Decretos Ejecutivos y violencia minera, claves de una política nefasta

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Acción Ecológica Opina

La política minera arranca el año 2023 con la pretensión del gobierno de imponer a sangre y fuego un plan de seguridad a 11 proyectos mineros a los que declara Áreas Reservadas de Seguridad, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en esos territorios. Esta decisión se aplicaría, nuevamente, vía decreto ejecutivo.

La política minera del gobierno de Lasso ha estado regida por el Plan de Acción para el desarrollo del sector minero. Para ello, ha emitido varios Decretos Ejecutivos que responden al objetivo de crear un marco jurídico que da excesivas garantías a las inversiones de las empresas mineras, permitiéndoles recurrir a tribunales internacionales de arbitraje para interponer demandas en respuesta a regulaciones ambientales o de protección a los derechos de pueblos, comunas y comunidades, o cuando los conflictos sociales llegan a un nivel que impide las operaciones mineras.

Por ejemplo, se emitió el Decreto Ejecutivo 122 (de 16 de julio de 2021) que dispuso el regreso del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, cuyos laudos generalmente fallan a favor de las empresas transnacionales e imponen pagos multimillonarios sobre los Estados.

El 18 de agosto de 2021 se publica el Decreto Ejecutivo 165, en virtud del cual se aprueba el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación, que va en el mismo sentido de comprometer garantías jurídicas en favor de las inversiones mineras.

El Plan de Acción para el desarrollo del sector minero facilita las demandas de las empresas mineras ante tribunales de arbitraje internacionales, como fue la demanda de CODELCO contra el Estado ecuatoriano el 24 de diciembre de 2021, presentada ante el CIADI al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Chile. Este proceso, temporalmente suspendido, da paso a una serie de “negociaciones y conversaciones amistosas” en las que el Estado ecuatoriano debe garantizar condiciones de operación para la inversión minera de la empresa chilena.

En este contexto, las comunidades de Íntag afectadas por CODELCO, han expresado su rechazo al proyecto Llurimagua y han presentado una acción de protección con la finalidad de lograr su suspensión, en razón de las afectaciones a las especies endémicas de la zona, la contaminación de los ríos, el desplazamiento de comunidades, y los daños a las actividades económicas locales.  Por su parte la compañía minera china Junefield Gold Investments Limited presentó una demanda contra el Ecuador ante un tribunal ad hoc sobre el proyecto minero Río Blanco en Molleturo -provincia del Azuay-, luego de la suspensión de sus operaciones por orden judicial debido al incumplimiento de la consulta previa, libre e informada. La empresa reclama al Estado ecuatoriano la cantidad de 480 millones de dólares.

Siguiendo la línea de impulsar la política minera vía decretos ejecutivos, está el Decreto Ejecutivo 151 (del 5 de agosto de 2021), que incluye el despliegue de la fuerza represiva en contra de la población local para resguardar a las empresas mineras frente al rechazo de las comunidades y la población en general, como lo expresado en las urnas en consultas populares a nivel nacional (febrero de 2018) y a nivel local (Girón, en 2019), así como las consultas ciudadanas (Kimsacocha, en julio de 2014), Pacto (abril de 2015), y la consulta en curso en el cantón Quito.

Se impone un modelo de gestión que da el tratamiento de urgente a la entrega de permisos, autorizaciones, licencias; que desmantela los controles ambientales y de uso de agua para el sector minero; que renuncia a las obligaciones de proteger el agua de la contaminación y a que se respete la prelación en el uso del agua (consumo humano, riego para soberanía alimentaria, caudal ecológico, por sobre otras actividades productivas) en nombre de la eficiencia y dar satisfacción a las demandas de agua de las empresas.

El Decreto Ejecutivo 468 ordena que no se aprueben nuevos permisos mineros en territorios indígenas y áreas protegidas, algo que consta en la Constitución, pero por otro lado exceptúa aquellos proyectos que ya tenían un acuerdo previo, con lo cual legaliza actos inconstitucionales ya ejecutados en esas zonas de excepción.

Los proyectos mineros se imponen de manera inconstitucional e ilegítima, contrariando la voluntad de las comunidades afectadas, sin cumplir las respectivas consultas previas, libres e informadas, y las consultas ambientales, y desacatando la voluntad popular expresada en las consultas populares realizadas.

Sobre la mayoría de estos proyectos existen informes de Contraloría y sentencias judiciales que evidencian la inconstitucionalidad e ilegalidad de sus operaciones, sin embargo, el gobierno continúa actuando al margen de la Constitución y las leyes.

Una de las demandas de la movilización nacional de junio de 2022 fue la inconformidad popular frente a la política extractivista minera y petrolera. En las mesas de diálogo que se instalaron después del paro, las demandas y acuerdos alcanzados frente al problema minero fueron: la moratoria a los proyectos mineros, la no apertura del catastro minero, la reparación integral de los territorios afectados. Pero en lugar de cumplir con estos compromisos, el gobierno anuncia la ocupación militar en los territorios.

Claramente el Estado apunta a un doble juego, pues mientras anuncia la creación de estas Áreas Reservadas de Seguridad que implican inversión económica y el despliegue de fuerzas de seguridad, todo el país está sometido al avance de la minería de oro en los territorios, causando impactos como deforestación, modificación del relieve, progresivos hundimientos de la superficie, alteración de la dinámica fluvial, descarga sin tratamiento de aguas negras, contaminación de agua con sedimentos como mercurio y cianuro, acidificación del agua por el drenaje ácido de la mina, pérdida de hábitats (Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030, elaborado por el Ministerio de Energía y Recursos naturales no renovables, pág 113).[1]

En el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030 se identifican estos puntos de minería ilegal en el país: en Macas 7 puntos críticos; en Machala 10 puntos; en Ibarra 13 puntos; en Guayas 18 puntos; en Cuenca 26 puntos; en Zamora 5 puntos; en Riobamba 5 puntos; en Tena 1 punto; en Napo 8 puntos; en Orellana dos puntos; en Pichincha 13 puntos; en Loja 3 puntos. (págs 109-112). Es decir 111 frentes en los que se extrae oro plenamente identificados para el 2020, los cuales persisten y han aumentado para el 2023, sin que el Estado haya desarrollado una política de protección de la naturaleza y las comunidades y sin que haya diseñado un plan de trazabilidad del oro para que el Estado deje de comprar y exportar oro ilegal. Según una investigación de la organización internacional Insight Crime, al menos el 70% del oro que exporta Ecuador sería de origen ilegal.

Por ejemplo, en la ciudad de Zaruma fue denunciado en diciembre un nuevo socavón que se añade a las detonaciones bajo las casas que no han parado durante el 2022, mientras las medidas que se intentaron tomar fueron boicoteadas por las empresas mineras “legales”. En ríos de la provincia de Napo, como es el caso de Yutzupino, videos que se viralizan en las redes sociales dan cuenta de gran cantidad de maquinaria que destruye las orillas y lechos. En la comunidad de Buenos Aires, en Imbabura, los frentes mineros regresaron al mismo tiempo que ingresó la empresa Hanrine y la policía y el ejercito presentes resguardan el tránsito del material mineralizado ilegal. En Río Blanco, Azuay, las comunas denuncian ataques y amedrentamientos de la narcominería. En San Lorenzo, Esmeraldas, las comunidades afrodescendientes ven desaparecer el bosque del Chocó a manos de las grandes maquinarias que destrozan los ríos Cayapas y Santiago en busca de oro. En todos estos casos, mineros invaden los territorios sin ningún control y el Estado opta por no ver, no saber, no actuar.

Mientras exista injusticia ambiental, social y económica, los conflictos continuarán. La represión no resuelve la injusticia, al contrario, va a exacerbar y agravar la conflictividad social. Tampoco esta se resuelve con decretos que protegen las inversiones mineras, sino con observancia y respeto a los derechos y las demandas de las comunidades y las organizaciones que las representan.

9 de enero de 2023

[1] https://ciarglobal.com/minera-china-junefield-demanda-en-arbitraje-a-ecuador-en-medio-de-denuncias/

[1] https://recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2020/10/Plan-Nacional-de-Desarrollo-del-Sector-Minero-2020-2030.pdf

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