COMUNIDADES DE JUNÍN Y MITSUBISHI MATERIALES
El conflicto en la zona de Intag, entre las comunidades aledañas y el proyecto minero Junín – Cuellaje, se inició a raíz de los impactos socio-ambientales provocados por la empresa japonesa Bishi Metals, vinculada a la Mitsubishi Corporation, cuya filial Mitsubishi Paper se encuentran actualmente operando en el país con plantaciones de eucalipto.
La zona de Intag, rica en yacimientos de cobre, está localizada en los flancos occidentales de los Andes y constituye el área de amortiguamiento de la Reserva Ecológica «Cotacachi Cayapas».
Su topografía es irregular y presenta un alto grado de actividad sísmica. Es una zona de abundantes recursos hídricos. Allí nacen las vertientes naturales que forman el Río Junín, afluente de los ríos Chalguayacu y Guayllabamba, aprovechados tradicionalmente por las poblaciones locales. A más del agua, los diversos recursos de los bosques de la zona y las tierras aledañas son también elementos básicos que sustentan las economías familiares.
En 1991, los gobiernos de Japón y Ecuador suscribieron un acuerdo de cooperación técnica para la realización de investigaciones geológicas en una extensión de 5 mil hectáreas en la zona. El estudio derivó en actividades exploratorias en la parroquia de Cuellaje.
Después de Cuellaje, la empresa, haciendo caso omiso a la denuncia y reclamo de los pobladores, se trasladó a Junín para realizar la misma actividad, ingresando sin permiso a predios particulares.
Estas primeras acciones ocasionaron los siguientes daños:
Afectación del río Junín a causa de la instalación de letrinas del campamento minero en sus orillas.
Contaminación de aguas y quebradas con sustancias químicas y combustibles abandonados en el sitio por el personal de la compañía y problemas de salud en los pobladores a causa del uso de las aguas contaminadas.
Destrucción del bosque primario debido a la construcción de un camino de alrededor de seis kilómetros. Además del consecuente riesgo de deforestación por el ingreso de colonos.
Tala de áreas de bosque y derrumbes por las perforaciones mineras y taponamiento de quebradas.
Disminución de la mano de obra para las labores agrícolas locales. Los productos de primera necesidad y de producción local comenzaron a escasear y a subir de precio.
En un inicio, los comuneros no tenían claridad sobre la relación que había entre la actividad de la empresa minera y estos efectos ambientales y sociales que experimentaban. Sin embargo, en 1997, los pobladores de las dos comunidades (Cuellaje y Junín), con el apoyo de varis organizaciones ecologistas como la DECOIN, entre otras, lograron conocer el plan de desarrollo minero y el estudio de impacto ambiental de la empresa e inmediatamente pusieron al tanto a autoridades ambientalistas y energéticas sobre los posibles riesgos de seguir desarrollado la minería, logrando la realización de una visita oficial a la zona.
Por su parte, las autoridades subestimaron los impactos y no hicieron un pronunciamiento formal. Más aún, la Corporación de Desarrollo e Investigación Minera, CODIGEM respaldó, en la práctica, las acciones de la empresa.
El proyecto minero implicaba muchos problemas para los pobladores locales. La zona de exploración alcanzaba las 4 mil hectáreas, y se reubicarían entre 100 y 200 familias. Además, los pobladores denunciaron la intención empresarial de crear un pueblo minero.
Acciones que emprendió la comunidad
El afán de la comunidad por defender sus espacios de vida y los recursos naturales, se explicitó cuando pobladores de los recintos del lugar: Cuchilla Marín, Cerro Pelado, Barcelona, La Magnolia, La Libertad, Chalguayacu Alto, Chalguayacu Bajo, El Chontal, Junín y miembros de la DECOIN organizaron una asamblea en la que acordaron rechazar frontalmente el proyecto minero. Con ese propósito se formó el Comité Pro-defensa de las Comunidades Afectadas por el Proyecto Minero.
La primera dificultad que enfrentó esta organización fue la oposición de los moradores de la parroquia García Moreno, quienes estaban de acuerdo con la explotación minera. Incluso se dieron enfrentamientos violentos entre éstos y los pobladores de Cuellaje y Junín.
Continuando con la defensa de sus espacios, el Comité realizó una serie de llamados a la empresa minera, a las autoridades ambientales y a algunos diputados, pero sin resultado alguno.
Frente a la falta de apoyo oficial, en mayo de 1997 las comunidades decidieron ocupar el campamento minero. Solicitaron como requisito para abandonar el lugar, la presencia de las autoridades locales y nacionales. Al cabo del tercer día, sin ninguna respuesta por parte del Estado, decidieron retirar los equipos del campamento, procediendo a prender fuego la maderera del campamento vacío. Posteriormente, entregaron (con su respectivo inventario) las herramientas y equipos de la compañía al alcalde de Cotacachi.
En respuesta, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas interpusieron en la ciudad de Ibarra un juicio penal en contra de tres dirigentes comunitarios, acusándolos de terroristas y saqueadores de bienes del Estado.
Esta acción fue difundida a nivel nacional e internacional y las comunidades lograron que algunos sectores sociales (agrupaciones de derechos humanos, agrupaciones poblacionales, ambientalistas) se pronunciaran a favor de los dirigentes comunitarios persguidos.
En 1998, al no encontrar pruebas sobre el presunto delito, las autoridades judiciales otorgaron un sobreseimiento provisional a los campesinos inculpados.
El 17 de febrero de 1999, las comunidades trasladaron las herramientas que se encontraban en las bodegas de la alcaldía de Cotacachi hacia la Subsecretaría de Minas, reiterando con ello la decisión comunitaria de no permitir el desarrollo de la actividad minera en el sector.
Situación actual y perspectivas
El conflicto entre la población y la compañía mencionada terminó. Sin embargo, nuevos conflictos podrían avecinarse en la medida en que el Estado sigue promocionando la inversión minera y la zona de Junín es considerada de gran potencial minero en país.
A pesar de los acontecimientos descritos, los empresarios insisten en volver a sus actividades. Mientras que las comunidades están fortaleciendo su proceso organizativo y de producción agrícola (manejo de bosques análogos, cultivo orgánico de diferentes productos, proyectos artesanales, reforestación de cuencas hídricas).
Finalmente, el Alcalde de Cotacachi – capital del Cantón con el mismo nombre, Auqui Tituaña, declaró a su jurisdicción Cantón Ecológico. Por esta razón ha recibido varios premios internacionales y ha emprendido numerosos proyectos como alternativas a la minería en la región.