El día de hoy fuimos notificados de la decisión del pasado 6 de mayo del Ministerio de Salud Pública, por la cual se resuelve “a) Conceder el recurso de reposición propuesto y dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial 157 del 2 de marzo del 2009. b) En adelante todo el control y supervisión que está relacionado con la Corporación Acción Ecológica, con domicilio en la ciudad de Quito, amparada en lo previsto en el Acuerdo Interministerial No. 0198 del diecinueve de marzo del 2009 pasa a ser competencia del Ministerio del Ambiente”.
Recibimos esta notificación con gran alegría por cuanto endereza la errada e inconstitucional actuación administrativa que había derogado nuestra existencia jurídica y permite normalizar nuestro funcionamiento como organismo no gubernamental.
Pero esta alegría no se limita al nuevo acto administrativo. Esta alegría con la que hemos venido trabajando pese a todo, se nutre de las cientos de manifestaciones de solidaridad que hemos recibido en los últimos meses por parte de organizaciones, pueblos, colectivos, personalidades y hombres y mujeres ecuatorianas y de muchos lugares del mundo que se movilizan en defensa de los derechos de la naturaleza y de las comunidades victimizadas por proyectos extractivistas o que están inmersas y vulnerables en los más diversos conflictos socio –ambientales.
Gracias a todas y todos los que manifestaron su apoyo a ACCIÓN ECOLÓGICA; gracias por haber actuado como testigos principales de que nosotros sí cumplimos nuestros fines y que esos fines son legítimos y necesarios para la construcción de la democracia y de modelos económicos cuyo derrotero esté en la protección de la vida y no en su devastación instrumental.
Ratificamos nuestro compromiso en la construcción de Sociedades Sustentables, es decir, sociedades que pueden lograr cubrir sus necesidades a través de un manejo adecuado del entorno natural, logrando su soberanía como sociedad; y no precisamente como una utopía, sino como un hecho posible, y en el contexto ecuatoriano, constitucionalmente viable.
Tal y como señala la relatora sobre defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que se aplica para nosotros, “Las medidas contra los defensores de los derechos humanos pueden asumir muchas formas diferentes, entre ellas la promulgación de leyes que castiguen con sanciones penales ciertos aspectos de la actividad relativa a los derechos humanos, o el ejercicio de las libertades de asociación, reunión, información y circulación. Pueden imponerse marcos normativos para limitar la libertad de asociación de los defensores o restringir el alcance de las actividades de las organizaciones no gubernamentales”.
Acción Ecológica confía en que no seguirá presentándose este tipo de situaciones y que la restitución de nuestra personería jurídica es indicativa de un cambio gubernamental positivo hacia las organizaciones, colectivos, nacionalidades y pueblos legítimamente críticos de las iniciativas legislativas y de las políticas públicas lesivas de los derechos de la naturaleza y del buen vivir.
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