Una fusión agresiva y regresiva
ACCIÓN ECOLÓGICA OPINA
Diana Milena Murcia R./ Editorialista invitada
En el Brasil de Bolsonaro, de las primeras acciones tras su posesión se destaca la reforma institucional para debilitar la protección de pueblos indígenas. Fusionó a la FUNAI, organismo promotor de sus derechos, con el Ministerio de Familia, Mujer y Derechos Humanos y transfirió la facultad que tenía para la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, bajo el mando de funcionarios que representaban intereses latifundistas, por lo que se llegó a decir que tal medida, era “como atar a los perros con longaniza”[1]. Durante su mandato, la violencia contra los pueblos indígenas se intensificó, sus territorios fueron invadidos y explotados y no se delimitaron sus territorios.
El presidente llegó a nombrar como coordinador de los pueblos indígenas en aislamiento, a un pastor evangélico exintegrante de una organización que desde la década del 50 tenía como misión la evangelización de pueblos indígenas amazónicos y algunos de cuyos miembros estuvieron implicados en violaciones de niñas indígenas y trabajo esclavo[2]. Sobre el nombramiento, se decía que es como “poner a un zorro al frente de un gallinero”[3]. La Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas dijo en su momento que se trataba de una “una decisión peligrosa, corre el riesgo de provocar un genocidio entre los pueblos indígenas aislados”[4].
Afortunadamente, esa medida fue suspendida por un juez, quien en su decisión resaltó que el nombramiento de un misionero en ese cargo “representa un alto grado de riesgo para la política consolidada de no contacto con las poblaciones y el respeto del aislamiento voluntario de estos pueblos, en flagrante violación del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas”[5]. Así pues, la estructura y organización de los organismos estatales importa, y la identidad e historia de quienes están al frente, exhibe las intenciones reales de cualquier política.
En la Argentina de Milei, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pasó a llamarse sólo de Justicia, con una subsecretaría de derechos humanos en un contexto de retórica hostil sobre estos derechos, sus titulares y defensores en simultáneo con la desfinanciación de políticas y programas neurales, como la salud[6]. El Ministerio de Ambiente se subsumió en la Subsecretaría de Recursos Hídricos -parte del Ministerio de Economía- y en la Coordinación de Higiene, Seguridad Ambiental y Sustentabilidad -de la Secretaría General de la Presidencia-
Con este modelo estatal, “el gobierno introdujo reformas legislativas regresivas, autorizando la deforestación en áreas actualmente protegidas, ampliando la autorización de actividades mineras en la zona peri glacial, que echan por tierra el sistema de protección del ambiente y territorio dispuesto en la ley de bosques, ley de fuego, ley de glaciares, ley de tierras, entre otras”[7]. Esto enseña que la fusión de entidades, en contextos de crisis institucional y rasgos autoritarios, es susceptible de herir profundamente el goce de los derechos humanos y de la naturaleza.
La autonomía e independencia del Ministerio de Ambiente, es fundamental para enfrentar al menos dos retos señalados recientemente por las más altas Cortes Internacionales en relación con la crisis climática: i) proteger el medio ambiente sano y los elementos naturales que lo componen, como la mejor forma para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, a través de mecanismos como el estudio de impacto ambiental para aprobar intervenciones en los ecosistemas con debida diligencia[8]; y ii) adecuar las normas internas de tal manera que orienten “al Estado y a los particulares bajo su jurisdicción para enfrentar de manera eficaz e integral las causas y consecuencias del cambio climático”[9], que incluyen “el consumo y la producción intensivos y a sus efectos sobre las emisiones derivadas de la industrialización, la quema de combustibles fósiles y el cambio de usos de suelo”[10].
De hecho, en la Colombia de Uribe, se fusionó el Ministerio de Ambiente con el de Vivienda argumentado razones de austeridad mientras se inyectaban recursos al sector de seguridad, medida que se tuvo que reversar ocho años después. En la exposición de motivos de la nueva ley que los separó, se explicó que se requería crear “un esquema organizacional apropiado a las exigencias del mundo contemporáneo, en el cual se deben asumir responsabilidades directas en el manejo de los elementos del entorno ambiental y asegurar su perdurabilidad. Bajo este compromiso frente a la comunidad internacional y de cara a las futuras generaciones de colombianos, es consecuente asumir responsabilidad y acciones que detengan, mitiguen o subsanen el deterioro global del medio ambiente. Ello impone desafíos sociales, políticos y económicos sin precedentes, los cuales únicamente son posibles de asumir con una institucionalidad acorde a la complejidad y a los nuevos retos que demanda el sector ambiental”[11].
Pero, en el Ecuador de Noboa, la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el de Energía y Minas, constituye una agresiva forma regresiva frente a los derechos humanos ambientales y las obligaciones internacionales para afrontar la crisis climática, eliminando los contrapesos misionales de ambas instituciones, pues mientras la una realiza evaluaciones ambientales y determina la viabilidad de licencias ambientales, el otro está encargado de promover proyectos de extracción de recursos fósiles y minerales.
Ante tal panorama, “los actores de las industrias de extracción de recursos celebran la decisión de Noboa, porque dicen que esto acelerará los trámites de licencias”[12]. Parece una reforma hecha a la medida de quienes ven en las regulaciones ambientales un obstáculo para sus operaciones, y recuerda el anuncio de primera página del nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado argentino: “Reporta la burocracia. Cuéntanos qué normas burocráticas entorpecen tu actividad. Agradecemos tus sugerencias”[13].
En favor de la medida se argumenta la existencia de Ministerios similares, como Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, el Ministerio del Clima, Energía y Servicios Públicos de Dinamarca o el Ministerio de Clima y Empresa de Suecia, pero lo que no se dice es que Costa Rica no tiene ejército, por lo tanto no tiene la presión de conseguir recursos para una guerra; aunque si tiene graves problemas ambientales derivados de su dependencia a combustibles fósiles, la sobre explotación de recursos, la contaminación acuífera por agrotóxicos, el turismo en masa, la aprobación de proyectos mineros subterráneos y la erradicación de los ilegales. así como una disminución sostenida del presupuesto público para la protección de la diversidad biológica, para lo que su institución rectora de la política ambiental se queda corta.
Por otra parte, la comparación con Dinamarca o Suecia es insostenible, pues estos países tienen un índice de estados frágiles de 175 y 168 respectivamente. Este índice mide cuestiones sobre el estado de derecho, respeto de las fuerzas de seguridad por los derechos humanos e independencia de la administración de justicia-. En contraste, el Ecuador se ubica en un rango de alerta y en declive: está en el puesto 90[14].
Dinamarca se ha destacado en los primeros lugares del índice de desempeño ambiental[15] porque renunció en 2020 a la producción de combustibles fósiles, tiene una planificación y ordenamiento ambiental cuidadoso y una envidiable política de acción climática local. Entre tanto, Suecia se destaca por su apuesta por una agricultura ecológica y un estilo de vida en armonía con la naturaleza, y no obstante, exhibe retrocesos “los vientos empezaron a cambiar en 2022, cuando la coalición de derecha, apoyada por la extrema derecha, llegó al poder. La lucha contra la inflación y el aumento del poder adquisitivo se convirtieron en la prioridad, y la ecología en una variable de ajuste. Y este fenómeno tiene incluso un nombre: “green-blaming”, una tendencia que consiste en hacer de la ecología el chivo expiatorio de todo lo que va mal”[16]. Por lo tanto, la comparación no funciona.
Lo que viene para el Ecuador es una configuración institucional que dificultará enormemente respuestas adecuadas a la crisis climática, y si las sospechas son ciertas, se podría desmejorar en el monitoreo a las operaciones industriales y apuntar a un paulatino cierre del espacio cívico de participación, basado en controles a las organizaciones de la sociedad civil y el disciplinamiento ante la protesta ciudadana. Ojalá que no, pero las condiciones institucionales están dadas.
Anexos:
[1] IWGIA (2019). Grave retroceso de los derechos humanos e indígenas en Brasil. En: https://iwgia.org/es/brasil/3312-grave-retroceso-de-los-derechos-humanos-e-indigenas-en-brasil.html
[2] REPÓRTER BRASIL (2020). Ex-missionário nomeado para Funai é acusado de manipular indígenas e dividir aldeias. Disponible en: https://reporterbrasil.org.br/2020/02/ex-missionario-nomeado-para-funai-e-acusado-de-manipular-indigenas-e-dividir-aldeias/
[3] SURVIVAL (2020). Duro golpe para Bolsonaro: juez destituye a un controvertido misionero de su alto cargo gubernamental en la FUNAI. En: https://www.survival.es/noticias/12401
[4] FRANCE 24 (2020). Brasil: polémica por el nombramiento de un evangélico para proteger a las tribus indígenas aisladas. En: https://www.france24.com/es/20200209-brasil-evangelico-proteccion-tribus-indigenas-aisladas
[5] SURVIVAL, ob.cit. A inicios de 2023 se inició un proceso judicial por genocidio contra Bolsonaro, en relación con la situación de hambruna y severa inseguridad padecida por el pueblo Yanomami. BBC NEWS. Por qué investigan al gobierno de Bolsonaro por un posible genocidio contra los Yanomami. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64477930
[6] Que esta sea la oportunidad para recordar a la cantante Araceli Julio, vocalista de Satélite Kingston, quien falleció antes de cumplir 40 años luego de suspender el tratamiento del cáncer que padecía debido a la falta de entrega oportuna de medicamentos. Ella presentó un recurso de amparo que el gobierno se negó a acatar y apeló.
[7] AMNISTÍA INTERNACIONAL. 12 meses de gestión, 12 derechos perdidos. En: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2024/12/DDHH-en-Argentina-2024-1-año-12-derechos-perdidos-vf-11.12.pdf
[8] Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Opinión Consultiva 17 de 2023. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf
[9] Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Opinión Consultiva 32 de 2025. Párr. 246. Disponible en: https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/1084981967 y Corte Internacional de Justicia, Opinión Consultiva sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. Julio 23 de 2025. Disponible en: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-pre-01-00-en.pdf
[10] Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Opinión Consultiva 32 de 2025. Párr. 55
[11] Gaceta del Congreso 1053/10 del 7 de diciembre de 2010.
[12] PRIMICIAS. Fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía despierta debate por posible conflicto de interés. 25 de julio de 2025. En: https://www.primicias.ec/economia/riesgos-fusion-ministerio-ambiente-energia-minas-ambientalistas-oposicion-101523/
[13] En: https://www.argentina.gob.ar/desregulacion
[14] Superando situaciones como la de países como Somalia, en primer lugar, Ucrania en el 22, Nicaragua en el 60, pero estando en peor situación en países como Ghana (106), Cuba (112) o Argentina (142). Ver: https://fragilestatesindex.org/analytics/fsi-heat-map/
[16] RFI. Suecia pierde poco a poco su posición de líder en la lucha contra el calentamiento global. Noviembre 19 de 2024. En: https://www.rfi.fr/es/medioambiente/20241119-suecia-pierde-poco-a-poco-su-posición-de-líder-en-la-lucha-contra-el-calentamiento-global