¿Es de utilidad pública el extractivismo minero energético en América Latina? ¿Quién decide? ¿Se hacen balances transparentes sobre los verdaderos costos y beneficios de esas actividades? ¿Se escucha a la gente? ¿Quién responde por los daños? ¿Se necesita resignificar la Utilidad Pública? ¿Puede existir una economía del bien común?

Estas preguntas serán abordadas el próximo 14 de octubre durante la presentación del informe «Utilidad Privada, Despojo Público» que analiza el uso de las figuras de Utilidad Pública y conceptos análogos (UPYCA) relacionados con actividades minero energéticas, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú en el contexto de reformas neoliberales con las que se intensificó el ingreso de capitales extranjeros para la explotación minero-energética en América Latina.

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