El 11 de septiembre del 2001 pasó a la historia por la caída de las torres gemelas. Sin embargo, ese mismo día se dio otro hecho que si bien no tuvo grandes titulares fue de enorme significación para las miles de personas afectadas por las fumigaciones con glifosato y el coctel tóxico llamado POEA en la frontera de Ecuador con Colombia.
Un grupo de abogados que representaban a las familias campesinas presentaron en la Corte Federal, en Washington, una demanda contra la empresa Dyncorp, para lograr una indemnización que mitigue al menos parcialmente los graves impactos padecidos por la población a causa de las aspersiones aéreas.
La demanda no pudo evitar que estas personas vuelvan a ser fumigadas una y otra vez, cada año, hasta que tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia y el informe de una comisión científica llena de verdad y pundonor, el nuevo gobierno de Rafael Correa planteó en la Corte Internacional de La Haya una demanda contra ese país. Era el 2008 y el anuncio se hacía un mes después del bombardeo en Angostura, en territorio ecuatoriano, ordenado por Uribe y ejecutado por su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia, y calificado por el Presidente Correa como hombre respetuoso en la sabatina del 24 de agosto de 2013.
A partir de 2008 hasta la fecha, por la presión del proceso en La Haya, la frontera se mantuvo sin aspersiones aéreas y los campesinos pudieron sembrar sabiendo que podrían cosechar, aunque algunos de los productos ya no se dan porque la tierra quedó arrasada.
Este 11 de septiembre, doce años después de la demanda contra Dyncorp, los campesinos ecuatorianos de la frontera fueron notificados en la Cancillería que el gobierno abandonaba la demanda interpuesta en La Haya, “por miedo a perder”, aunque el presidente en los medios diría después que estaba seguro de que iba a ganar, argumentando una serie de conjeturas que dejan en el olvido a los muertos en la frontera, los impactos y la agresión.
El acuerdo firmado con Colombia no es beneficioso para los campesinos de la frontera que volverán a vivir la incertidumbre progresiva de que si siembran ya no podrán cosechar, y volverán a sentir el miedo a los helicópteros acompañantes de las aspersiones que les dispararon por considerarlos objetivos sospechosos. Tampoco será beneficioso para esos niños y niñas que volverán al trazo gris del lápiz después que el miedo les arrancara las ganas de pintar colores, de pintar ojos, orejas o bocas porque dejaron de tener ganas de mirar, oír y ver. La tierra de la frontera fue esquilmada por las aspersiones, la selva fue arrasada.
La firma de un acuerdo extrajudicial pudo ser una buena opción si se mantenían los puntos centrales de la demanda. El de no fumigar dentro de los 10 kms era fundamental para preservar la tranquilidad de los pobladores; renunciar a ello se acerca a la liberación de responsabilidades.
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