A pesar de transcurridos 75 días del derrame de al menos 15,800 barriles de petróleo y que múltiples organizaciones comunitarias, eclesiales y esta Alianza, interpusimos una demanda de acción de protección con medidas cautelares a favor de todas las comunidades y personas indígenas afectadas, el proceso no avanza. La audiencia inició el 26 de mayo y permanece suspendida desde el 1 de junio, por presunta enfermedad del juez a cargo de la diligencia; y hasta la fecha no se ha recibido ninguna notificación formal y escrita sobre la reinstalación o las medidas que tomará la Judicatura para que las víctimas no continúen en indefensión.
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