El informe basado en la inspección de agua y suelos en las riberas de los ríos Coca y Napo concluyó:
las poblaciones y sobrepasan incluso los límites legales permisibles. Una de las muestras indican presencia de plomo 191 veces por encima de la norma y los hidrocarburos totales, 184 veces por encima de lo permitido.
Estos hallazgos demuestran que seis meses después del derrame, las violaciones tanto a los derechos humanos como a la naturaleza no han cesado y que el territorio ya no provee agua ni alimentación segura a quienes vivían de sus cultivos. Además, junto con los testimonios recogidos en las comunidades, el informe ratifica la falta de un proceso apropiado, efectivo y concertado de remediación. supuestamente avanzado en un 90% según el Ministerio del Ambiente y las empresas responsables, Petroecuador y OCP, es un proceso insuficiente, inadecuado e inefectivo incluso según los pobres estándares reglamentarios vigentes.
El informe también incluye testimonios de comuneros kichwas sobre los efectos de la contaminación del agua del río, la muerte de peces y animales silvestres y la destrucción de cultivos de sus chacras. Todo esto en medio del confinamiento por la pandemia y sin medidas suficientes y oportunas para garantizar la salud y la alimentación.
A lo anterior se suma la falta de justicia. La sentencia dictada el 01 de septiembre recién fue notificada por escrito este lunes, 12 de octubre; es decir, 41 días después. Durante este tiempo, las comunidades se han encontrado en un limbo jurídico. Recién con la notificación de la sentencia, las comunidades y su equipo jurídico apelarán con la expectativa de que esta vez las vulneraciones sí sean reconocidas por un sistema judicial que, hasta la fecha, ha actuado con lentitud y desdén sospechoso.
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