Hemos vivido un periodo de incertidumbre con relación al proceso de remoción del exalcalde Jorge Yunda, que al final tuvo el desenlace que merecía la ciudad. Pero esta crisis de representación del Distrito Metropolitano no es el problema de fondo que enfrenta la ciudad, es uno más que no se resuelve con un cambio de cabeza o de funcionarios. Por supuesto que estos cambios son necesarios y deben responder, no solo a la mala gestión y los actos de corrupción que han implicado procesos judiciales, o funcionarios con grilletes y fugados, sino también a las necesidades imperiosas de Quito.
La crisis del Municipio del Distrito Metropolitano es estructural y viene agravándose en las ultimas administraciones. Su estructura administrativa, de funcionamiento, de organización y de distribución territorial ya no responde a los requerimientos de la ciudad ni a su crecimiento. Su estructura orgánico-funcional lo refleja: una organización desconexa, con secretarías, direcciones, empresas públicas, institutos de planificación, administraciones zonales, que actúan como islas, separados unos de otros, con superposición de funciones, de directrices, de competencias, de presupuestos.
En la práctica este caos en la gestión municipal hace que la ciudad esté sin rumbo, abandonada, que se permita el abuso, así como la elaboración de informes y resoluciones a la carta que inducen a error a las comisiones y al Concejo de la ciudad. Se termina aprobando cualquier cosa, como proyectos inmobiliarios y megaproyectos, se dan cambios arbitrarios de uso de suelo, de zonificaciones, se permite la destrucción del patrimonio o la eliminación de áreas de protección ecológica en beneficio de intereses particulares.
También se hacen proyectos de transporte masivo que no responden a un plan de movilidad en el mediano y, menos, en el largo plazo, junto con cuestionadas contrataciones para los mismos; igual para para la repavimentación o para la infraestructura que se hace en la ciudad (vías, puentes, intercambiadores, canchas sintéticas, etc.). Esto con responsabilidad directa de funcionarios, por omisión, negligencia o quizás en complicidad con quienes resultaron beneficiados.
Vemos también rellenos de quebradas, permitidos o realizados por el propio Municipio, contraviniendo expresas disposiciones legales. Por ejemplo, el caso de la quebrada de El Tejar debido a la construcción del escalón de Lumbisí, justo en donde esta el cuestionado proyecto Botaniqo que no debe realizarse; o el relleno de la quebrada Santa Rosa para la construcción del proyecto San Patricio. Avanzan a su vez las urbanizaciones en el Ilaló o la destrucción del Hotel Quito a vista y paciencia del Instituto Municipal de Patrimonio-IMP y de la Agencia de Control. Todo esto es una muestra del descalabro municipal.
Hay empresas que son como municipios paralelos, como la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas- EPMMOP que actúa sin responder a las necesidades de articular sus obras con una planificación urbana, con las demás secretarias y maneja áreas que no debería tener. O la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos-EMGIRS y la Empresa Pública Metropolitana de Aseo-EMASEO que deberían ser fusionadas. Por su parte la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda duplica acciones. Es decir, hay Empresas Públicas en la ciudad que no hacen lo que deben o quizás son innecesarias.
Los planes y programas tampoco se cumplen. Existen numerosos estudios y consultorías engavetadas, como por ejemplo la reorganización administrativa contratada a la Pricewaterhouse, el plan de movilidad con Salvador Rueda, el plan para el parque La Carolina o para el Bicentenario, para mencionar algunos… Cada vez que llega un nuevo alcalde es borrón y cuenta nueva, sin mayor análisis botan al tarro o se desestiman proyectos, planes realizados, concursos públicos, ordenanzas.
El Distrito Metropolitano de Quito necesita una profunda reorganización estructural. La posibilidad de hacerlo con el Estatuto autonómico otra vez quedó postergada, en el limbo. Son tres administraciones en las que tampoco se pudo implementar un proceso amplio de participación ciudadana para su discusión.
Hay asuntos pendientes que debe resolver la administración que entra, de corto plazo y algunos urgentes. Ya lo dijo el alcalde Santiago Guarderas: la salud y seguir enfrentando la pandemia, el retorno a clases, las actividades productivas y la operación del metro. Pero añadiríamos, también la reorganización del transporte en superficie y la municipalización del transporte masivo, el colapso del relleno sanitario y el manejo de lixiviados, detener la minería metálica en el noroccidente del Cantón, hacer realidad el Parque Metropolitano de Cumbayá y otros que hay que dejar encaminados, como el sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad – el proyecto Vindobona- para no seguir contaminando los ríos.
Hay que poner al ambiente en el lugar que merece Quito, darle la importancia que debe tener la Secretaría de Ambiente, por un asunto de salud pública, para enfrentar las pandemias, aportar a detener el cambio climático, y mejorar la calidad de vida que merecemos los habitantes de la ciudad…
Esta nueva administración tiene la oportunidad de tomar decisiones para lograr estos cambios vitales. Como ciudadanos organizados, como organizaciones ecologistas y como parte del Cabildo Cívico de Quito, tenemos propuestas para cambiar la ciudad. Estaremos atentos y vigilantes para que esta administración y el Concejo asuman su responsabilidad para dar un sentido de vida a la ciudad con plena participación de sus habitantes.
ACCIÓN ECOLÓGICA
27 de junio de 2020
Más información: rbuitron@accionecologica.org
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