Serie TLC con China No. 3:  Más impunidad…más deuda ecológica

ACCIÓN ECOLÓGICA OPINA

A propósito de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio – TLC – entre Ecuador con China que se pretende avanzar en el marco de la Cumbre Empresarial China, LAC – Latinoamérica y el Caribe – 2022 que se lleva a cabo en Guayaquil, vale recordar la deuda social y ecológica que tienen las empresas Chinas con nuestro país.

Firmar un TLC con China ofrecería enormes garantías a los inversionistas de ese país sobre los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.

Esto ya viene sucediendo desde el 2010, cuando China otorgó al Ecuador el primer crédito por USD 1700 millones para construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Desde entonces, hasta el 2019, el país ha recibido créditos de China por alrededor de USD 12000 millones, lo que abrió la puerta para el ingreso de sus empresas interesadas principalmente en la construcción de proyectos de embalses e hidroeléctricas, y explotación de petróleo y minería.  

El Ecuador tiene vigentes más de 20 contratos de crédito suscritos con el Eximbank de China, el Banco de China y el Banco de Desarrollo de China entre 2010 y 2019. Estos créditos están atados a la contratación de empresas y mano de obra de este país y al pago anticipado y venta de petróleo a China. Es así que actualmente más del 80% del petróleo exportable se vende al país asiático.

El reciente estudio Deuda Socioecológica de China con la Naturaleza y con los Pueblos del Ecuador (1) demuestra los graves impactos sociales, ambientales y a la naturaleza que estos proyectos han generado durante estos años, basados en el irrespeto hacia los pueblos y las comunidades y en prácticas depredadoras de la naturaleza.

EN BUSCA DE PETRÓLEO

Las empresas chinas, como las norteamericanas o europeas, han irrumpido en la Amazonía ecuatoriana en busca de petróleo. 

Las empresas China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (SINOPEC) y sus subsidiarias – que cuentan con capitales privados y relaciones financieras y comerciales que incluyen a entidades privadas de Estados Unidos – han tenido acceso a campos y bloques con reservas de millones de barriles de petróleo, localizados en el Parque Nacional Yasuní y en el área de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane.

Petrochina S.A. opera también en las mismas zonas frágiles, y en territorio de la nacionalidad Waorani y de comunidades campesinas, dentro de los bloques 14 y 17. Andes Petroleum, por su parte, opera el bloque 62, afectando parte de la Reserva Faunística Cuyabeno, territorio del pueblo Siekopai.

Las actividades de exploración, explotación y transporte de petróleo en estas áreas que son hogar de pueblos indígenas y comunidades campesinas, constituyen escenarios de conflictividad y violencia, por la afectación a sus espacios de vida, fuentes de agua, recolección y cultivo, y sitios sagrados.

Estas actividades han causado la deforestación del bosque amazónico en el Cantón Cuyabeno (donde 263 Km de bosques fueron intervenidos por Andes Petroleum), y en el área de amortiguamiento y zona intangible del Parque Nacional Yasuní; por la apertura de caminos e instalación de infraestructura. Además se ha contaminado el aire, agua y suelo, afectando la salud y alimentación de las poblaciones y la destrucción de la biodiversidad de flora y fauna, en uno de los lugares más biodiversos del planeta.

INICIA LA EXPLOTACIÓN DE MINERÍA INDUSTRIAL

China inició en 2012 la explotación minera industrial en el país con el proyecto Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor en la Amazonía bajo el control de la empresa Ecuacorriente S.A., subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd. (conformado por China Railway Construction Corporation Limited y Tongling Nonferrous Metals Group) a partir de la compra de acciones a la empresa canadiense Corriente Resources.  Esta adquisición incluyó los proyectos mineros San Carlos-Panantza, contiguo a Mirador, hidroeléctrica Santa Cruz y empresa Puerto Cobre, para la transportación mineral por el océano Pacífico.

El proyecto Mirador comenzó a explotar la mina en julio de 2019 con una proyección de cerca de 350000 toneladas anuales de concentrado de cobre (2).  Del material que se remueve en una mina, solo el 2% es exportable, el resto son desechos tóxicos que son depositados en relaveras, en el caso de Mirador se advierte del peligro inminente de que éstas colapsen y generen una catástrofe con impactos transfronterizos.  Para producir una tonelada de cobre se contamina alrededor de 170 000 litros de agua.

La intervención de Ecuacorriente ha estado rodeada de conflictividad social y de violencia, contexto en el que se produjo en 2014 el asesinato impune de José Tendetza, presidente de la comunidad shuar Yanúa Kim – ubicada en la zona de influencia del proyecto –  quién estaba opuesto a la minería.  Así mismo, cerca de 40 familias de la comunidad indígena shuar Cascomi en la Parroquia de Tundayme fueron desalojadas violentamente, para las construcciones y operaciones de la empresa.

La construcción del proyecto afectó la conectividad entre áreas protegidas de los dieciséis ecosistemas de la Cordillera del Cóndor. Destruyó o puso en riesgo hábitats suigéneris de flora y aves endémicas, deforestó bosques y destruyó suelos, 227 nacimientos y fuentes de agua se convirtieron en área concesionada, se contaminaron y desviaron ríos. Esto ha generado la pérdida de usos tradicionales del bosque y los ríos por acaparamiento territorial, cambios culturales y alimenticios, enfermedades en la piel por contaminación del agua, fragmentación del territorio indígena, desplazamiento y criminalización a defensores y defensoras de derechos.

Algo similar sucedió con la intervención de la empresa Junefield-Ecuagoldmining South America S.A. y sus concesiones en el proyecto Río Blanco de explotación minera, localizada en el Bosque Protector Molleturo-Mollepongo, Provincia de Azuay. Se trata del “macizo del Cajas”, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas (declarado como humedal Ramsar y Reserva de la biósfera).

La intervención de esta empresa ha supuesto afectaciones al páramo y su capacidad de generación de agua, secamiento del humedal Cruz Loma, del Río Blanco y otros cuerpos de agua.  Debido a ello, las comunidades han quedado desabastecidas de agua para uso humano y actividades agrícolas. Frente a la resistencia de las comunidades han habido apresamientos y criminalización de sus miembros.

Amparados en un Tratado de Protección de Inversiones Ecuador-China, la minera Junefield interpuso este año una demanda arbitral internacional contra el Estado por 480 millones de dólares, por la expulsión y suspensión de trabajos debidos a la defensa de los territorios y a una orden judicial que establece que las comunidades afectadas no fueron consultadas (3).

GRAVES IMPACTOS DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

En la última década, un 50% de los préstamos chinos a Ecuador se destinaron a siete proyecto hidroeléctricos: Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, Minas San Francisco, Delsitanisagua, Sopladora, Quijos y Mazar-Dudas, con una inversión directa de cerca de 6.000 millones de dólares.

La construcción de hidroeléctricas ha estado plagada de denuncias sobre maltratos laborales y condiciones deficientes de salubridad y seguridad por parte de las empresas chinas, como el caso de la China Internacional Water & Electric Corp (CWE) a cargo de la construcción del proyecto Toachi-Pilatón (4).

El caso de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair es paradigmático. 

La obra fue construida por la empresa Sinohydro para producir 1.500 MW, a un costo de 3.216 millones de dólares provenientes de dos préstamos del EXIMBANK de China y el aporte de recursos fiscales.

Esta es la hidroeléctrica más grande del país, y de mayor capacidad instalada en la cuenca andina amazónica, se ubica en las provincias de Napo y Sucumbíos donde habitan comunidades campesinas y kichwa, cuyas vidas y sistemas productivos dependen de los bosques y ríos circundantes.  Esta zona, conocida como el Alto Coca, se caracteriza por su alta pluviosidad y sensibilidad geomorfológica; un 80% de la subcuenca del río Coca está constituida por zonas de bosque que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – Reserva Cayambe Coca, Reserva Ecológica Antisana, Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, Bosque Protector La Cascada, Bosque Protector del Río Tigre”. Es una zona de alta sismicidad.

Estas áreas han sido afectadas por la apertura de vías y otras infraestructuras durante la construcción de la hidroeléctrica. Durante este período murieron o resultaron heridos obreros por inundación y colapso de uno de los túneles, y más tarde dos campesinos murieron por inundaciones generadas por la hidroeléctrica.

Desde que inició su operación, en 2016, la hidroeléctrica presentó problemas adjudicados a fallas de construcción – más de 7000 fisuras en la maquinaria de la presa y otros daños – procesos encadenados de sedimentación acumulada, hundimientos de tierra y erosión, que sería una de las causas que aceleró el proceso de erosión regresiva, la misma que provocó en el 2020 la desaparición de la cascada San Rafael, la más alta y una de las más bellas del Ecuador.

La erosión regresiva causó además la rotura de tuberías del Sistema de Olecoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportan el crudo amazónico a los puertos de exportación, y la destrucción de la carretera que une la Amazonía Norte con el resto del país.  El derrame petrolero provocado en los ríos Coca, Napo y sus afluentes afectó a más de 150 comunidades indígenas y campesinas de Napo, Orellana y Sucumbíos (110.000 personas) que sufrieron la pérdida de agua y alimentos, además de la afectación a la fauna que albergan.

El aumento de la erosión regresiva del río Coca pone en riesgo de desaparición a varios poblados y el colapso de la misma infraestructura hidroeléctrica.

Estos ejemplos de la deuda social y ecológica de China con el Ecuador evidencian violación de los derechos humanos, violencia y criminalización de personas defensoras de derechos, pueblos afectados o desplazados, explotación en áreas protegidas, bosques deforestados, desvío de ríos, contaminación, pérdida de biodiversidad, vulneración de los derechos de la naturaleza, desaparición del patrimonio cultural y espiritual de los pueblos.

¡Estos hechos han quedado en la impunidad!

¿Es eso lo que queremos que se profundice con la firma del TLC con China?

https://www.accionecologica.org/xi-jinping-en-ecuador-entrega-2-xi-jinping-viene-prepara-t

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