Mientras en el mundo entero existe un rechazo cada vez más fuerte y generalizado de agricultores, consumidores, científicos y ecologistas a los productos agrícolas originados de la biotecnología, los transgénicos pretenden entrar en las negociaciones del ALCA por la puerta grande, desconociendo derechos fundamentales de los pueblos. En la reunión previa a la Cumbre de Quebec, llevada a cabo en Buenos Aires en abril de este año, se establece «que los países miembros del ALCA apoyen el comercio de los productos agrícolas originados por la biotecnología» (numeral h, Considerandos Generales).
Las empresas productoras y comercializadoras de semillas transgénicas y productos elaborados a base de transgénicos (como Cargill, Monsanto y Archer Daniels Midland, todas con sede en los Estados Unidos) quieren garantizar la incondicionalidad de los mercados de toda América, frente a las restricciones que muchos países europeos y asiáticos han impuesto (como el etiquetaje y la moratoria en la producción) y frente al rechazo de los consumidores de esta tecnología.
En América Latina mientras tanto, a pesar de que las legislaciones nacionales son incompletas o inexistentes, existe un fuerte movimiento social que llama a la moratoria en el consumo y la producción de transgénicos hasta que demuestren que efectivamente estos productos no causan daño a la salud humana y al ambiente. Campesinos, ecologistas, asociaciones de consumidores, etc., denuncian permanentemente los riesgos de estos productos, han destruido cultivos transgénicos e impedido que ingresen cargamentos de transgénicos para ser comercializados en los mercados locales. La resistencia a la introducción de transgénicos es particularmente importante en América Latina, por tratarse de centros de origen y de diversificación de productos que son el sustento de la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos no solo de estos países, sino del mundo entero.
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