El Comercio. Martín Pallares, Editor de Política
Uno puede decir muchas cosas sobre Acción Ecológica. Seguramente unas más objetivas que otras. Se podría decir, por ejemplo, que Acción Ecológica ha mantenido sobre los transgénicos una posición dogmática, alejada de evidencias científicas y con la mira puesta más en el combate a las transnacionales que los producen que en la posibilidad de abrir un debate científico. Se puede afirmar, con el riesgo de equivocarse, que esa militancia quedó grabada en la Constitución, sin dejar la posibilidad de regular el manejo de los transgénicos, como lo han hecho los países que no pueden darse el lujo de adoptar posiciones religiosas en temas vitales para su desarrollo.
Pero también se podría decir que el país le debe a Acción Ecológica que se haya discutido el tema de la minería a gran escala, para evitar que el mito del nuevo Dorado sea asimilado sin más ni más.
Se podrían decir muchas otras cosas más, como que durante un buen tiempo el organismo vivió aletargado por el embrujo de cantos de sirena y que calló cosas que normalmente jamás hubiera callado.
Pero dígase lo que se diga, no hay cómo dejar de decir que la forma en que se retiró la personería jurídica a Acción Ecológica es, a todas luces, arbitraria, abusiva y que los argumentos fueron simples leguleyadas. Acción Ecológica tenía derecho a un tiempo razonable para legalizar su situación, si es que su pecado era estar registrada en el Ministerio de Salud, y debió haber sido notificada con antelación. Lo que pasó con Acción Ecológica no es ni revolución ni ciudadano. Es pura tropelía
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