La “vieja” Nueva Política de Hidrocarburos

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El 7 de julio del 2021, el presidente de la república Guillermo Lasso expidió mediante el Decreto Ejecutivo No. 95 la Política de Hidrocarburos para los próximos 100 días contados a partir de la expedición de este.

Para algunos analistas esta política es “ambiciosa”, pues pretende enfrentar la coyuntura económica actual optimizando los ingresos estatales con el incremento de la extracción de hidrocarburos y reducir “ineficiencias y costos” en las áreas de industrialización, transporte y comercialización (Art. 3). Sin embargo, esta política agrupa elementos nuevos con viejos estamentos ya presentes en la historia de las políticas petroleras que se han aplicado en el país en los últimos 20 años, los cuales han tenido nefastas consecuencias para los pueblos y la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana.

El objetivo central del gobierno de Guillermo Lasso es la privatización del sector petrolero pues habla de implementar las políticas públicas y la normativa necesaria que permitan atraer inversión privada para participar en las distintas áreas de la actividad hidrocarburífera (Art. 4). Se especifica que se delegará a la iniciativa privada campos productivos de EP Petroecuador, e igual suerte tendrán el sistema de refinación, de transporte y de comercialización de petróleo. Y de manera prioritaria e inmediata vender todas las estaciones de servicios de la empresa estatal.

Con el fin de promover procesos de licitaciones internacionales se anuncia la migración de los contratos del modelo de Contrato de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos hacia el de Participación; este tipo de contratos no es nuevo pues estuvo en vigencia en la década de los 2000 incluso fue objeto de un escándalo puesto que la empresa privada se llevaba el 80% de la producción y el Estado se quedaba tan solo con el 20%.

Este modelo en licitaciones internacionales probablemente sufra el fracaso que tuvo la ronda Suroriente en el año 2012 debido a que no logró ser atractivo para las empresas, tanto por la calidad del crudo que resta en los yacimientos amazónicos, como por la resistencia de los pueblos indígenas.

Según el gobierno, con todas estas acciones se incrementará el volumen de extracción petrolera e incluso se está arriesgando a trazar la meta de duplicarla en 4 años. Como siempre, aparece la oferta de destinar los ingresos a programas sociales que combatan la pobreza, así como la creación de un Fondo de Sostenibilidad Petrolera alimentado con un porcentaje de la renta neta petrolera para erradicar la desnutrición infantil, especialmente en las zonas de influencia de esta actividad.

Todo esto parece no recordar que, al cabo de casi 50 años de ser un país exportador de petróleo, los cantones petroleros están entre los más empobrecidos (1), y sufren de grave deterioro socioambiental precisamente debido a las actividades petroleras. Quienes redactaron esta política seguramente ignoran que una gran cantidad de estudios demuestran que la actividad petrolera provoca justamente desnutrición infantil debido a que destruye la fuente de proteína al contaminar el agua de los ríos y los peces, al ocasionar la muerte de ganado, al ahuyentar a los animales de cacería y al afectar los cultivos.

Por si fuera poco, también el Decreto 95 se contrapone con la Constitución del Ecuador que en su artículo 316 determina que el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada el ejercicio de las actividades en los sectores estratégicos. Sin embargo, en el mencionado Decreto se pretende que la participación privada sea máxima, es decir, la excepción se vuelve norma. Sin duda, otra contradicción es con el artículo 71 de la carta magna que dice que la naturaleza o Pachamama, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Con la enorme ampliación de la extracción petrolera, que es una actividad extremadamente destructiva, se estaría irrespetando los derechos de la naturaleza y también exponiendo a los pueblos amazónicos a mayores impactos en la salud y en sus vidas.

Recordemos que tanto la sentencia del caso Chevron (Texaco) como la sentencia de la demanda que 9 niñas amazónicas interpusieron para que se apaguen los mecheros, afirman que estas actividades extractivas contaminan las aguas superficiales y subterráneas, contaminan los suelos, contaminan el aire, afectan a la biodiversidad y todo esto repercute en la salud de la población que vive en las zonas de influencia. Por ejemplo, en el norte de la Amazonía se presenta una incidencia de cáncer casi tres veces mayor a la media nacional.

Debemos reiterar al señor presidente Lasso que esta política no solo que tiene contradicciones de orden constitucional, sino que se enfrentará con la resistencia de la población amazónica para defender su sustento de vida y los territorios ancestrales, así como con la histórica posición y lucha de las organizaciones indígenas y movimientos sociales ante las políticas de privatización.

Es un gravísimo error el seguir apostando a sostener la economía del país con la explotación de petróleo que es no renovable y que pronto se va a agotar. Aunque el decreto 95 repetidamente habla de “explotación sustentable de petróleo” o de “explotación con responsabilidad intergeneracional”, lo cierto es que mientras más rápido se lo extraiga, más pronto se agotará y no quedará ni una gota para generación futura alguna.

A la par de la aplicación de este Decreto, vendrá la resistencia. ¿Acaso tendrá el presidente a la mano otros decretos para la represión u otros mecanismos irregulares para quitarles las tierras ancestrales a los indígenas que se oponen al extractivismo, como podría estar sucediendo en este momento con la nacionalidad Sapara (2) que se ha opuesto valientemente a las actividades petroleras? El presidente Lasso anunció cárcel indefinida para quienes protesten y así empiezan sus amenazas de criminalización.

Claramente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sus compromisos ante el Colectivo Frente al Ambiente como la consulta previa vinculante, el respeto a los derechos de la Naturaleza y de los Pueblos indígenas aislados, quedaron en letra muerta.

ACCIÓN ECOLÓGICA
13 de julio de 2021

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