COMUNIDADES DE SALINAS Y EMPRESA RÍO TINTO
Comunidades de Salinas y la Empresa «Río Tinto»
Este conflicto inició cuando comunidades indígenas de la comuna Matiaví de la parroquia Salinas, integrada por las comunidades Natahua-pamba, Papachancho, Yurac-ucsha, Verde-pamba, Los Arrayanes, Tres Marías, La Palma, Tigre-urco, Copal-pamba, El Calvario, Chazojuan, Camarón, Cañitas y otras comunidades que no pertenenecen a dicha comuna (San Vicente, Yacu-ubiana, Las Mercedes y otras) se vieron amenazadas por la presencia de la empresa minera «Río Tinto Zinc».
Esta empresa había obtenido una concesión minera de una extensión de cerca de 8 mil hectáreas en la parroquia Salinas para exploración minera. Esto causaría problemas ambientales, sobre todo por el acceso al agua, recurso vital para las comunidades, dedicadas tradicionalmente al cultivo de sus tierras, a la ganadería, a la pesca de río y a la agroindustria. La zona es pionera en el país en la elaboración de productos lácteos, artesanales y de agroindustria a pequeña escala, a través de un trabajo cooperativo comunitario.
La empresa utilizó una variedad de mecanismos para instalarse en la zona. Mientras lograba el apoyo de la iglesia y de algunas organizaciones comunitarias y se relacionaba con los pobladores sus trabajadores daban muestras de prepotencia y arbitrariedad; en varias ocasiones, los guardias de la empresa, atemorizaron con tiros al aire a los pobladores e irrumpían en los recintos comunitarios sin permiso. Además, la empresa ingresó sin dar a conocer a los comuneros su verdadero objetivo.
La respuesta de la población
El malestar de un grupo de moradores empezó cuando ingresó maquinaria pesada para explorar la zona, incluso por lugares poblados. Ante el reclamo de la población, la empresa argumentaba tener permiso del gobierno.
Representantes de la comuna Matiaví se organizaron y pidieron información a organizaciones ambientalistas sobre la minería y sus implicaciones. Una vez, que conocieron de qué manera esta actividad se desarrollaba, tomaron la decisión de impedir la minería en la zona pues ponía en riesgo su supervivencia como agricultores y la organización comunitaria que habían construido con el esfuerzo de tantos años.
En febrero de 1993, iniciaron manifestaciones en contra de la minería, y en junio del mismo año, efectuaron una asamblea inter-comunitaria en la que decidieron exigir al gerente de la empresa que abandone la zona.
En este proceso de confrontación, obtuvieron el apoyo de comunidades vecinas, de la emisora local «Runacunápac Yachana», de organizaciones indígenas regionales y de la CONAIE.
Como resultado de una reunión realizada entre la CONAIE, representantes de las comunidades afectadas y el Subsecretario de Energía y Minas, se conformó una comisión técnica, en la que estaban también organizaciones ecologistas, para propiciar el diálogo entre las partes y evitar enfrentamientos.
Ante el fortalecimiento de la posición de la comuna Matiaví y el apoyo que iba consiguiendo, la empresa optó por otros procedimientos, según reza un comunicado de afectos en Salinas: «…la compañía… hace reuniones con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, gobernación de la provincia, diálogos e invitaciones a los dirigentes que hacían la lucha. Igualmente, trataron de realizar seminarios sobre minería artesanal, como si se tratara de un sector dedicado a ello.
Sin embargo, los dirigentes no cedieron y rechazaron todo intento de convencimiento; por el contrario, apelaban a la organización y su unidad como el pilar en el que se asentaba el bienestar de las poblaciones.
La empresa retiró su maquinaria el 5 de junio de 1993, en horas de la noche. La empresa realizó varias perforaciones profundas de las que quedaron algunas huellas como aceite esparcido en los suelos, plásticos quemados y canales de drenaje.
La intervención de la empresa y la presencia de intereses diversos entre los pobladores, pese al esfuerzo de algunos dirigentes, terminaron por debilitar las relaciones inter-comunitarias. Actualmente, algunos ex-trabajadores de la empresa pretenden ingresar nuevamente; están comprando tierras y ofreciendo -a ciertos comuneros- apoyo económico.
A pesar de estos obstáculos y a partir de los eventos ocurridos, algunas comunidades han ido generando distintas iniciativas orientadas a preservar sus tierras y los bienes naturales.
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