Serie: La Constitución de Montecristi ratificada. LO QUE GANAMOS EL 16 DE NOVIEMBRE
Acción Ecologica opina
La Asamblea Constituyente, que dio origen a la actual Constitución, funcionó oficialmente desde el 29 de noviembre de 2007 (hasta el 25 de octubre de 2008). Acaba de cumplir la mayoría de edad, 18 años. Y acaba de ser ratificada en la consulta popular del 16 de noviembre, con el 61% de votos de los ecuatorianos a nivel nacional.
La participación como el sistema nervioso del Estado: sin ella, el cuerpo democrático no siente ni responde.
La Constitución de 2008 redefinió el Estado como constitucional de derechos y justicia, que reconoce las formas de participación directa (Art. 1). Pero además se reconoce derecho de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos (Art. 95). Reconoció todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular (Art. 96). Desarrolló mecanismos de participación, -algunos muy antiguos y otros nuevos-, como son audiencias públicas, asambleas, cabildos, veedurías, presupuestos participativos, consejos de planificación, y otros de democracia directa como las consultas populares, iniciativa normativa, referéndum, revocatoria del mandato (Arts. 100–106).
La participación, en la Constitución no es un mecanismo aislado, está incluido en los principios, los derechos, las políticas públicas y la institucionalidad y, entreteje los principales avances constitucionales:
– La construcción del Sumak Kawsay: desde decisiones comunitarias, economía solidaria, corresponsabilidad social (Arts. 275–277)
– La Plurinacionalidad e interculturalidad, en donde los pueblos y nacionalidades tienen sistemas propios de justicia, consulta previa, autogobierno territorial (Arts. 1, 56–60, 171)
– Los derechos de la Naturaleza, en donde se reconoce a la naturaleza como un sujeto político, cuya defensa depende de la acción ciudadana y de la protección de comunidades y pueblos (Arts. 71–74).
La consulta popular, como mecanismo constitucional de participación directa, ha demostrado ser una herramienta decisiva para proteger el marco legal que resguardó los avances en derechos en el Ecuador. En el referéndum de 2025, la ciudadanía defendió de manera contundente, la arquitectura constitucional del 2008 frente a propuestas que ponían en riesgo principios fundamentales como la democracia participativa, la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza o las garantías de control ciudadano.
Al votar mayoritariamente por el “No”, la población ejerció no solo un derecho político: impidió retrocesos, evitó la concentración del poder y preservó la estructura de derechos y libertades conquistadas en Montecristi justamente con un amplio proceso participativo.
En un contexto de crisis, la participación ciudadana expresada en la consulta popular del 2025 se convirtió en el último dique de defensa frente a reformas regresivas, reafirmando que los derechos no se delegan: se ejercen y se protegen colectivamente.
Una crisis que atraviesa simultáneamente a las personas, a las comunidades y a la naturaleza. Crisis manifiesta a nivel individual con la precariedad, miedo, inseguridad y desprotección; a nivel comunitario con la ruptura de los tejidos sociales y los espacios comunitarios que sostenían la vida; y a la naturaleza con la devastación de bosques, ríos, suelos, mares y montañas.
El proceso de consulta popular fue parte de una estrategia articulada que no actuó desde un solo frente. La ambición mayor era cambiar la Constitución, pero se desplegaron otras líneas simultáneas de acción orientadas a restringir derechos, debilitar la participación y consolidar un proyecto de profundización del modelo extractivo, con políticas que desplazan la protección de derechos en favor de actividades de alto impacto social y ambiental y que reproducen patrones históricos de desposesión y degradación ambiental.
Se desplegaron:
– Leyes regresivas como instrumentos de limitación de derechos que reescriben las reglas del juego para favorecer la expansión extractiva y neutralizar a quienes puedan oponerse desde la sociedad civil
– Decretos ejecutivos para imponer decisiones inmediatas reglamentando restricciones de organizaciones y comunidades
– Regulación administrativa que asfixian la participación y desactivan a la sociedad civil
La ratificación de la Constitución nos da un poco más de aire, de tiempo y de herramientas jurídicas con las que la sociedad puede defenderse y defender lo común, frente a intentos manifiestos regresivos. Al reafirmar los principios, derechos y garantías ya reconocidas, será posible demostrar la inconstitucionalidad de los dispositivos legales y administrativos que buscan limitar conquistas históricas.
Esta ratificación revitaliza la confianza en la voluntad popular que, a pesar de las campañas publicitarias millonarias y los mensajes diseñados para generar miedo o confusión, levantó una voz mayoritaria que demostró memoria, criterio y una comprensión clara de lo que estaba en juego. Supo distinguir entre iniciativas que buscan debilitar garantías constitucionales y aquellas que han sido construidas durante décadas por organizaciones, comunidades y movimientos.
Incluso en tiempos de crisis, la mayoría de la gente eligió sostener lo que protege la vida, los territorios y los derechos conquistados.
ACCIÓN ECOLÓGICA
29 de noviembre de 2025