CAMPAÑA EN CONTRA DEL OCP
La campaña en contra de la construcción del OCP
Los ámbitos de la campaña: de lo local a lo nacional e internacional
Las etapas de campaña en contra del OCP
El futuro de la campaña
La Campaña en contra de la construcción del OCP
La campaña en contra de la construcción del OCP ha tenido como protagonistas una larga lista de organizaciones de carácter local, nacional e internacional en distintas etapas del proceso.
Hay que apuntar que la oposición al OCP ha tenido básicamente dos enfoques distintos:
La demanda de modificar la ruta del oleoducto para evitar su paso por zonas ecológicas especialmente sensibles. Este enfoque se ha usado primordialmente en defensa del Bosque Protector Mindo Nambillo, para evitar el impacto del oleoducto sobre la biodiversidad y funciones hídricas de este ecosistema. Esta posición fue sostenida principalmente por el Comité pro Ruta Menor Impacto, conformada por más de 20 organizaciones ambientalistas. La impermeabilidad del gobierno y la empresa a escuchar argumentos sociales y técnicos, la concesión de la Licencia Ambiental y el inicio de la construcción desmovilizó a este sector. Frente a su retirada de la lucha contra el oleoducto, se movilizaron sectores poblacionales, principalmente del pueblo de Mindo, para continuar con la oposición a la construcción del OCP por este bosque.La oposición a la construcción del OCP no solo por los impactos sociales y ambientales a lo largo de la ruta, sino también por las consecuencias de la ampliación de la frontera petrolera a nuevas áreas de la Amazonía ecuatoriana, lo que afectaría territorios indígenas y bosques tropicales, muchos de los cuales se encuentran en áreas protegidas. Esta posición ha sido sostenida fundamentalmente y en forma permanente por Acción Ecológica.
Las movilizaciones de oposición a la construcción del OCP que ha protagonizado Acción Ecológica se han caracterizado por su persistencia y por la consecuencia con los principios del ecologismo popular. El proyecto de construcción del OCP fue presentado desde el inicio por los funcionarios estatales (desde el presidente hasta los ministros involucrados) como una iniciativa inflexible, que no se detendría frente a ninguna crítica, provenga esta del campo social, legal o técnico. «Cuatro majaderos no van a joder al país», dijo en declaraciones públicas el Presidente Noboa refiriéndose a Acción Ecológica y organizaciones sociales opuestas a la obra. Muchos sectores fueron desmovilizados bajo el argumento de que, de cualquier forma, el oleoducto iba a construirse.Otro de las características de la movilización social en contra del OCP es la necesidad de construir un discurso que desmienta la percepción generalizada de que los ingresos petroleros pueden dar una salida a los problemas sociales y económicos que agobian al país. El discurso ecologista tiene mucha distancia que recorrer para convencer a la población de que la sobreexplotación de la naturaleza no puede ser la vía para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, sino que más bien profundizan los problemas generados desde el boom petrolero, que se expresan básicamente en el incremento de la pobreza, el aumento de la corrupción entre funcionarios públicos y privados, el incremento del endeudamiento externo y el continuo deterioro de los servicios públicos a cargo del Estado.
A pesar de que la oposición al OCP ha tenido que enfrentarse al discurso hegemónico de las promesas del desarrollo impulsadas por los ingresos petroleros, la campaña ha brindado la posibilidad de acceder a muchos espacios de difusión de las críticas a este modelo. Para muchos sectores, ésta ha sido la única oportunidad de conocer los impactos de las actividades petroleras en la amazonía ecuatoriana, de analizar los efectos de una economía extractivista sobre la economía y la sociedad, de vincular los problemas locales de la extracción de petróleo con problemas globales como el cambio climático, la deforestación, la contaminación, etc..
Por otro lado, la movilización de las poblaciones locales afectadas por el trazado del oleoducto fue reducida debido a una intensa campaña de ofertas de empleo y obras públicas por parte del gobierno y del departamento de relaciones comunitarias del Consorcio OCP. La posibilidad de conseguir empleo, y las expectativas de fondos para el desarrollo comunitario en zonas donde la inversión estatal es prácticamente inexistente generó expectativas por parte de la población.
El discurso acerca de la «tecnología de punta» que sería aplicada para reducir los riesgos que implica la operación del oleoducto también convenció a muchas poblaciones.
El inicio de los trabajos implicó un cambio de la posición de muchos sectores, que empezaron a experimentar las arbitrariedades del consorcio en la destrucción de propiedad privada, expropiación arbitraria y malas condiciones de trabajo de los operarios de la obra. Sin embargo, sus demandas se reducían a reivindicaciones salariales, pedidos de mejores indemnizaciones o solicitud de mayores controles ambientales.
A pesar de la inflexible resolución del gobierno, del poder de las empresas asociadas en el Consorcio OCP y de la inercia social del discurso de desarrollo, la campaña en contra del OCP ha dado valiosos resultados, pues se ha constituido en la ocasión para movilizar a las poblaciones locales en la toma de conciencia de sus derechos ambientales y en la práctica de sus derechos ciudadanos, para influir en la opinión pública con el discurso de la sustentabilidad y la responsabilidad social sobre la conservación del ambiente y el derecho a la resistencia frente a prácticas gubernamentales y empresariales de destrucción del entorno.
Los ámbitos de la campaña: de lo local a lo nacional e internacional
La campaña en contra de la construcción del OCP ha articulado los distintos espacios en que Acción Ecológica desarrolla sus iniciativas.
Desde el trabajo con las comunidades locales hasta la movilización de organizaciones ecologistas internacionales, pasando por la interpelación de autoridades nacionales y la sensibilización de la opinión pública a través de la prensa nacional e internacional.
Esta imbricación de distintos niveles responde a las mismas características de un oleoducto, donde se combinan los impactos sociales y ambientales de las obras de construcción, los impactos en las áreas de extracción de crudo, los derechos colectivos y ambientales de las comunidades indígenas y locales, la influencia de los recursos petroleros sobre la economía del país, la pérdida de bosques y biodiversidad a nivel mundial, el consumo de combustibles fósiles y sus efectos sobre los cambios climáticos, etc..
Estas características configuraron una campaña con componentes de orden local, nacional e internacional.
Nivel local
Al inicio de la campaña en contra del OCP, se identificó la necesidad de movilizar a las poblaciones locales que iban a ser afectadas por la construcción y operación del OCP. A pesar que existe una normativa constitucional y legal que prescribe la consulta previa a la población afectada por un proyecto de desarrollo, este proyecto la ignoró por completo. Las poblaciones locales nunca fueron informadas sobre las caracteríticas, consecuencias ni riesgos de la construcción del OCP. El Consorcio montó una estrategia clientelista de ofrecimientos de empleo y de obras sociales a las comunidades a lo largo de la ruta, lo que generó respuestas que iban desde la aceptación de los ofrecimientos hasta la exacerbación de demandas y de las expectativas de la población local en relación a los aportes que podía hacer el consorcio al desarrollo local.
En el ámbito local, la población de las comunidades afectadas fue la protagonista de las luchas. En algunos casos, fueron las juntas parroquiales las que tomaron la iniciativa en las protestas. Las demandas en contra del OCP han tenido tres tipos de motivaciones:
La negativa de las autoridades locales a la construcción del OCP a causa de los riesgos a la población de la infraestructura petrolera (es el caso de Lago Agrio en relación a la construcción de la Estación Amazonas).
La oposición a la construcción del OCP por parte de comunidades locales para evitar la destrucción de ecosistemas frágiles (tal como la comunidad de Mindo ha defendido el bosque de Mindo Nambillo).
La demanda de obras sociales al Consorcio OCP como un requisito para permitir la obra (actitud que han asumido la mayoría de gobiernos locales, agobiados por los problemas sociales de sus comunidades y sin recursos para realizar obras).
Los conflictos con pequeños propietarios locales a causa de las irregularidades y atropellos en la adquisición del Derecho de Vía del oleoducto, a través de expropiaciones e indemnizaciones.
La campaña de Acción Ecológica ha trabajado estrechamente con las comunidades que se oponen a la construcción del OCP, mediante la realización de eventos de formación acerca de los derechos ambientales de la población y los impactos y consecuencias de la construcción del oleoducto, y en la organización y realización de acciones públicas de denuncia. Con los sectores que mantienen conflictos con el OCP, Acción Ecológica ha colaborado en la información acerca de sus derechos y en la difusión de sus luchas.
Nivel nacional
En el ámbito nacional, la campaña en contra de la construcción del OCP convocó a organizaciones sociales, grupos estudiantiles y ciudadanos identificados con la defensa del ambiente. La lucha de los ecologistas en defensa del ambiente, la denuncia de las irregularidades a lo largo del proceso, y la presencia permanente frente a la opinión pública para sostener argumentadamente la oposición a la construcción del OCP lograron posicionar el problema de la oposición a la construcción del OCP.La lucha de Acción Ecológica en contra de la construcción del OCP generó una gran demanda de información acerca de la problemática petrolera en el país y los impactos ambientales de la construcción del OCP.
Un fuerte componente de la campaña ha sido difundir esta información entre periodistas nacionales e internacionales, dictar conferencias en universidades, colegios y auditorios públicos, atender a entrevistas y debates en los medios de comunicación y asesorar a estudiantes universitarios que han desarrollado trabajos monográficos en relación al tema.
La interpelación de la política gubernamental de construir el OCP generó una fuerte reacción por parte del régimen, que ve en este proyecto el eje de su proyecto «modernizador». La descalificación de los sectores opuestos a la construcción del OCP, con términos como » cuatro majaderos que no van a joder al país», extremistas, verdes malos, etc., fue la tónica de la actuación del presidente y sus ministros. El gobierno se convirtió en el mejor aliado del Consorcio OCP, al hacerle el juego de la impunidad para todas las violaciones e irregularidades que ha cometido en todas las etapas de este proyecto.
Entre las estrategias emprendidas por Acción Ecológica en este nivel, se encuentra la presentación de un Recurso de Amparo en contra de la construcción del OCP, recurso que fue negado por el Tribunal Constitucional, sensible a las presiones por parte del ejecutivo.
Nivel internacional
En el ámbito internacional también ha habido una importante movilización. Organizaciones internacionales de la talla y el prestigio de Greenpeace y Friends of the Earth han intervenido en varios tramos del conflicto. Así mismo, se han conformado campañas en contra de la construcción del OCP en varios países, vinculados al proyecto por ser las sedes tanto de los bancos que financian la obra como de las empresas petroleras que hacen parte del Consorcio.
En Italia se conformó una coalición de alcance nacional que agrupa a unas 40 organizaciones ambientalistas y sociales. Estas organizaciones demandan a la Banca del Lavoro dejar de financiar el proyecto, y a la empresa hidrocarburífera con participación estatal ENI salir del Consorcio OCP. Estas organizaciones han montado un Observatorio para el seguimiento de las prácticas ambientales y sociales de ENI en el Ecuador y en los países del mundo donde opera.
En Italia se conformó una coalición de alcance nacional que agrupa a unas 40 organizaciones ambientalistas y sociales. Estas organizaciones demandan a la Banca del Lavoro dejar de financiar el proyecto, y a la empresa hidrocarburífera con participación estatal ENI salir del Consorcio OCP. Estas organizaciones han montado un Observatorio para el seguimiento de las prácticas ambientales y sociales de ENI en el Ecuador y en los países del mundo donde opera.
En Alemania, organizaciones como Greenpeace, Rettet den Regenwalt y otras han montado una campaña en contra de la participación del banco West Landes Bank, con participación del Estado de Westphalia Renania del Norte. En el marco de la campaña, han difundido ampliamente la problemática ambiental y social de la construcción del OCP y han realizado acciones públicas de denuncia en contra de las autoridades del Estado de Westphalia y del WestLB.
En Estados Unidos, la organización ambientalista Amazon Watch emprendió también una campaña en contra del OCP, enfocando sus esfuerzos en la disuación del Chase Manhattan Bank y del Citybank de financiar el proyecto, y denunciando los impactos ambientales y sociales que tendrá la intervención de la empresa petrolera Occidental en el Consorcio OCP.
En Canadá, el Toronto Environmental Alliance hace un seguimiento de la empresa petrolera Alberta Energy, principal socio del Consorcio OCP. Su intención es generar presión social para la salida de la empresa petrolera del Consorcio, difundiendo información acerca de sus prácticas sociales y ambientales en el país, no solo en relación a la construcción del OCP, sino también en los campos petroleros que mantiene en la Amazonía ecuatoriana, donde se han reportado numerosas denuncias de daños ambientales y de violación de los derechos de las comunidades locales.
En España, el Observatorio Socio ambiental de la Repsol-YPF, empresa petrolera de capitales españoles y argentinos, monitorea las prácticas socioambientales de la transnacional en nuestro país y las difunde a la opinión pública.
Las actividades protagonizadas por los miembros de organizaciones ecologistas internacionales tanto en nuestro país como en el exterior han tenido un fuerte impacto en la opinión pública, lo que ha provocado reacciones violentas desde el gobierno. Los ecologistas extranjeros han recibido epítetos del calibre de «alemancitos que no nos van a decir qué hacer en nuestro país» (refiriéndose a la visita de Greenpeace Alemania) o «vieja cacatúa que vive en los árboles» (aludiendo a la ecologista estadounidense Julia Butterfly). Hasta el momento, 15 ecologistas extranjeros han sido tomados presos, y 9 de ellos han sido deportados. La ilegalidad de su detención se demuestra en el hecho de que todos ellos han recibido el recurso de Hábeas Corpus por parte del Municipio de Quito.
Las etapas de la campaña en contra del OCP
Primera etapa: durante la preparación del terreno legal
El lanzamiento del proyecto de construcción del OCP implicó un largo camino de reformas constitucionales y legales para modificar el esquema de exclusión de la inversión privada sobre la construcción y control de infraestructura petrolera. Desde los años 70, las actividades petroleras estuvieron bajo el control estatal, a través una empresa pública que tenía el monopolio de todas las fases de la producción petrolera.A partir de los años 90, se empieza un proceso de flexibilización de la legislación nacional para permitir la inversión privada en el negocio petrolero.
Esta participación se dio principalmente en el campo de la licitación de los campos petroleros, contratos de concesión o asociación para explotación petrolera, y la privatización de los circuitos de comercialización de derivados.
Con la asunción al poder del Presidente Mahuad en agosto del 1998, empieza un proceso de generación de condiciones legales para promover la inversión extranjera en varias áreas de la economía, entre ellas la explotación petrolera. El ejecutivo envió al Congreso dos propuestas bajo el título «Ley para la Promoción de las Inversiones y la Participación Ciudadana», que fueron conocidas como leyes Trole I y Trole II, pues más que una ley consistían en una serie de reformas a diversas leyes. En el ámbito petrolero, estas leyes introducían reformas a la Ley de Hidrocarburos para garantizar la «libre competencia» en el sector, abrir las posibilidades de inversión privada y extranjera sobre las distintas etapas de la actividad hidrocarburífera (incluido el transporte de hidrocarburos) y reducir los controles ambientales y sociales sobre estas actividades.
Después de la caída del Gobierno de Mahuad a causa de los escándalos de corrupción, el gobierno de Gustavo Noboa, con el mismo equipo del régimen anterior, emprendió con energía el objetivo de crear las condiciones para la construcción del OCP, para lo cual se hicieron reformas legales adicionales y se lanzó oficialmente el proyecto. Como un ejemplo, cabe destacar que una de las primeras decisiones del gobierno de Noboa fue eliminar el Ministerio del Ambiente, reduciéndolo a una dependencia del Ministerio de Turismo. La medida fue ampliamente rechazada por sectores ambientalistas y sociales, por lo que el presidente tuvo que dar marcha atrás en su medida.
Cronología del proyecto
Febrero 2000: Se aprueba en el Congreso Nacional la llamada Ley Trole I, en cuyo artículo 46, inciso 3, se autoriza la posibilidad de construir ductos principales por parte de la empresa privada.Marzo 13 del 2000: Se oficializa la reforma a la Ley de Hidrocarburos que elimina las restricciones a la empresa privada para invertir en el sector petrolero.
Abril 5 del 2000: Se crea la Comisión Especial Asesora para la Construcción del Oleoducto de Crudos Pesados mediante decreto ejecutivo.
Julio 19 del 2000: Se aprueba el Reglamento para la Construcción y Operación de Ductos Principales Privados para el Transporte de Hidrocarburos mediante Decreto Ejecutivo.
Acciones sociales*
Febrero del 2000: Acción Ecológica junto con varias organizaciones sociales y movimientos políticos denuncian los efectos perversos de las reformas legales contenidas en la Ley Trole I sobre el patrimonio natural de los ecuatorianos.
Febrero del 2000: Ratas en el Congreso. En un acto cargado de simbolismo, Acción Ecológica introdujo ratas en el Congreso Nacional.
Febrero del 2000: Campamento de organizaciones sociales en defensa de la vida: Acción Ecológica participó en un campamento de denuncia de los efectos ambientales y sociales de las leyes Trole I y II en el parque del Arbolito, en la ciudad de Quito.
* Estas acciones fueron realizadas por Acción Ecológica como parte de sus actividades institucionales antes del inicio de la campaña específica en contra del OCP.
Segunda etapa: durante el proceso de adjudicación y contratación
Una vez cumplidos los procesos legales para favorecer la construcción privada del Oleoducto de Crudos Pesados, el gobierno inició los procedimientos para, en el menor plazo posible, iniciar los trabajos de construcción del OCP. La prisa y las intenciones explícitas de favorecer al Consorcio OCP hicieron que se comentan una serie de irregularidades que fueron denunciadas ampliamente:Las actividades del Consorcio OCP y de su empresa constructora Techint en varios sitios de la llamada «ruta norte» empezaron antes de que se adjudique la obra o se determine la ruta en forma oficial, lo que demuestra que estas decisiones fueron tomadas sin mediar los requisitos legales ni técnicos estipulados.
El contrato entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio OCP violaron requisitos básicos de la Constitución y las leyes del país, pues no realizaron la consulta previa a las poblaciones afectadas, y recibieron la aprobación oficial a un Estudio de Impacto Ambiental superficial, incompleto e insuficiente, presentado además en forma tardía (después de la firma del contrato).
La decisión más polémica para la opinión pública fue la determinación de la ruta: paralela al SOTE con excepción del tramo central donde optan por la «variante norte», la cual afecta zonas de bosque primario del noroccidente de Pichincha, en el extremo sur de la bioregión del Chocó andino. Esta área es el hábitat de numerosas especies endémicas o en peligro de extinción.
Durante todo este periodo, el gobierno se mostró impermeable a toda crítica social, declarando su voluntad indeclinable de llevar adelante la obra sin importar las impugnaciones realizadas al proceso.
Cronología del proyecto
Julio 20 del 2000: El Ministro de Energía y Minas convoca públicamente a compañías privadas nacionales y extranjeras a la presentación de propuestas para la construcción del OCP.
Agosto 24 a 31 del 2000: La compañía Williams, el Consorcio OCP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército presentan sus propuestas para la construcción del OCP.
Septiembre 10 del 2000: Se crea una comisión especial para analizar las propuestas.
Septiembre 25 del 2000: La comisión califica a Williams y al Consorcio OCP como aptos para construir el oleoducto, y excluye al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Noviembre 16 del 2000: Williams y Consorcio OCP son autorizadas para «negociar» la construcción del OCP con el Ministerio de Energía y Minas.
Diciembre 7 del 2000: Williams se retira del proceso denunciando la intención gubernamental de favorecer al Consorcio OCP para la construcción del oleoducto. Esta empresa proponía un trayecto paralelo al antiguo SOTE a lo largo de toda la ruta, mientras el Consorcio OCP propone la llamada «variante norte», a través de los bosques del noroccidente de Pichincha.
Febrero 15 del 2001: El Consorcio OCP firma con el Gobierno ecuatoriano el Contrato de Autorización para la Construcción del Oleoducto de Crudos Pesados.
Febrero 20 del 2001: Autoridades gubernamentales anuncian que el proyecto OCP creará al menos 50.000 puestos de trabajo.
Marzo 21 del 2001: El Ministerio de Ambiente impuso una multa a Techint por haber abierto una trocha en el bosque Mindo Nambillo sin autorización.
Mayo 20 del 2001: El Presidente de la República utiliza términos como «majaderos» y «no van a joder al país» para descalificar a los sectores que se oponen a la construcción del OCP.
Junio 6 del 2001: El Ministerio de Energía y Minas aprueba el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción del OCP.
Junio 7 del 2001: El Ministerio de Ambiente ratifica la aprobación del EIA y otorga la licencia ambiental al proyecto OCP.
Junio 26 del 2001: El Ministro de Energía firma un Acuerdo Ministerial en el que declara de utilidad pública el derecho de vía del OCP, para legitimar las expropiaciones sumarias a lo largo de la ruta.
Acciones sociales
Octubre 9 del 2000: Se conforma el Comité pro Ruta de Menor Impacto, conformado por 22 organizaciones ambientalistas. El objetivo del Comité es evitar que se construya el oleoducto por la llamada «ruta norte» que atraviesa los bosques de Mindo.
Noviembre 17 del 2000: Protesta de ambientalistas frente al Palacio de Carondelet para expresar al Presidente Noboa su rechazo a la construcción del OCP por la ruta norte.
Febrero 24 del 2001: Protestas en Esmeraldas por la construcción del OCP. Diversos sectores barriales, gremiales, funcionarios de la Municipalidad, consejales, periodistas y campesinos de esta ciudad expresaron su rechazo por la implantación de la tubería por donde pasará el OCP.
Marzo 11 del 2001: Pobladores de Mindo denuncian que no han sido consultados ni informados acerca de las características de construcción del OCP.
Marzo 15 del 2001: Greenpeace anuncia su oposición a la construcción del OCP.
Abril 14 del 2001: Organizaciones ecologistas y pobladores del noroccidente de Pichincha acudieron al Congreso Nacional para denunciar las irregularidades en el proceso de adjudicación y contratación del proyecto OCP.
Mayo 11 del 2001: Pobladores del noroccidente de Pichincha cierran la vía principal de Puerto Quito en protesta por la construcción del OCP.
Mayo 12 del 2001: Los intentos del Consorcio OCP de montar eventos en varios puntos de la ruta para crear la imagen de que la población potencialmente afectada ha sido informada y consultada fallaron definitivamente. En el Coliseo de Los Bancos, 2000 personas rechazaron la construcción del OCP. Lo mismo ocurrió en El Chaco (Provincia de Napo) y en Quinindé (Provincia de Esmeraldas).
Mayo 14 del 2001: Moradores de Yaruquí, Checa y el Quinche cerraron el paso vehicular en la carretera en protesta por el paso del OCP por la zona.
Mayo 15 del 2001: Ecologistas y moradores del noroccidente de Quito se toman el despacho del Ministro de Energía y Minas y realiza una marcha para entregar el recurso de amparo. en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para impedir la construcción del OCP.
Mayo 17 del 2001: Organizaciones indígenas como la CONAIE y la FENOCIN se suman a la oposición a la construcción del OCP.
Mayo 18 del 2001: Grupos juveniles realizan una marcha en bicicleta desde Quito hasta Mindo para rechazar la construcción del OCP.
Mayo 18 del 2001: El estudio de impacto ambiental presentado por el Consorcio OCP recibe críticas de muchos sectores sociales y ambientalistas.
Mayo 23 del 2001: Acción Ecológica junto con otras organizaciones sociales hacen declaración conjunta rechazando las expresiones del presidente de la República en contra de quienes se oponen a la construcción del OCP.
Mayo 26 del 2001: Protestas en Lago Agrio en contra de la construcción de la terminal Amazonas dentro del perímetro urbano de la ciudad.
Junio 28 del 2001: Primera Manifestación en el Municipio para exigir que no otorgue el permiso de construcción del OCP en los territorios del Distrito Metropolitano de Quito.
Julio 7 del 2001: Manifestación de ecologistas en evento internacional convocado por OCP en el Hotel Hilton Colon para promover la construcción del OCP.
Julio 20 del 2001: El 80% de la población de Lago Agrio manifiesta su desacuerdo con la construcción del oleoducto.
Acciones internacionales:
Mayo 18 del 2001: Amazon Watch y otros grupos de defensa del medio ambiente y los derechos humanos lanzaron un llamado a los organismos financieros norteamericanos y europeos a no financiar la construcción del OCP. El pedido fue suscrito por Greenpeace International, Friends of the Earth y Oxfam.
Julio 28 del 2001: Organizaciones ambientalistas alemanas inician campaña para impedir el financiamiento del Proyecto OCP por parte del banco alemán WestLB.
Otras actividades de la campaña
Talleres locales de información de los riesgos ambientales y los impactos sociales de la construcción del OCP. Presentación de videos.
Análisis y crítica del Estudio de Impacto Ambiental presentado por el Consorcio OCP. El documento fue presentado al Ministerio del Ambiente, pero no se le dio trámite y no recibió respuesta por parte del consorcio.
Preparación y presentación del Recurso de Amparo en contra de la decisión administrativa de construir el Oleoducto de Crudos Pesados.
Publicación de Alertas Verdes con información sobre el nuevo oleoducto (“Cuidado con el OCP”, “Críticas al Estudio de Impacto Ambiental del OCP”, “No es lo mismo estar jodiendo que estar jodidos”, “La Ruta del OCP, Trinchera por Trinchera”, “El principio de Precaución”, y “Cero en Consulta Previa”).
Actividades de información y cabildeo con parlamentarios ecuatorianos sobre la construcción del nuevo oleoducto.
Actividades de información y cabildeo con autoridades locales de los sitios por los que atravesaría el oleoducto, en la Amazonía, la Sierra y la Costa.
Elaboración de boletines de prensa y asistencia a medios radiales, televisivos y de prensa escrita para informar a la opinión pública los impactos sociales y ambientales de la construcción del OCP.
Participación en los espacios de organizaciones ambientalistas opuestas a la construcción del OCP por la ruta de Mindo.
Tercera etapa: durante la construcción
Creemos que estas luchas aumentan la dignidad de la población y que esta es fundamental en zonas donde la extracción ha mantenido durante muchos años pisoteada a la población que sobrevive en condiciones de miseria. Desde el inicio del proceso de construcción del OCP, se comienzan a evidenciar las denuncias que los sectores ecologistas advertían desde el inicio del proceso. Esto hace que los conflictos sociales con propietarios, poblaciones locales, trabajadores, gobiernos locales y organizaciones sociales se agudicen. Los continuos conflictos a lo largo de toda la ruta de la construcción del OCP han provocado frecuentes paralizaciones en las obras, por lo cual, hasta el momento, el proyecto tiene un importante retraso en relación a su cronograma.
Estos conflictos han recibido como respuesta por parte del gobierno acciones de represión que han incluido el poner a un pelotón de la Policía Nacional bajo el mando del Consorcio OCP, con la tarea de garantizar la seguridad y continuidad de las obras a costa de la violación de los derechos de las poblaciones locales. Esta «Policía Especial OCP» (como firma los partes oficiales) ha protagonizado ataques a grupos de campesinos, acciones de amedrentamiento y amenaza a los pobladores locales, detenciones ilegales, entre otras arbitrariedades.
Por otro lado, el seguimiento al proceso de construcción del OCP hizo evidente que todo el discurso acerca de las técnicas de punta a utilizarse era un engaño. Acción Ecológica ha documentado detalladamente los impactos al suelo, agua, vegetación y fauna que continúa provocando la construcción del OCP. Además, se ha registrado el testimonio de los afectados por su construcción, que denuncian violaciones repetidas a los derechos humanos. Los organismos oficiales responsables de vigilar la conducta del Consorcio OCP (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Gobierno) no han hecho nada para castigar los desmanes del Consorcio OCP, sino que más bien han sido sus cómplices.
Las visitas de ecologistas extranjeros para constatar los impactos de la obra y las reacciones gubernamentales contra ellos han marcado también un hito en esta etapa, pues han permitido visibilizar a nivel nacional e internacional la destrucción de la que el OCP es responsable.
Por último, durante esta etapa se han incrementado también los conflictos de las empresas petroleras con las poblaciones locales, provocados por el auge de las actividades encaminadas a ampliar la extracción del petróleo que será transportado a través del OCP.
Cronología del proyecto
Junio 26 del 2001: Inicia el plazo para la construcción del OCP.
Octubre 14 del 2001: Un grupo especial del ejército es designado para proteger la construcción del OCP a lo largo de la ruta.
Noviembre 7 del 2001 Firma de un convenio de apoyo mutuo entre OCP Ecuador S.A. y la Policía Nacional. El objetivo de este convenio es que el Comando de Policía de Sucumbíos proporcionará la seguridad de la Compañía OCP a cambio de una donación mensual de 4.000 dólares que entregará la compañía OCP a la Policía de Sucumbíos.
Noviembre 23 del 2001: Trabajadores del OCP de Lago Agrio se declararon en paro en protesta por las malas condiciones laborales que enfrentan. Mil trabajadores fueron despedidos.
Enero 7 del 2002: Se suspenden los trabajos en la zona de Guarumos, aduciendo las dificultades del periodo lluvioso.
Enero 9 del 2002: Techint despide en Esmeraldas a 107 trabajadores que protestaban por las malas condiciones laborales.
Febrero 15 del 2002: Nuevo paro laboral en Esmeraldas. Más de 700 trabajadores protestan por las malas condiciones laborales.
Marzo 6 del 2002: La licencia ambiental de OCP es retirada temporalmente para la zona de Guarumos por daños en la vía de acceso debido a los malos trabajos de abandono de la obra.
Acciones sociales
Agosto 7 del 2001: Alcalde de Lago Agrio impide la entrada de la maquinaria del OCP para la construcción de la Estación Amazonas.
Agosto 8 del 2001: Un grupo de mujeres ecologistas se toman pacíficamente las oficinas OCP para denunciar las irregularidades del proceso y exigir la suspensión de la construcción. Son desalojadas violentamente por la guardia privada del OCP.
Agosto 23 del 2001: Ecologistas, jóvenes y estudiantes se toman en forma pacífica las oficinas de la ID, adonde pertenecen la mayor parte de concejales de la ciudad de Quito, para exigir que el Municipio no otorgue el permiso a de construcción al OCP.
Agosto 28 del 2001: La ciudad de Lago Agrio se declara en paro en protesta por la construcción de la estación Amazonas del OCP.
Octubre 2 del 2001: Nueva manifestación frente al Municipio de Quito para exigir que no se otorgue el permiso de construcción al OCP.
Octubre 4 del 2001: La provincia de Napo se declara en paro en protesta por el incumplimiento de las ofertas de empleo por parte del OCP.
Octubre 11 a 13 del 2001: Pobladores del noroccidente de Quito y ecologistas se toman pacíficamente las maquinarias del OCP en Guarumos para impedir el avance de la construcción hacia el Bosque Protector Mindo Nambillo. Son desalojados por la policía.
Octubre 25 del 2001: Simultáneamente a las acciones en 10 países en protesta contra el OCP, ecologistas realizaron una manifestación frente a la Embajada de Alemania para exigir que el WestLB no financie el proyecto OCP.
Octubre 28 del 2001: Pobladores del noroccidente de Quito y ecologistas bloquean nuevamente los trabajos del OCP en Guarumos. Nuevamente son desalojados por la policía.
Noviembre 5 del 2001: Pobladores del noroccidente de Quito y ecologistas bloquean la vía de entrada a la estación de reducción de presión de Puerto Quito y se toman de las oficinas del OCP en San Miguel de los Bancos.
Noviembre 20 del 2001: Pobladores del noroccidente de Quito y ecologistas se toman la estación de reducción de presión de Puerto Quito en acción simultánea con protestas en Alemania.
Noviembre 24 del 2001: Pobladores del noroccidente de Quito y ecologistas ocupan pacíficamente el acceso al Bosque Protector Mindo Nambillo para impedir el avance de los trabajos del OCP.
Enero 3 del 2002: Pobladores de Mindo y activistas establecen un campamento permanente en el acceso al Bosque Protector Mindo Nambillo para impedir el avance de los trabajos del OCP al interior de la reserva.
Enero 20 del 2002: Pobladores de Nono declararon un paro para protestar por los incumplimientos de los ofrecimientos del OCP para el desarrollo del pueblo.
Febrero 7 del 2002: Moradores y autoridades del Cantón Gonzalo Pizarro declaran paro en protesta por las obras del OCP.
Febrero 18 al 27 del 2002: Paro en las provincias Amazónicas en protesta por impactos de la construcción del OCP e incumplimientos en relación a compromisos adquiridos. El paro se agudiza conforme avanzan los días y la represión provoca cuatro muertes. El gobierno y el Consorcio OCP son obligados a dialogar con los ciudadanos en paro.
Marzo 25 del 2002: El campamento de Guarumos que mantenían pobladores del noroccidente de Quito es desalojado violentamente. Cinco pobladores de Mindo y catorce extranjeros son encarcelados. Los extranjeros reciben una orden de deportación.
Marzo 27 del 2002: Manifestaciones en Quito y Mindo en protesta por la prisión de ecologistas. En Mindo, la población captura dos camiones del OCP y amenaza con no soltarlos si los ecologistas no son puestos en libertad.
Abril 1 del 2002: Ecologistas encarcelados son liberados por orden del Alcalde de Quito, que concedió un recurso de Hábeas Corpus tras constatar la ilegalidad de la detención.
Mayo 6 del 2002 La Red Amazónica de afectados por la construcción del OCP, denuncia invasiones, maltratos torturas y amenazas contra campesinos por parte de un destacamento de 80 hombres uniformados y armados que se encuentran operando en la provincia de Sucumbíos.
Mayo 11 del 2002: Ecologistas y pobladores de Mindo retoman el campamento de Guarumos.
Mayo 12 del 2002: Nuevamente son encarcelados los activistas que se encontraban en la zona de Guarumos.
Mayo 13 del 2002: Por orden del Intendente de Policía de Pichincha, los ecologistas son puestos en libertad.
Acciones internacionales:
Julio 28 del 2001: Organizaciones ambientalistas alemanas inician campaña para impedir el financiamiento del Proyecto OCP por parte del banco alemán WestLB.
Octubre 24 del 2001: Se realiza una jornada internacional de oposición a la construcción del OCP en 10 países.
Octubre 25 del 2001: Se realizó una manifestación pacífica en contra del OCP en Roma-Italia.
Noviembre 20 del 2001: Manifestaciones públicas en Alemania en contra del West LB para pedir la suspensión del financiamiento al proyecto OCP.
Febrero 21 del 2002: La delegación de Greenpeace que visitó el Ecuador hizo declaraciones en Alemania denunciando los impactos sociales y ambientales de la obra y exigiendo al WestLB que suspenda el financiamiento.
Mayo 15 del 2002: Manifestación en Roma en contra del Banco Nazionale del Lavoro por su financiamiento al proyecto OCP.
Mayo 29 del 2002: Manifestación en Roma en la Asamblea de Accionistas de la ENI por su participación en el Consorcio OCP y los campos petroleros que opera en la Amazonía ecuatoriana.
Junio 12 al 20 del 2002: Visita al Ecuador de la Carovana Internazionale de Solidaritá, de Italia. La misión visitó las zonas de construcción del OCP y denunció sus impactos sociales y ambientales.
Junio 20 del 2002: Los miembros de la misión italiana en contra del OCP se toman la oficina de ENI en Quito para exigir su salida del Consorcio OCP.
Otras actividades de la campaña
Monitoreo del proceso de construcción del OCP.
Proyecciones del video «El segundo Boom Petrolero» (producido por Acción Creativa con la colaboración de Acción Ecológica).
Elaboración de un informe sobre los impactos sociales y ambientales de la construcción del OCP.
Exhibición del documento en Power Point del informe sobre los impactos sociales y ambientales de la construcción del OCP en el Congreso Nacional, ante periodistas nacionales e internacionales y frente a comunidades afectadas por la construcción del OCP.
Organización y acompañamiento de misiones internacionales de ecologistas para denunciar los impactos sociales y ambientales de la construcción del OCP (Greenpeace de Alemania, la Carovana Internazionale de Solidaritá de Italia, la ecologista Julia Butterfly y Amazon Watch de Estados Unidos).
Recibimiento, provisión de información y acompañamiento de reporteros internacionales interesados en la problemática del OCP (Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, Irlanda, España, etc.).
Organización de la Red Nacional de Afectados por la Construcción del OCP.
Preparación y presentación de demandas legales para detener la construcción del OCP (demanda de inconstitucionalidad del decreto ministerial que autoriza la construcción del OCP, presentada el 26 de junio del 2002).
Asesoramiento a los afectados por la construcción del OCP sobre opciones legales para evitar la impunidad frente a violaciones protagonizadas por el Consorcio OCP.
Asistencia a estudiantes secundarios y universitarios interesados en la problemática del OCP (provisión de información, charlas, conferencias, entrevistas, etc.).
El futuro de la campaña
La resistencia que se ha venido presentando a la construcción del OCP es un paso más en la construcción de dignidad que creemos necesario en todas las luchas que venimos dando en las zonas de extracción petrolera.
Creemos que estas luchas aumentan la dignidad de la población y que esta es fundamental en zonas donde la extracción ha mantenido durante muchos años pisoteada a la población que sobrevive en condiciones de miseria.
El futuro de la campaña pasa pues por seguir manteniendo luchas de dignidad y resistencia. Creemos que la defensa de los derechos es una tarea fundamental y que se pueden mantener acciones de resistencia en comunidades de Esmeraldas, en la zona donde se esta queriendo construir el terminal del OCP, en Papallacta y en Guarumos. Creemos que estas luchas todavía pueden servir para que en la ruta de la resistencia al OCP se den mejores condiciones de dignidad.
El siguiente paso en la campaña es impedir la apertura de la nueva frontera petrolera que supone la construcción del OCP, es decir, la defensa del Yasuní, Pañacocha, Cuyabeno, Limoncocha, Sumaco, Napo-Galeras, y el acompañamiento a los pueblos indígenas que resisten la apertura de la frontera petrolera en su territorio: Shuar, Achuar, Zápara, Shiwiar, Huaoranis (ITT), Quichuas (Pastaza y Napo).