No mas zonas de sacrificio por el negocio camaronero ¡No a los Tratados de Libre Comercio!

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Fuente: Red Ecuador Decide Mejor Sin TLC.

La decisión oficial del presidente Guillermo Lasso de “firmar Tratados de Libre Comercio con diez países”1, incluyendo China, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Israel y otros, busca llevar al límite y en el menor tiempo posible la agenda neoliberal, lo que significaría sacrificar la vida de la población, los territorios y la naturaleza.

Este 14 de diciembre el gobierno daba por hecho que suscribiría un memorándum de entendimiento técnico con China como paso previo a la firma de un TLC con ese país. Pero no se dio, y esto podría ser una señal de que China exige mayores garantías para sus inversiones, sobre las que pesan conflictos socio ambientales, procesos jurídicos, sanciones por razones técnicas, entre otros.

Los tratados de libre comercio son, ante todo, instrumentos que otorgan enormes garantías -incluso impunidad-para las grandes empresas, frente a las violaciones que cometen contra los derechos relacionados con el cuidado de la vida. Son acuerdos que abren más mercados para agronegocios como el camarón, el banano, las flores, el atún, sin considerar las consecuencias sociales, ambientales y culturales que conllevan, y las condiciones de explotación laboral con las que operan.

El producto que más compra China al Ecuador es camarón, lo que puso a este producto a la cabeza de las exportaciones no petroleras. Un TLC con China, dará al sector de la acuacultura industrial del camarón mayores protecciones para seguir expandiéndose en los ecosistemas marino-costeros, donde ya ha provocado graves impactos a las comunidades del manglar, comunas ancestrales, comunidades campesinas y del pueblo montubio.

Surgida para servir al mercado internacional, la industria de la acuacultura del camarón de forma despiadada destruye los espacios naturales para implantar el monocultivo del camarón en piscinas; utiliza desinfectantes y otras sustancias químicas para el control de las enfermedades que atacan al camarón (sometido a cautiverio, fuera de su hábitat natural), y vierte permanentemente desechos tóxicos al ambiente.

Estudios independientes responsabilizan a la industria de la acuacultura del camarón de destruir un 70%del ecosistema manglar del Ecuador entre la década de 1970 y la de 1990, afectando las bases del sistema alimentario y el sustento económico de miles de familias recolectoras de concha y cangrejo, y pescadores artesanales de los estuarios de manglar.

A inicios de la década del 2000 se multiplicaron las piscinas camaroneras en tierras agrícolas, provocando la salinización de los suelos y acuíferos de agua dulce. En 2003, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la Resolución 042-2002-TC del 22 de julio de ese año, declaró inconstitucional por vicios de fondo el Decreto Ejecutivo 1952-A, que expedía normas para la regulación ambiental y el ordenamiento de la actividad acuicultura experimental en tierras altas.

Según el Tribunal Constitucional, al darse esta actividad en tierras agrícolas y utilizar agua de uso doméstico, atenta al derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, y al derecho de las comunidades a una calidad de vida digna.Sin embargo, ante la falta de control por parte de las distintas autoridades, incluyendo el MAG, MAATE y GADs, el avance de la acuacultura industrial del camarón en tierras agrícolas continuó.

Por ejemplo, en cantones de Guayas como Naranjal, Durán, Yaguachi, se ha despojado a familias montubias y campesinas que producen principalmente arroz, otro producto en riesgo si se firma un TLC con China. En predios del Ministerio de Agricultura y Ganadería destinados a la redistribución a favor de organizaciones campesinas, como es el caso de los predios Las Mercedes, Isabel Ana y Los Ángeles, el Plan Tierras y la Subsecretaria de Tierras retardan injustificadamente la adjudicación y permiten la división en las organizaciones, aupadas por inversionistas que buscan apropiarse de las tierras. Esta situación se agravó con la pandemia del COVID 19 y aumentó la pobreza en el sector rural.

Territorios ancestrales de comunas wankavilkas también han sido afectadas por la presencia de piscinas dedicadas a la producción industrial de camarón. La organización Pueblo Wankavilka FCOAWE alerta sobre el caso de Safando (en el sector rural de Guayaquil) y el de San Rafael (en la parroquia Chanduy, cantón Santa Elena).

En los últimos años, las camaroneras avanzaron hacia humedales como el de La Segua, en Manabí, ubicado en la parte alta del estuario del río Chone, incluido desde junio del año 2000 en la lista Ramsar de humedales con importancia internacional por su alto valor ecológico.El taponamiento de los flujos naturales del agua que lo alimentan, con el fin de proteger las piscinas camaroneras, así como la contaminación generada por la descarga de aguas residuales desde las camaroneras, han puesto a La Segua bajo seria amenaza de deterioro.

Estas prácticas productivas se mantienen gracias a que buena parte de los inversionistas camaroneros pertenecen a poderosos grupos económicos que han ocupado y ocupan puestos políticos claves. Esto ha hecho posible que este sector funcione fuera de la ley a lo largo del tiempo, y que violente garantías constitucionales que protegen los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, e instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.

A esto se suma la violencia sistemática ejercida en los territorios. Con guardias armados, cercas electrificadas o con perros, se trata de impedir las actividades de recolección que son la base de la soberanía alimentaria de los pueblos ancestrales del ecosistema manglar. Incluso recolectores de concha y cangrejo han perdido la vida por disparos de guardias de seguridad y por mordeduras de perros adiestrados de las piscinas camaroneras. Además, se intimida a las organizaciones y a sus dirigentes, y se criminalizan las acciones realizadas para la defensa de los derechos.

En otras palabras, la posición ganadora del sector camaronero en el mercado internacional, dinamizado a partir del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador, en vigencia desde enero de 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, ha sido a costa de precarizar la vida de miles de familias recolectoras, pescadoras, campesinas y comunas ancestrales.¡Nos preguntamos qué pasará si esta industria sigue expandiéndose!Un aumento de la demanda china tras la vigencia de un TLC con ese países presagio de más destrucción en los espacios de vida de muchas comunidades.

La acuacultura industrial del camarón es responsable de una deuda social, ecológica, económica y cultural con los pueblos ancestrales del ecosistema manglar, comunidades campesinas y montubias, y comunas ancestrales de la Costa ecuatoriana. Con sus piscinas camaroneras, afectó la estructura y funciones de los ecosistemas marino-costeros, contamina con desechos tóxicos, saliniza los suelos agrícolas y las fuentes de agua dulce, socava la autonomía alimentaria, provoca despojo de tierras ancestrales, trae más empobrecimiento a los territorios. Ejerce violencia y criminaliza a quienes defienden legítimamente sus derechos. Además, aprovecha la situación de desempleo generalizado para captar mano de obra barata, muchas veces de jóvenes cuyos cuerpos son expuestos a la contaminación y a condiciones laborales inhumanas. Esta lógica de daños a la vida debe parar.

Exigimos el cambio de rumbo de la política económica. Los Tratados de Libre Comercio, pactados en secreto y en base a la lógica de los hechos consumados, son ilegítimos.

14 de diciembre de 2022

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