EL PROYECTO OCP

INFORME DE LA CAMPAÑA EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL OCP
ACCIÓN ECOLÓGICA QUITO, JUNIO DE 2002

Sin duda, la mayor amenaza a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas amazónicos, y a la supervivencia y bienestar de las comunidades indígenas amazónicas, es la extracción de petróleo. La construcción del Oleoducto de Crudos Pesados implica la profundización del modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de la naturaleza y provoca la agudización los conflictos socio-ambientales que ha ocasionado históricamente la extracción de petróleo en el Ecuador.

Acción Ecológica ha trabajado durante quince años en la denuncia de los impactos ambientales y sociales de la explotación petrolera y en la defensa de los derechos colectivos y ambientales de las comunidades ecuatorianas. Por esta razón, ante la inminencia de la construcción del OCP, emprendimos una campaña para evitar la realización de esta obra.La campaña tiene como ejes principales:La denuncia de los impactos ambientales y sociales de la construcción del OCP, tanto a nivel local como nacional y global.La oposición a un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de la naturaleza y la promoción de un modelo de sociedades sustentables, basado en la soberanía alimentaria y energética.El apoyo a los procesos de resistencia de las comunidades locales afectadas por la construcción del OCP en defensa de sus derechos humanos, colectivos y ambientales.La campaña en contra de la construcción del OCP está activa desde marzo del 2001, y ha logrado fuertes movilizaciones a nivel local, nacional e internacional. Este informe pretende dar información sobre los contenidos y actividades de la campaña desde su inicio hasta la actualidad. 

Antecedentes

Los treinta años de «desarrollo» desatados por el boom petrolero han dejado graves cicatrices en nuestro país. A nivel de la población en general, éstas se expresan en una agudización de fenómenos como la pobreza y el endeudamiento externo, y en un marcado deterioro de las condiciones de vida de la población. A nivel de la Amazonía específicamente, la explotación petrolera ha dejado un escenario de desolación y muerte. La tragedia ambiental y social que provoca la explotación petrolera se expresa en situaciones como la amenaza de extinción de las comunidades indígenas amazónicas; los niveles de contaminación que hacen que la población del norte de la amazonía no cuente con fuentes de agua potable, o que la incidencia de enfermedades asociadas a la exposición a sustancias tóxicas (cáncer, malformaciones embrionarias, abortos, etc.) es hasta cuatro veces mayor que en el resto del país; o la deforestación de miles de hectáreas y la pérdida de valiosos e irrecuperables ecosistemas y especies.

La construcción del OCP ha sido presentada por los voceros del gobierno ecuatoriano como el segundo boom petrolero, esto es, como una nueva oportunidad para el país de avanzar hacia el desarrollo y combatir las condiciones de pobreza que afectan a la mayor parte de la población. En el contexto de la economía dolarizada que el país experimenta desde hace dos años, el incremento del flujo de dólares que resulte de la ampliación de la frontera petrolera gracias a la construcción del OCP es fundamental para mantener el precario equilibrio del presupuesto nacional, agobiado por el peso del pago del servicio de la deuda externa, que ha llegado a significar hasta el 60% de este rubro. La necesidad de apuntalar la generación de divisas para evitar el colapso de la dolarización en el Ecuador, han hecho de este proyecto central en la estrategia gubernamental del presidente Gustavo Noboa.La tozuda determinación por construir el OCP a pesar de los riesgos y la oposición que ha despertado, ha sido uno de los rasgos más notables del actual gobierno. El presidente y sus ministros no han dudado en calificar a quienes se han opuesto a su construcción como «extremistas» o «majaderos». Se han implementado estrategias como la amenaza, la descalificación y la acusación de terrorismo como mecanismos para desarticular la oposición a la construcción del OCP. Sin embargo, esto no ha impedido un fuerte proceso social de resistencia a la edificación de esta obra de infraestructura petrolera.

El Proyecto OCP 

Los orígenes del proyectoLa construcción de un segundo oleoducto en el Ecuador es un proyecto que lleva años en los propósitos de las elites gobernantes y de las compañías petroleras transnacionales. Bajo el pretexto de la necesidad de terminar con la mezcla de crudos pesados y livianos que perjudica a la compañía petrolera estatal (Petroecuador), se promovió largamente la construcción de este nuevo oleoducto, esta vez en manos privadas.Este proceso forma parte de estrategias de desinversión estatal en el área petrolera, de la promoción de la inversión extranjera y de la política de generación de mayores ingresos al presupuesto estatal, destinados fundamentalmente al pago de la deuda externa.

La importancia dada a este proyecto por parte del gobierno nacional no se puede explicar sin un dato que corresponde al contexto geopolítico mundial: la prioridad del gobierno estadounidense de promover la explotación petrolera en sus áreas de influencia para reducir la dependencia del crudo proveniente de oriente medio, donde existe una fuerte inestabilidad política y la composición de las fuerzas es contraria a los intereses de los EE.UU.En este contexto, tiene lugar el proceso de negociación del OCP, un proceso que evidencia (desde la firma del contrato hasta la concesión del préstamo, pasando por la aprobación del EIA) el incumplimiento de los procedimientos exigidos por la legislación nacional. En muchos casos, los procedimientos realizados son solo un simulacro para engañar a los actores involucrados (comunidades locales, sociedad civil, organismos de control) con una imagen de responsabilidad ambiental y social. Lamentablemente, estos engaños cuentan con la complicidad del Estado ecuatoriano.

Entre las irregularidades más notorias, podemos enumerar: Violaciones a la LeyLa Constitución Política del Estado establece, en el Artículo 88, que toda decisión que pueda afectar al medio ambiente debe contar PREVIAMENTE con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. En este caso, NO hubo consulta a la comunidad, y peor aún un proceso de consulta previa. Se montaron reuniones de presentación del EIA, después de la firma del contrato y días antes de su aprobación final.Los artículos 21 y 24 de la Ley de Gestión Ambiental que exigen que ANTES de la firma de un contrato deben presentarse los EIA y otros instrumentos del sistema de manejo ambiental. Sin embargo, el contrato con el Consorcio OCP fue firmado el 15 de febrero y el EIA fue presentado dos meses después. Destrucción de áreas protegidasLa conservación de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente son obligaciones del Estado ecuatoriano reconocidas en la Constitución como prioridad nacional. Una de las estrategias básicas de conservación de la biodiversidad es la creación y defensa de un sistema de áreas protegidas a nivel nacional.Los estándares del Banco Mundial exigen el respeto de la legislación nacional y el cumplimiento de acuerdos internacionales. Afectar áreas protegidas, supone una violación a los principios de conservación, amparados por el Convenio de Diversidad Biológica y por la Western Convention que prohíbe actividades como ésta en áreas protegidas.La construcción del OCP afectará gran número de áreas protegidas. El trazado del oleoducto atraviesa el Bosque Protector Lumbaqui, la Reserva Ecológica Cayambe Coca, el Bosque Protector Cumandá, la Reserva Ecológica Antisana, el Bosque Protector de la Cuenca Alta del Río Guayllabamba, el Bosque Protector Mindo Nambillo y el Bosque Protector San Francisco. Además, la construcción del oleoducto tendrá influencia directa sobre áreas como el Parque Nacional Sumaco, el Bosque Protector La Cascada, la Reserva Geobotánica Pululahua y el Bosque Seco Lomas de Balao. Una licencia apresuradaDe acuerdo a las normativas nacionales e internacionales de protección del medio ambiente, la realización de todo proyecto de inversión requiere de una licencia ambiental otorgada por las autoridades de control. En el caso de la construcción del OCP, la licencia ambiental fue otorgada por la Ministra del Ambiente en circunstancias públicamente reprochadas por todas las ONGs ambientalistas, incluyendo aquellas que se hallaban en diálogo con esta instancia oficial. El 6 de junio del 2001, día en que se otorga al OCP la licencia ambiental, el director de Fundación Natura y el presidente del CEDENMA declararon que «la celeridad con la que los Ministerios respectivos aprobaron los Estudios Ambientales evidencia que era una decisión ya tomada» (El Comercio, 6 de junio del 2001).La licencia ambiental fue otorgada a pesar de que no se resolvieron las peticiones realizadas en los comentarios del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente. Las respuestas del Consorcio OCP a las más de 100 observaciones fueron generales y ambiguas, contestadas en apenas tres días. Menos de 24 horas después de recibir la respuesta del Consorcio (un documento de 3.500 páginas), la Ministra del Ambiente otorga la Licencia Ambiental. Crisis política y corrupciónUna investigación llevada a cabo por la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional encontró evidencias de corrupción y sobreprecio en la firma del contrato para la construcción del Oleoducto. Esto fue corroborado por el informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que declaró que el oleoducto no era necesario por cuanto el país no cuenta con suficientes reservas de hidrocarburos. Estos hechos provocaron el enjuiciamiento político del Ministro de Energía y Minas, el mismo que, según la prensa y los medios políticos, se «salvo» gracias a la negociación de su partido con la oposición (El Comercio, 23 y 24 de enero del 2001).

Compra de concienciasEn todas las zonas en donde la comunidad se ha opuesto a este proyecto debido a los riesgos ambientales que comporta, el Consorcio OCP ha optado por «convencer» a los dirigentes y autoridades en base ofertas monetarias (ya sea de obras para la comunidad o directamente de recompensas para las personas). En ningún caso, la respuesta a las comunidades ha sido la resolución de los conflictos ambientales y sociales que esta construcción genera. En el caso de la oposición de la comunidad a la Estación Amazonas, en la ciudad de Lago Agrio, el Consorcio OCP entregó dinero a los concejales para que estos cambiaran su voto. Esto fue denunciado en las radios locales por el Alcalde de la Ciudad.

Características del nuevo oleoducto

 El Oleoducto de Crudos Pesados es un sistema de transporte de petróleo que parte de la ciudad de Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana, y llega a la terminal de Balao, en el Pacífico norte del país. Tiene un recorrido de 503 kilómetros, durante los cuales atraviesa una gran diversidad de ecosistemas y entornos, pues incluye numerosos pisos altitudinales desde las planicies amazónicas pasando por la cordillera de los Andes hasta llegar al litoral ecuatoriano, donde incluso se interna algunos cientos de metros en el mar.

Está previsto que el OCP transporte diariamente hasta 400.000 barriles de crudo, lo cual duplica la actual producción del país, que alcanza aproximadamente 350.000 barriles diarios. Para cubrir esta cuota se intensificará la extracción de crudo de los campos que actualmente se hallan en producción y se incorporarán a la producción reservas ubicadas en áreas del sur de la Amazonía que hasta ahora no habían sido explotadas. Muchos de los nuevos campos petroleros incluyen áreas protegidas (Parque Nacional Yasuní, la Reserva Faunística Cuyabeno, la Reserva Biológica Limoncocha) y territorios indígenas de los pueblos Huaorani, Siona, Secoya , Quichua, Shuar y Achuar.

El OCP transportará crudos pesados, que se caracterizan por su mayor densidad y su alto contenido de azufre y metales pesados, propiedades que lo hacen altamente contaminante y que determinan además un acelerado deterioro de la infraestructura petrolera. Para su transporte y refinación requieren de una alta cantidad de energía y emiten un porcentaje mayor de desechos que los crudos livianos. Adicionalmente, su precio en los mercados internacionales es bajo.

Además de los impactos que causaría la ampliación de la frontera petrolera, el proyecto OCP genera daños ambientales y sociales a lo largo de la ruta durante su construcción, y graves riesgos en la etapa de operación. Entre los principales, podemos enumerar los siguientes:

El oleoducto atraviesa por zonas de alta biodiversidad como son los páramos de la cordillera de los Andes o los bosques del noroccidente de la provincia de Pichincha. Afecta además varios ecosistemas que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como la Reserva Antisana, la Reserva Cayambe-Coca, el Bosque Protector Mindo-Nambillo, entre otras.

El trayecto del OCP incluye muchas áreas de producción hídrica, valiosas para la agricultura, la piscicultura y el abastecimiento doméstico. Como un ejemplo, la zona de Papallacta abastece de agua al 60% de la ciudad de Quito (1’500.000 habitantes). En esta misma zona, el antiguo SOTE ha experimentado 24 derrames, lo que la convierte en la zona más riesgosa de todo el trazado.

El riesgo sísmico a lo largo de la ruta es alto. El Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, zona caracterizada por la alta incidencia de eventos sísmicos. Como ejemplo, el terremoto ocurrido en 1987, con epicentro en la zona de El Reventador en la Amazonía ecuatoriana, provocó la muerte de cientos de personas, y la destrucción de infraestructura vial y petrolera.

En la mayor parte de la ruta, los suelos son inestables geológicamente. Las fuertes pendientes que debe atravesar, a causa de sistemas montañosos como la Cordillera de los Andes y otras menores en la Amazonía y la costa, influyen en la fragilidad de los suelos (empieza a 300 metros sobre el nivel del mar, asciende hasta 4.000 metros, en la zona de Papallacta y desciende nuevamente hasta el nivel del mar en Esmeraldas). Adicionalmente, la deforestación y la incidencia cada vez más frecuente del fenómeno del Niño, incrementan los riesgos de fuertes deslizamientos de tierras, lo que provocaría roturas y fugas en el ducto.

La ruta del OCP está influenciada por volcanes activos como el Reventador y el Guagua Pichincha. Este último ha experimentado eventos eruptivos en los últimos años, motivando la declaratoria de alerta amarilla ante la eventualidad de una erupción mayor. Un importante tramo del OCP se encuentra dentro del área de mayor riesgo por erupción del Guagua Pichincha.El oleoducto amenaza importantes áreas urbanas en su trazado. Las más importantes son Lago Agrio, Quito y Esmeraldas.

En Lago Agrio, se propone construir la Estación Amazonas, punto de partida del OCP. Esto implica la construcción de una gran infraestructura de almacenamiento de crudo, y la instalación de maquinarias de bombeo y calentamiento del crudo a 80 grados, lo que genera graves riesgos por contaminación y por contingencias catastróficas. A esto se suma el hecho de que Lago Agrio es actualmente el área más violenta del país, debido a la influencia del Plan Colombia y la consecuente operación de grupos armados colombianos en la zona.

En Quito, el oleoducto atraviesa el norte de la ciudad, en el área de mayor crecimiento urbano de la urbe (Calderón y Pomasqui).

En Esmeraldas, incrementa el riesgo en barrios aledaños a los ríos Teaone y Esmeraldas que ya son afectados por la operación del SOTE y de la Refinería de Esmeraldas.

La cercanía con la frontera colombiana expone al oleoducto a los riesgos de la situación de violencia y guerra desatadas por el Plan Colombia. Esto incrementa las posibilidades de actos de sabotaje en contra del OCP, estrategia que los grupos armados colombianos han usado frecuentemente en la guerra interna de ese país.

Las empresas involucradas

 La construcción del nuevo oleoducto está a cargo del Consorcio OCP, el cual está conformado por varias empresas petroleras transnacionales, además de la constructora Techint. Estas empresas tienen un extenso historial de destrucción ambiental y violación de derechos humanos tanto en el Ecuador como en el mundo entero.

echint (Argentina)Constructora y socia del Consorcio OCPEn enero de 2001 se incendió en tres zonas de la selva de Yunga el gaseoducto que Techint terminó en 1999 en el noroeste de Argentina. El gaseoducto se quebró por las fuertes lluvias y el escape de gas generó un fuego que se mantuvo durante más de día y medio. Enterrado a 3 metros de profundidad las lluvias «lavaron» la tierra. La selva de Yunga es la segunda de mayor biodiversidad del país. En 1998, contra las advertencias de los ecologistas, a los que acusaron de tener una posición política y no ambiental o técnica, Techint y sus socios decidieron atravesar la zona sólo para ahorrarse costos y acortar camino.

Donde la tecnología falló, la empresa intentó ocultar el desastre, porque en su estudio de impacto ambiental no estaban previstas medidas de emergencia para zonas de difícil acceso. La empresa compró a la comunidad sus derechos por 350.000 USD pero hoy la comunidad tiene miedo de «vivir junto a una bomba de tiempo» y engañados porque «dijeron que trabajaban con la última tecnología y con todas las medidas de seguridad, pero llovió un poco fuerte y se prendió fuego la selva.» (IPS/ mv/ mj/enero/01)

En Ecuador Techint construyó el sistema de potabilización de agua de Papallacta y el de la ciudad de Guayaquil (1989). La empresa utilizó materiales defectuosos en Guayaquil, especialmente hierro de mala calidad lo que generó el colapso de los reservorios. Ecapag demandó judicialmente a la empresa Techint por los daños y perjuicios ocasionados. El juez ordenó el respectivo pago de la indemnización, pero una de las salas de la Corte Superior de Justicia revocó el fallo contra esta empresa. (La Hora 27 nov 2000)

Esta empresa es acusada como una de las más corruptoras de AL, y se especula que invierte un 20% de su presupuesto para sobornos (práctica habitual en el mundo petrolero). Trabajadores petroleros han denunciado que las tuberías empleadas para numerosos pozos de Petroecuador fueron compradas a Techint, muchos de estos pozos (algunas versiones hablan de un centenar) se han colapsado por la mala calidad de los tubos. La constructora del OCP fue sancionada por el Ministerio del Ambiente por construir una trocha en Mindo sin autorización. La tecnología es más caduca que de punta.

Alberta Energy Company (Canadá)
Principal accionista del OCP
En la provincia de Neuquén (Argentina) comunidades Mapuches denunciaron a la empresa Alberta en diciembre del 2000 por la grave contaminación de su territorio. La empresa ventea el gas que sale de los pozos y contamina el aire, las explosiones han dañado las casas de la población y las fuentes de agua están contaminadas a tal nivel de gasolina y metales pesados que se necesita traer agua de fuera de la región para consumo humano. Irritaciones en ojos, problemas respiratorios y debilitamiento generalizado, intoxicaciones en niños y adultos, así como muerte de numerosos animales de crianza han sido las consecuencias. La respuesta de la empresa fue militarizar la zona para evitar no la contaminación, sino las protestas. A veces la tecnología de punta adquiere formas insospechadas a punta de fusil.

En Canadá, Alberta y la policía montada, han iniciado una serie de acciones contra los grupos ambientales y las comunidades cristianas que protestan contra la destrucción ambiental en las comunidades. Hythe presenta hoy una de las tasas más altas de neumonía y bronquitis y los reportes señalan que la exposición al gas ha causado efectos persistentes en el comportamiento neurológico, como pérdida de memoria. Se reportan abortos, muertes de animales,… La empresa acusa a las comunidades de eco-terrorismo y reaccionó con el arresto de algunos líderes acusándolos de sabotaje. (Drillbits & Tailings #7)

En Ecuador, Alberta es la nueva dueña de City, posee el Bloque Tarapoa y el Bloque 27. El primero es un claro ejemplo de contaminación permanente e irrecuperable de aguas superficiales y subterráneas. Análisis de la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas refieren que la concentración de hidrocarburos en algunas muestras es 7.500 veces más alta de lo permitido para aguas aptas al consumo humano. Estas aguas son usadas por la población indígena y campesina de la región a la que no se advierte del peligro. La empresa ha desistido de hacer limpieza y compra las tierras a los campesinos, para evitar indemnizarlos, aunque pertenezcan al Patrimonio Forestal.

City programa perforar en tres campos en la Reserva Faunística Cuyabeno, mantiene contratos de trabajos de 12 horas por 3 dólares al día, construyó el oleoducto de Tarapoa a Lago Agrio y para reducir el valor de las indemnizaciones pagó a «relacionadores comunitarios» que estafaron a miembros de las comunidades en el precio de las tierras. Los campesinos han sufrido pérdidas materiales, daños a los cultivos, enfermedades y muerte de animales. En San José de Tarapoa hay un caso de cáncer por cada 100 personas. La Fundación Ñampaz, financiada por la empresa, ha acabado con las organizaciones sociales, como la FOCAN, a cuyos dirigentes cooptó, y a los que no se dejaron los desprestigió. Ha sido acusada de apoyar a candidatos a elecciones cantonales que ganan por fraude electoral. En el 2000 el Procurador Dr. Corral denunció que City no pagó los 19 millones de USD que debe al Estado por transportar su crudo por el SOTE. 

Repsol-YPF (España-Argentina)
Socia del Consorcio OCP
En el 2000 fue la empresa española que más beneficios reportó en un año, más de 3.000 millones de USD. Su dominio minero a nivel mundial alcanza una superficie bruta de 330.000 km. cuadrados (más que la superficie de Ecuador) con una producción total superior a los 791.000 barriles diarios de petróleo y reservas de 3.760 millones de barriles, sin embargo en Ecuador en el 98 y 99 declara pérdidas al SRI para no pagar impuestos y el Estado le exonera de pagar el IVA.

En Bolivia se le ha denunciado porque los estudios de impacto ambiental para el proyecto Eva Eva Sur, Isiboro y Samusabeti contenían graves deficiencias en su contenido y no se realizó la consulta previa a ninguna de las 17 comunidades que afectaba. En su campaña topográfica durante el 2000, dejó sin cancelar los sueldos de los trabajadores y los préstamos por canoas, motores,… y mantuvo una actitud de discriminación entre indígenas.

En Argentina los Mapuches realiza un paro a la REPSOL desde el 19 de junio del 2001 para «impedir que continúe su actividad criminal que avanza hacia el exterminio cultural y físico de las comunidades mapuches Paynemil y Kaxipayiñ». Sus reiteradas denuncias «no han sido suficientes ante un poder económico que con la complicidad del gobierno tiene vía libre para romper, contaminar y envenenar todo un ecosistema que trasciende a la comunidad mapuche a la que se han encontrado elevados niveles en sangre y orina de metales pesados.»

En Ecuador la tecnología de punta de la Repsol no ha impedido que el 80% de la población Huaorani sea portadora de hepatitis, que esta empresa opere en un Parque Nacional y que se afecte a la economía de los ecuatorianos. En el año 2000 el procurador Dr. Corral denunció que esta empresa dejó de pagarle al Estado 71 millones de USD por el transporte de su crudo a través del SOTE. 

ENI (Italia)
Socia del Consorcio OCP
El 14 de octubre del 2000 cerca de 50 jóvenes desarmados de la comunidad de Olugbobiri (Nigeria) fueron atacados por las fuerzas de seguridad de ENI (antes AGIP). Los soldados abrieron fuego mientras los jóvenes se acercaban a visitar una de las estaciones de ENI. Ocho jóvenes fueron asesinados y 20 mal heridos. Esta se suma a otras matanzas efectuadas por ENI en Brass, Okigbene, Fierabaghagbene, Ikebiri Agbere, etc. Más de 29 jóvenes han sido asesinados en el año 2000 y más de 100 en 1999. Por esta razón el Congreso de Jóvenes IJAW declararon como genocidas las operaciones de ENI, demandaron que todas las personas Ijaw que estén trabajando para ENI debían renunciar en solidaridad con los jóvenes masacrados, y que ENI debía salir de su territorio.

En Ecuador ENI, en consorcio con ARCO, tiene acusaciones de impactos ambientales, presión a las comunidades y persecución a líderes de las comunidades del bloque 10 en Pastaza, quien recibió las denuncias fue la empresa ARCO y ENI se mantuvo en la impunidad aunque eran socias en el bloque. Cuando ARCO se va del país y es ENI quien se hace cargo de las operaciones, rechaza hacerse responsable de los pasivos ambientales dejando a las comunidades indígenas con promesas sin efecto.

René Ortiz, quien había actuado como gerente de ENI hasta el día anterior de posesionarse como Ministro de Energía y Minas, firmó el acuerdo de entendimiento con las empresas involucradas en el OCP y otorgó beneficios a la empresa ENI, por ejemplo con el incremento de las tarifas que recibían las empresas comercializadoras, en donde ENI controla un 40%, esto provocó un perjuicio al Estado de 82´000.000 de dólares por año.

Occidental (EEUU)
Socia del Consorcio OCP
La tecnología de punta de la Occidental estalló en Bangladesh en junio de 1997 en un pozo de gas que se llevó por delante 7 casas de un poblado cercano y ardió con llamas de casi 100 metros durante 6 meses. Comenzó la obra sin permiso y dijo desconocer las leyes después de violarlas. Cuando le pusieron una multa de miles de millones de dólares cambió sus acciones con otra empresa petrolera en otro país y nunca pagó un centavo.

En Colombia su tecnología de punta no le ha servido de nada frente a las 760 explosiones que la guerrilla colombiana ha realizado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en 10 años, ni para contener los más de 84 millones de galones de crudo regado, tampoco para evitar transformar la sagrada Laguna del Lipa en un basurero tóxico que ha llevado a los Guaibos al alcoholismo, prostitución, desnutrición y las enfermedades.

Su tecnología también ha sido a punta de fusil para reducir a la comunidad U’wa del departamento colombiano de Boyacá, apoderarse de parte de su territorio sagrado, expropiar, militarizar y perforar pozos violando la constitución colombiana que obliga, como aquí, a consultar a las comunidades la presencia o no de la actividad extractiva.

En Ecuador su tecnología le permitió estafarle al país los campos de Eden -Yuturi que siendo de Petroecuador le fueron entregados por Manuel Echevarría, gerente de Petroecuador antes de serlo de Oxy y hoy «flamante» funcionario de la empresa OCP después de montar su propia empresa de limpieza de derrames. En Eden-Yuturi (1996), como en Lipa, construyó una carretera que ocasionaría un desastre ecológico al no poner alcantarillas en los esteros. A esta misma comunidad de Edén le expropió sus tierras después de 4 años de engaños.

Ha sido acusada de pagar a niños indígenas por la limpieza de derrames sin facilitarles protección, de negarse a facilitar información de los químicos con los que contamina, de contaminar las aguas de los Secoyas con hidrocarburos 223 veces por encima de lo permitido, de los derrames de 36.800 galones de crudo en Shushufindi en 1995, de la pérdida de un cargamento de químicos en la selva al caerse del helicóptero, de numerosos derrames como el del río Jivino en 1993,… 

Kerr McGee (EEUU)
Socia del Consorcio OCP
Kerr McGee tiene operaciones en diferentes partes del mundo, entre las que están Indonesia, consideradas entre las operaciones más sucias. En Ecuador Kerr McGee compró a ORYX que operaba los Bloques 7 y 21 en las Provincias de Orellana y Napo. En el campo Jaguar de Kerr McGee la estación vierte sus desechos tóxicos en el río Manguilla y otros son enterrados en sus orillas. Los indígenas manifiestan que «los cultivos de las orillas ya no dan», que se les muere el ganado. En los campos Lobo y Gacela la población campesina denuncia lo mismo por la rudimentaria tecnología de la empresa que no es de punta, sino que pone los pelos de punta. En Flor de Manduro, del campo Gacela, tras análisis de agua de los ríos en las que se detectaron altos contenidos de hidrocarburos la empresa construyó un pozo de agua a la comunidad y los niveles de contaminación del agua del pozo fueron más altos que los del río. 

Perez Companc (Argentina)
Socia del Consorcio OCP
La empresa se constituyó como un grupo económico importante durante los años de la dictadura de Argentina. Es una empresa que se ha expandido hacia América Latina. Opera en Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador, en todos estos países ha enfrentado duras críticas ambientales. Es una empresa de la que se ha dicho que no le importan las críticas ambientales. En Ecuador opera en territorio Huaorani y Parque Nacional Yasuní. Su «buena práctica» le hace responsable, junto a otras empresas, de la trágica situación de salud del pueblo Huaorani.