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Conflicto minero en la Parroquia de Pacto (DMQ) denuncia pública, 28 de diciembre de 2020

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En noviembre de 2020, tras una denuncia sobre la entrada de trabajadores mineros para instalar campamentos, la apertura de túneles para la extracción aurífera, el temor por la presencia de personas desconocidas y por las afectaciones a las montañas, quebradas y fuentes hídricas; el Dr. Richar Paredes – presidente del GAD Parroquial de Pacto y el Ing. Milton Arsiniegas – presidente del Frente Antiminero Pacto, se dirigieron a la comunidad El Progreso con el fin de hablar con un morador que ha arrendado su finca para estas operaciones ilegales, y sensibilizarle sobre los problemas jurídicos, económicos y ambientales que trae consigo la minería metálica.

En medio de la conversación apareció un señor sin identificarse preguntando: ¿cuál es el problema?, manifestando que él tiene un contrato de operación en el área minera y está trabajando en el terreno arrendado, que a él no le importa el río Pishashi, que no ha contaminado las aguas ni nada, y no está afectando a nadie. Dijo que él se arregla con ARCOM pues es la que debe constatar los daños ambientales no el gobierno parroquial, y que si se comprueba algo él paga. También aseguró que ha comprado la concesión al dueño quien “tiene todo legal con permisos de exploración y explotación”. Alzando el tono de voz enfatizó que si los pobladores no están de acuerdo con la minería: ese no es su problema y que vayan a reclamarle al Estado; amenazando a la población que si él llega a tener algún inconveniente llamará a los militares para que vengan a Pacto, que “ellos le respaldan” pues como operador minero está amparado por la ley.

El viernes 25 de diciembre de 2020 en horas de la noche el mismo señor se acercó al grupo de compañeros que estaban haciendo guardia en el puesto de control comunitario, en el sector de La Victoria. En completo estado etílico quería iniciar una “conversación” para conocer la razón de su oposición a la minería. No obstante, con actitud provocativa y desafiante comenzó a decirles que ellos están ahí porque les pagan 15 dólares, trató de deslegitimar a los que llevan adelante el proceso defensorial afirmando que reciben miles de dólares, y que no sean “tontos” porque les están utilizando. En cambio, él está dando

“trabajo”, paga 600 dólares mensuales y “no destruye” al ambiente pues “sólo” saca las rocas para ser procesadas en Zaruma, por el contrario, son ellos, los cañicultores los que causan daños ambientales. Reiterando que tiene un contrato de operación “legal”.

Desde Pacto informamos que el área minera donde el señor Diego Romero afirma tener un contrato de operación es la concesión MELINA (código 401429) de titularidad de la empresa Melinachangó Santa Bárbara, misma que viene operando de manera ilegal y de mala fe. En varias ocasiones la Policía Nacional ha brindado respaldo a la empresa cuando la población reunida en acción ciudadana retuvo volquetas que transportaban material aurífero extraído ilegalmente. Motivo por el cual, tres personas han sido acusadas falsamente por el “supuesto delito de robo” cuando ni siquiera las propias autoridades han logrado comprobar el sitio de procedencia de los minerales, notificando a la empresa que no puede operar ya que no tiene aprobada la licencia ambiental.

Denunciamos públicamente que las comunidades están sumamente preocupadas por las actividades mineras ilegales, las detonaciones con dinamita y los diversos impactos socioambientales que ponen en riesgo la seguridad, salud y tranquilidad de los habitantes; atentando contra los derechos humanos y los de la naturaleza. Asimismo, los pobladores, dirigencias y autoridades están constantemente expuestas a enfrentamientos provocados por personas “no gratas” con actitudes maliciosas y agresivas, vinculadas a empresas mineras que no tienen la capacidad técnica ni la voluntad para garantizar el cuidado ambiental y bienestar social en el que se basa la cuestionable “minería responsable”.

Rechazamos rotundamente las afirmaciones realizadas por el señor Diego Romero, operador minero oriundo de Zaruma, sobre supuestos pagos a las personas que asisten diariamente a los plantones pacíficos, así como, desmentimos sus falsas acusaciones de que los representantes se benefician económicamente. De hecho, son las empresas y mineros los que emplean esos mecanismos de cooptación y corrupción, comprando conciencias para sus propios intereses y fines lucrativos. Queremos dejar muy en claro que, la población de Pacto y del Chocó Andino, participamos de manera voluntaria, informada y solidaria, autogestionando los materiales, víveres y transporte.

Conocemos por experiencia propia y por lo que está pasando en el Ecuador que, los impactos socioambientales de la exploración y explotación minera van más allá del sitio de operaciones, y que, cuando la minería metálica -legal e ilegal- entra en un lugar poco a poco va extendiéndose hacia otras zonas. Por ello, no permitiremos que nuestros territorios sean ocupados por empresas o mineros que lo único que buscan es “hacerse ricos sacando el oro del subsuelo”, a costa de la destrucción del medio ambiente, los medios de vida sostenibles y los lazos comunitarios. Para quienes ejercemos el derecho a la resistencia NUESTRA LUCHA COLECTIVA ES “por la defensa de la vida, el agua y la naturaleza.

Frente a ello:

  • Responsabilizamos al MAAE, ARCRNNR y MERNNR de los conflictos mineros que se están suscitando en la parroquia rural de Pacto dentro de la Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha, debido a: la falta de una respuesta oportuna a todas las denuncias presentadas, a la ausencia de un mecanismo permanente de control, regulación y sanción de la minería legal e ilegal, y a la inobservancia de las recomendaciones emitidas en el informe de la Defensoría del Pueblo del Ecuador.
  • Demandamos a las instituciones públicas que en cumplimiento de sus competencias se realice un operativo conjunto e inspección ambiental en el área de la concesión Melina, una auditoría completa a la empresa minera Melinachangó Santa Bárbara y a sus contratistas, y la suspensión inmediata de todas las actividades mineras y los trabajos para la apertura de una vía de acceso.
  • Exigimos al Estado la tutela efectiva del debido proceso, el acceso a la información pública, y la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza.

Enlace del audio conversación noviembre 2020: https://fb.watch/2FLqJlIynE/

#ResistirEsNuestroDerecho

#PactoLibreDeMineríaMetálica

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