En el norte del Ecuador, en la Provincia de Pichincha, cantón Cayambe, las comunidades de Otoncito, Santa Marianita de Pingulmí y Pambamarquito nos cuentan la historia de cómo tres comunidades de 80, 110 y 160 familias respectivamente iniciaron un proceso de resistencia frente a la inclusión – sin la respectiva Licencia Ambiental- de un botadero controlado en la Loma de Perugachi de la parroquia de Cangahua.
“Aquí se trata de intereses colectivos, ustedes solamente defienden los intereses particulares, hablamos de 100.000 Cayambeños frente a 80 familias”, este ha sido el argumento utilizado por el defensor del pueblo y el Alcalde de la I. Municipalidad del Cantón Cayambe frente a las denuncias lideradas por la comunidad de Otoncito. La utilización de esta lógica, que parece extrapolada del discurso gobiernista, parte desde un análisis ecológico “ecoeficietista” que justifica los costos e impactos de la promesa del desarrollo en comunidades a las que se ha pretendido anular.
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