Victor Guaillas, Defensor del Territorio y la Naturaleza

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El asesinato de Víctor Guaillas el 13 de noviembre de 2021 en la Penitenciaria del Litoral, en medio de la crisis carcelaria, nos lleva a una profunda reflexión sobre la dramática vulnerabilidad que viven las personas que defienden los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en nuestro país, pues son expuestas a la criminalización que no sólo intimida y reprime, sino que además judicializa sus acciones de protesta para evitar que se destruyan las fuentes que sostienen la vida.

Victor Guaillas, Defensor del Territorio y la Naturaleza

No puede haber criminalización por el ejercicio de defensa de la naturaleza y la protesta social, porque la defensa de la naturaleza es una obligación establecida en la Constitución, y la protesta social es un derecho.

Víctor Guaillas, don Víctor, fue recluido en una cárcel sobre la que el Estado no tiene ningún control, y en la que no pudo otorgar garantías para la protección de su vida.

La provincia del Azuay, donde vivía Víctor Guaillas con su familia, ha sido convertida en una cuadrícula del catastro minero; en su territorio se han entregado concesiones para exploración y explotación de minería metálica desde hace mas de 20 años. En múltiples ocasiones la población se ha expresado en defensa del agua y en rechazo a la minería, siendo un ejemplo destacado la consulta popular de febrero de 2021, en la que más del 80% de la población de Cuenca votó a favor de prohibir la minería en el cantón, lo que permitirá proteger los páramos y fuentes de agua de la zona.

Lo más grave de este conflicto lo han vivido las poblaciones rurales que han tenido que enfrentar los impactos ambientales y sociales de las nuevas actividades de explotación minera en el Azuay, como es el caso del proyecto Río Blanco. Aquí, inició la fase de explotación en el año 2016 bajo el control de distintas transnacionales mineras, y actualmente en manos de Ecuagold Mining Corporation, subsidiaria de la empresa china Junefield.

Las comunas de la parroquia de Molleturo que han sostenido la defensa del agua y del páramo, denunciaron que no se realizó la consulta previa, libre e informada y asumieron un liderazgo en el proceso hacia la consulta popular. En este contexto, las comunas San Felipe de Molleturo y San Pedro de Yumate han tenido un papel preponderante.

Víctor Guaillas, campesino integrante de la comuna San Pedro de Yumate, fue un activo defensor del páramo y del agua. Su detención se dio en medio de las denuncias contra la empresa Ecuagold Mining Corporation por la contaminación y las violaciones a los derechos humanos y comunitarios provocadas por esta minera. Estos impactos habían provocado un nivel de conflictividad social muy alto, que se expresó en el contexto de las movilizaciones nacionales de octubre del 2019.

En el Ecuador, pese a ser signatario de todos los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos y colectivos, y que su Constitución establece los derechos de la naturaleza, se profundiza la lógica extractivista, y esto acrecienta el hostigamiento a las personas defensoras de los derechos sociales y de la naturaleza.

Cada vez más, la exigibilidad de derechos en los territorios es respondida por las empresas con la criminalización a comunas y a personas defensoras de derechos.

Al momento existe en la Asamblea Nacional una solicitud de amnistía para más de 500 defensores y defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

En el proceso legal contra Víctor Guaillas se cometió una serie de arbitrariedades e ilegalidades. Un año después de la audiencia de juzgamiento y la resolución condenatoria, no se había emitido la sentencia por escrito, por lo que Don Víctor permaneció con prisión preventiva por más de un año, de manera ilegal. Esto llevó a sus abogados a plantear un habeas corpus que fue negado en dos ocasiones. Posteriormente, la defensa técnica presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero ésta fue inadmitida, con lo que se agotaron todas las instancias internas frente a la prisión preventiva ilegalmente ejecutada, y concretando la violación de derechos de Víctor Guaillas como resultado del sistema de justicia del Estado.

Todo el aparataje de justicia actuó contra un campesino que optó por ser parte de un proceso comunitario para la defensa de los derechos relacionados con el cuidado de la vida.

Este sistema único de sanción vigente, sin ninguna proporcionalidad ni capacidad de rehabilitación, ha permitido en este caso la muerte de personas que o no eran culpables o estaban en proceso de probar su inocencia, pues muchos de ellos ni siquiera tenían sentencia. Lo que se está formando en estas cárceles son verdaderos pabellones de la muerte por cualquier tipo de sentencia.

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