internacional desataría una ola de solidaridad de organizaciones y personajes progresistas ecuatorianos y de otros de talla mundial como Eduardo Galeano o Pérez Esquivel; que la organización por su abultada experiencia en movilización y lucha respondería al ataque con energía y efectividad y; que para el Gobierno era inadecuado, al arranque de la campaña electoral, abrirse otro frente de conflicto, ahuyentando a electores de la clase media.

Por estos y otros motivos pensé que el Presidente saldría a bajar las tensiones minimizando el hecho y llamando la atención a sus subordinados. Pero no, al contrario, respaldó la medida y añadió otros elementos al diferendo. Señaló en Radio Caravana, según refiere EL COMERCIO: “Hay muchas de estas ONG que hacen lo que se les da la gana, se inmiscuyen en política, no registran a directivos, no dan informes periódicamente, no presentan cuentas (…) Es un caos pero ya estamos ordenando ese caos”.

Después de estas afirmaciones se entiende que el caso no fue un error sino el consciente primer paso de un proceso de ordenamiento y control de la sociedad civil por parte del Estado. Ciertamente que es bueno ordenar el caos, pero ¿bajo qué concepto de “orden”? ¿Con qué tipo de procedimientos, democráticos o no?
Gran preocupación genera la molestia gubernamental respecto a la participación de la sociedad civil: “se inmiscuyen en política”.

El país debe enfrentar un urgente debate y acuerdo sobre la relación entre sociedad – Estado, democracia – autoridad, poder – contra poder, derecho a la organización y control estatal. En tal debate debemos recordar algunos artículos de la actual Constitución como el 96.

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